Al final de su gestión, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, está arrinconado por una acusación constitucional por evasión fiscal y tráfico de influencias, hechos implicados en el escándalo generado por los llamados Papeles de Pandora. Esto coincide con el segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, cuando Piñera fue exhibido ante el mundo como un representante de las élites sociales chilenas y un represor de las clases inconformes, en particular de los indígenas mapuches.

Los últimos meses de gobierno de Sebastián Piñera son los más complejos de su polémica presidencia. Atribulado, el presidente acusa a sus conciudadanos y a la oposición por el clima de crispación, cuando nadie en Chile cree que aún controle la agenda del gobierno. Para muchos su presidencia ya es irrelevante y en el Parlamento hay medidas para destituirlo.

Tal es el escenario a tres semanas del 21 de noviembre, día de la elección presidencial, y a dos años de las masivas protestas por el abusivo trato contra los chilenos en el gobierno del empresario-presidente.

Esa protesta masiva evidenció la enorme brecha de desigualdad que auspició el modelo chileno, aplaudido por décadas desde el capitalismo corporativo. El mundo vio a miles de personas exigir el cambio de modelo y mostrar la falacia del discurso de estabilidad política, prosperidad y progreso social.

Esta indignación masiva en Santiago, que tomó como bastión la Plaza Italia y la bautizó Plaza de la Dignidad, posibilitó la apertura a un nuevo ciclo en la vida política chilena; y favoreció un acuerdo transversal entre las fuerzas políticas para iniciar el inédito proceso constituyente que reemplaza la Constitución de la dictadura, citan los politólogos Cristóbal Bywaters y Daniela Sepúlveda.

Pese a ese logro, el gobierno ha sido incapaz de cumplir las expectativas de bienestar y seguridad de su población. La pandemia por SARS-COV2 ocasionó duras pérdidas de vidas y secuelas de la parálisis económica traducida en la inflación, que agravó aun más la situación de los sectores más precarios, y llevó al Banco Central a tomar medidas inéditas.

En el fondo subyace otra realidad ineludible: que toda visión a futuro en Chile tropieza siempre con la abusiva ideología de la derecha hiperclasista que controla la agenda del Palacio de La Moneda. De ahí la importancia de la elección, donde se disputan la presidencia candidatos como Gabriel Boric, de la alianza Frente Amplio-Partido Comunista y José Antonio Kast, de la extrema derecha.

Caja de Pandora

Hoy, las élites chilenas, en elemental autodefensa, intentan diluir el gran escándalo político que causó la filtración de los llamados Papeles de Pandora, y puso contra las cuerdas al presidente Piñera.

Esos documentos y archivos, filtrados por fuentes anónimas al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), provenientes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, fueron difundidos en Chile por los medios LaBot y Ciper.

Ahí se lee que, en 2010, Sebastián Piñera vendió sus acciones del megaproyecto minero Dominga al empresario y amigo Carlos Délano por 152 millones de dólares (mdd). Se establece que el tercer y último pago se haría “siempre y cuando” el mandatario no declarase reserva natural la zona de la mina.

En 2011, al confirmarse que la zona Dominga no sería de protección ambiental, Délano hizo el pago conforme al acuerdo suscrito en Islas Vírgenes Británicas mediante una empresa pantalla. En 2017, el exlegislador comunista Hugo Gutiérrez denunció en tribunales los detalles de esa maniobra al iniciar el segundo mandato de Piñera; pero un juez absolvió al presidente y la Corte Suprema ratificó ese fallo.

Hoy, con base en los Papeles de Pandora, el portal LaBot muestra que, en 2010 cuando Piñera llevaba nueve meses en el cargo, su familia era la mayor accionista de Dominga. Y que la transacción de Carlos Alberto Délano para comprar la participación de Piñera en la mina fue por 152 mdd.

Hay dos novedades más en la controversia del megaproyecto minero Dominga: uno, el presunto rol ilegal del presidente al impulsar la operación de esa mina y, otro, que lo hizo a pesar de la proximidad del archipiélago Humboldt. Y es que a solo 30 kilómetros está el santuario del 80 por ciento mundial del pingüino Humboldt, especie en extinción, así como de ballenas y nutrias.

El plan de mina a cielo abierto, valuado en dos mil 500 mdd, prevé extraer 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150 mil de cobre durante 22 años. Además, contempla construir la comuna La Higuera a 16 kilómetros, un puerto para exportación y una desalinizadora.

Con esos antecedentes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, instruyó a la Unidad Anticorrupción para estudiar a profundidad la información que arrojan los llamados Papeles de Pandora relacionados con ese caso. La fiscalía encontró que en el juicio previo no hubo investigación, pues no se accedió al preacuerdo comercial original sino a una copia traducida al castellano.

De ahí que la directora Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, considere el documento como nuevo antecedente. A partir de ése y otros nuevos elementos, se ordenó investigar a Sebastián Piñera por presuntos delitos tributarios, cohecho y soborno.

Este proyecto fue aprobado el pasado 12 de agosto, por presión de la empresa Andes Iron, que apeló la decisión judicial. La comisión ambiental de Coquimbo autorizó su operación a pesar de que comprometerá la biodiversidad de la zona. Ello confirma que, en el gobierno de Piñera, el interés privado domina sobre el público.

Lejos del ideal de estadista que requiere su país, el afán de lucro de Sebastián Piñera se constata en otro negocio más: el Proyecto Imán. A mediados de 2019, la familia Piñera Morel invirtió en ese proyecto minero de hierro y escandio en Vallenar, por el que pagó 13 mdd al ingeniero civil en minas Arnaldo del Campo, reveló el diario Ciper.

