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En pleno inicio de campañas políticas para las elecciones de junio se incrementaron los ataques del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra el Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta a la emisión de sus lineamientos para evitar la sobrerrepresentación de los partidos políticos en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y por la cancelación de la candidatura para gobernador de Guerrero del morenista Félix Salgado Macedonio. El asunto ha llegado a tal punto, que los morenistas amenazaron con desaparecer a dicho instituto autónomo. Frente a tal amenaza (que conforma una campaña de acoso que el Presidente de la República emprendió desde hace tiempo contra tal institución) es relevante explicar cómo se ha llegado a la creación del INE y porqué es importante que siga existiendo.
Desde la Constitución de 1917, se contemplaron instituciones encargadas de organizar y calificar los procesos electorales para elegir Presidente de la República y legisladores federales. Posteriormente, en 1946, se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE), conformada por el Secretario de Gobernación, otro miembro del gabinete del Ejecutivo Federal, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos más relevantes. En 1973, este órgano desapareció y, en su lugar se creó la Comisión Federal Electoral (CFE), cuya única novedad consistió en la participación con voz y voto de los representantes de todos los partidos políticos con registro y no solo los dos más importantes; pero seguía encabezada por el Secretario de Gobernación, que fue (y es) un funcionario nombrado por el Presidente de la República y subordinado a él, lo cual permitía que éste interviniera en la CFE para favorecer a su partido político. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) a propósito de la famosa “caída del sistema” en 1988, conocido como “fraude del 88”; y no fue sino hasta 1996 cuando, en el Artículo 41° constitucional, se estableció que el IFE se convertiría en un órgano con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios; entonces se establecieron las bases para que la elección de sus integrantes estuviera a cargo del Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, y se eliminó por completo la participación del Poder Ejecutivo en tal institución. Finalmente, con la reforma político-electoral de 2014, el IFE fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), que es un organismo constitucionalmente autónomo, conformado por 11 consejeros electorales (entre ellos un Consejero-Presidente) elegidos por la Cámara de Diputados; es el encargado de organizar y fiscalizar las elecciones federales (Presidente de la República, senadores y diputados), así como de coordinar, con los organismos electorales estatales, las elecciones locales.
Los cambios que se han hecho a este organismo han sido para procurar la imparcialidad en su labor como árbitro electoral y, después de 71 años de gobiernos priistas, han permitido la alternancia política. En el año 2000 y en 2006, llegó a la Presidencia de la República el Partido Acción Nacional y en 2018 Morena, así como previamente lo hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esos procesos electorales, el INE sancionó a estos presidentes en funciones por infringir las disposiciones electorales en materia de propaganda gubernamental. La actual configuración y la autonomía actual del INE ha sido difícil, pero este logro ha permitido que hoy existan más condiciones para garantizar el respeto a la voluntad de los electores y evitar que, como antes, el partido gobernante use el poder y dinero públicos para imponerse y ganar elecciones a pesar de no resolver las necesidades apremiantes de la gente y los graves problemas nacionales.
Frente a estos antecedentes, ¿Cómo explicar que Morena, que antes exigía a gritos que se respetaran las leyes y las instituciones, pretenda desaparecer al INE cuando éste fue importante para su llegada al poder? La respuesta es que sus dirigentes y sus cuadros no son los transformadores que dicen ser; que forman un partido político más y que el discurso, con el que se ostentan como defensores de la gente es solo demagogia porque, en los hechos, la perjudican con sus políticas y reformas. Son políticos que presumen defender la democracia en tanto ésta no perjudique sus intereses y ambiciones de poder. Seamos claros: el Presidente y Morena pretenden desaparecer al INE porque quieren hacerle como antes; esto es, usar el poder de la nación para imponer sus decisiones, aun contra la opinión y en perjuicio del bienestar de millones de mexicanos. Por ello quieren fuera al árbitro electoral, porque lo ven como un obstáculo para que el Presidente logre hacerse del poder absoluto. Pero el hecho de que el INE no le convenga al Presidente y a Morena, no significa que no sea bueno para México.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el INE y el Gobierno Federal deben garantizar la celebración de elecciones limpias y alejadas de interferencias de funcionarios del gobierno y del crimen organizado.
Para facilitar la escritura de los números de las candidaturas preferidas, se aprobó ampliar en forma de rectángulo los cuadros donde se escriben los números.
Para observar el voto de los mexicanos en el exterior, el día de las elecciones, la MOE estará presente en las 32 entidades federativas de México.
El periodo de registro será del 2 de enero al 15 de marzo de 2025, de acuerdo con la convocatoria.
El expresidente de EE. UU., Donald Trump, fue imputado por "falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas".
En este encuentro los candidatos expondrán y defenderán su visión para la Ciudad de México.
En AL se pretende crear la percepción de que la gestión de 16 años de la mandataria fue de prosperidad ininterrumpida. Sin embargo, sus cuatro gobiernos fueron de claroscuros para Alemania y la UE. Es decir, su balance, resulta desigual.
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A nada de terminar el gobierno del presidente Sebastián Piñera, éste acusa a sus conciudadanos y a la oposición por el clima de crispación, cuando para muchos su presidencia ya es irrelevante y en el Parlamento hay medidas para destituirlo.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.