En ese tiempo, Del Campo fungía como representante del presidente Piñera en el directorio de Enami, la empresa estatal de fomento a la pequeña y mediana minería. De modo que, como ejercía un cargo público, fue indebida su transacción con el mandatario.

Por esas irregularidades, un sector de legisladores amaga con juicio político para destituir al presidente. Un primer paso busca inhabilitarlo de toda función pública antes de la elección del 21 de noviembre; así no podría concluir su gestión en marzo de 2022 y sería una medida sin precedentes desde 1990.

Consciente de que deberá rendir cuentas ante tribunales, Piñera afirmó que es “difícil de comprender” esa investigación. Dos horas después declaró a la prensa que esa causa ya fue juzgada y se determinó su inocencia “en forma consistente y unánime”.

Nueva sublevación

El malestar social contra el presidente chileno se agudizó con esa información; de ahí que, en la conmemoración de los dos años de la sublevación civil del 18 de octubre de 2019, los chilenos volvieron a tomar las calles en ciudades de todo el país. Con esas marchas –en su mayoría pacíficas– exigieron cambios estructurales en salud, pensiones y educación; pero encontraron la represión de la fuerza pública, que dejó al menos dos muertos y el arresto de 450 manifestantes.

El Ministerio del Interior y Seguridad incluso aseguró: “estamos en presencia de delincuentes” que no representan a todos los chilenos, tras el abrumador despliegue de 19 mil carabineros y tres mil policías”.

Menos visible, pero más violenta, es la confrontación en la Araucanía y Biobío que han mantenido los sucesivos huéspedes de La Moneda, desde el principio de la dictadura de Augusto Pinochet hasta ahora.

Ese añejo conflicto del poder central con los mapuches refrenda la mentalidad colonialista y discriminatoria del Estado chileno, sostiene el antropólogo José Bengoa. Los mapuches pelean desde hace décadas por contener sus tierras ancestrales, que llaman Wallmapu; pues cada día sufren el creciente acoso de empresas madereras, inmobiliarias y turísticas sin que el gobierno los respalde.

Al comienzo de la gestión de Piñera hubo un intento de diálogo, pero se rompió en 2018 tras el homicidio, a manos de la policía, del joven mapuche Camilo Castrillanca. Es difícil un reinicio de conversaciones luego de que Piñera eligió el icónico Día de la Raza, 12 de octubre, para reeditar el estado de excepción –que venció el 1° de octubre– en la Araucanía y Biobío, al sur de Chile.

El presidente alegó que tomó esa medida “por la grave alteración del orden público” y envió a unos 900 elementos de las Fuerzas Armadas, con tanques blindados y helicópteros artillados, al corazón del conflicto mapuche.

Según Piñera, ese despliegue trató de enfrentar con mejores instrumentos “el terrorismo”, el narcotráfico y el crimen organizado, enraizado en estos territorios. Y rechazó que su decisión se oriente hacia un pueblo o grupo de ciudadanos. Sin embargo, en la zona mapuche es usual el asesinato de indígenas, agricultores y agentes de seguridad; la región mapuche se ubica a solo 700 kilómetros de Santiago, la capital chilena.

Recurrir a la fuerza y omitir el diálogo condena al conflicto mapuche a alejarse de una solución justa, advierte Bengoa. Además, es una afrenta que el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia se decretara el día de la Resistencia Indígena que conmemora el pueblo mapuche.

Los ciudadanos necesitan soluciones políticas acordes a la cultura y que impulsen procesos económicos para superar la pobreza de los indígenas, expresó la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón.

Y mientras el portal de la organización mapuche, Werkén Noticias, anuncia que los grupos de combate de los Meli Wixan Mapu harán frente a ese Estado de Emergencia, los senadores de oposición han pedido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intervención en Wallmapu.

Estados Unidos observa

Analizar el caso chileno significa reconocer que, en términos geopolíticos, hoy América Latina es el laboratorio del conflicto entre Estados Unidos (EE. UU.) y China. Y, en ese contexto, la relación entre el presidente estadounidense Joseph Biden, y su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, solo obedece al interés de Washington.

Es por ello que el estallido social chileno y el escándalo de corrupción del mandatario chileno parecieran irrelevantes para la Casa Blanca. Solo pesan tres aspectos clave: el primero, es mantener su dominio en minería, telecomunicaciones y acceso a zonas estratégicas como la Patagonia y la Antártida.

Otro es conservar a Chile como aliado contra la expansión geopolítica de China, Rusia y la influencia regional de gobiernos progresistas. El tercero es perpetuar a ese país como proveedor de alimentos, además de ser gran consumidor de bienes y servicios estadounidenses.

La dependencia no solo es comercial. El expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) gestionó la Alianza Tecnológica Inclusiva, una supuesta transición hacia la nueva realidad digital, acorde a la intención de EE. UU. de dominar el sector.

En 2018 se pactó el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, que implica ejercicios militares conjuntos, capacitación e intercambios; y hoy Chile recibe a cambio las llamadas Visas de Diversidad 2023, por ser un país con bajo índice de inmigración a EE. UU.

No obstante, los estrategas chilenos son conscientes de la volátil actitud de EE. UU. En la Revista Marina Chile, el capitán de fragata Onofre Calvin explicó el desencanto con los gobiernos de Richard Nixon y Ronald Reagan, quienes apoyaron el golpe contra el expresidente Salvador Allende: “Creemos que el gran factor común en las dificultades que hemos tenido con los EE. UU. es que no respeta la soberanía nacional”, admitió.