Los primeros siete meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agravaron la insuficiencia crónica de medicinas y enseres médicos en centros de salud y hospitales públicos debido a la fallida estrategia de centralizar su compra y distribuir por separado estos artículos, con lo que se generó una grave crisis de desabasto en perjuicio de los pacientes y sus familiares. 

El pasado 24 de junio, la administración federal parecía dar marcha atrás a su política de ahorro cuando anunció que recurriría a otros distribuidores farmacéuticos, porque los anteriores habían sido reiteradamente calificados de corruptos por el propio Presidente de la República. Sin embargo, en la licitación del 28 de junio, el gobierno insistió en imponer precios que las farmacéuticas consideraron absurdos.

El resultado fue que la quinta convocatoria legal realizada por el gobierno de AMLO resultó fallida: de las tres mil 90 claves licitadas en un procedimiento de compra consolidada, dos tercios, mil 923, fueron declaradas “desiertas”; de ellas, 655 eran medicamentos y mil 268 materiales de curación.

Esta licitación había sido concertada el 20 de junio en Ixtapan de la Sal por el jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo –quien previamente había reconciliado a su jefe con los inversionistas del sector energético– en el marco de la XXVIII Convención de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), en la que sus integrantes reclamaron explicaciones a los ataques verbales que el Presidente les había dedicado en sus conferencias “mañaneras” (donde no los bajó de corruptos) y a la desatención absoluta a 40 cartas enviadas a la Presidencia.

En esa convención, el presidente de la Canifarma, Rodrigo Puga, explicó a Romo que un cambio de modelo en las compras gubernamentales requiere una mayor planeación y, sobre todo, el establecimiento de un marco legal con reglas claras que den certidumbre a los empresarios; y Enrique Moreno, director del Instituto Farmacéutico (Infam), afirmó que los cambios del gobierno actual en sus compras habían provocado 23 por ciento del desabasto en medicamentos. También dijo que el presupuesto destinado a estos artículos es 14 por ciento menor al que se destinó en 2018, toda vez que pasó de 81 mil millones a 69 mil millones de pesos.

Una vez concertada la licitación del 24 de junio con los empresarios farmacéuticos, incluidos algunos de los rechazados por AMLO, en la “mañanera” de ese mismo día, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, quien se encarga de todas las compras gubernamentales, anunció que para las adquisiciones del sector salud, el país sería dividido en cinco zonas.

Esta medida tiene el objetivo político de dividir a las empresas farmacéuticas de las distribuidoras de medicinas y enseres médicos, que trabajan de manera coordinada por razones técnicas. Sin embargo, en esta asociación el gobierno de AMLO muestra tendencias oligopólicas para imponer precios y condiciones, como lo expuso el pasado 28 de junio.

Sin embargo, hay evidencias para los empresarios mexicanos de que el gobierno de la “Cuarta Transformación” quiere dinamitar el mercado farmacéutico local para abrir espacio a otros participantes, que supuestamente le han ofrecido mejores precios, incluidos algunos del extranjero. Entre éstos figuran empresas de India y China, este último país vedado comercialmente para México, según las reglas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está a punto de ponerse en marcha.

La adquisición de medicamentos en dichos países extranjeros está imposibilitada en lo inmediato, de acuerdo con los especialistas, por la indispensable realización de estudios de bioequivalencia y calidad de cada medicina y artículo de curación.

El alto riesgo de una cirugía mayor

Una primera acción de AMLO para combatir la corrupción y aplicar la “austeridad republicana” en el sector salud consistió en ordenar la consolidación al 100 por ciento en las compras de medicinas y artículos médicos. En declaraciones del 24 de mayo de 2019, Raquel Buenrostro reconoció que poner en marcha al 100 por ciento un mecanismo de compras consolidadas por un total de 997 mil millones de pesos, podría tardar entre cinco y 10 años, y reveló que en función de ello se estaba formando una agencia de contratación pública centralizada, que estaría lista entre 2023 y 2024, al final de este sexenio.

Este modelo de compras, que la actual administración presenta como una idea “propia” de AMLO o Raquel Buenrostro para combatir la corrupción y aumentar el ahorro nacional, es en realidad una “sugerencia o instrucción” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  que viene aplicándose en México desde 2013 con el objetivo de ahorrar recursos al Estado y abrir espacios a nuevos participantes en el negocio farmacéutico, incluidos extranjeros.

“Se aprecia que el gasto es la variable que más incide en el estado de la salud pública. Por otra parte, las dos principales instituciones del sector de la salud en México, el IMSS y el ISSSTE, podrían unir esfuerzos para adquirir conjuntamente medicamentos y otros productos con el propósito de reducir precios. Desde luego, ello requeriría una coordinación estrecha, preparación de los funcionarios responsables de las adquisiciones, y datos e información que sustenten las decisiones de adjudicación de las licitaciones”, dice el texto México, mejores políticas para un desarrollo incluyente, que la OCDE presentó en septiembre de 2012 al entonces candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto (2012–2018).

La medida “sugerida” fue puesta en marcha por Peña Nieto en 2013, pero de manera paulatina, tomando en cuenta que un cambio estructural de ese tamaño tardaría hasta 10 años en implementarse. A partir de entonces empezaron a realizarse compras consolidadas desde la SHCP, aunque solamente destinadas a algunas dependencias para después cubrir las necesidades de otras. La última adquisición del anterior gobierno se ejecutó en noviembre de 2018, ya con la venia de AMLO. Acaso este hecho fue el que hizo creer a éste que una consolidación podría realizarse de la noche a la mañana a partir de 2019. 

El doctor en Economía y Finanzas Públicas, Hilario Barcelata Chávez, coordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas (OFP) de la Universidad Veracruzana (UV), dijo a este semanario que la consolidación de las compras de medicinas para todo el sistema nacional de salud representa un cambio administrativo demasiado grande y requiere un largo plazo de ajuste.

“Hay que pasar por un procedimiento de licitación pública; hay que lanzar la convocatoria, esperar que se inscriban en 15, 20 días o un mes para llevar a cabo el procedimiento. Eso es cuando un solo organismo público participa; pero cuando se pretende consolidar (centralizar) las compras de todo el sistema de servicios de salud, evidentemente va a llevar mucho más tiempo, porque hay que recoger cuáles son las necesidades de medicamentos de cada uno de los participantes en la compra consolidada. Sobre el tema de que esto pueda funcionar o no, lo más importante es que retrasa el suministro de medicamentos y eso puede costar la vida a las personas. De por sí instituciones como el IMSS o el ISSSTE carecen de los medicamentos suficientes; son diarias las quejas de las personas que van a consulta y no pueden obtener el medicamento”, explicó. 

Por separado, la enfermera Martha Medina Gómez, dirigente del Movimiento Nacional por la Defensa de la Seguridad Social en México (Mondess), dijo que la falta de medicamentos y productos de curación pone en riesgo la salud de los derechohabientes. “Si bien es cierto que somos profesionales de la salud, tampoco somos dioses, si no tenemos con qué ¿Cómo le salvamos la vida a un paciente? Es muy grave lo que pasa en el sector público de salud del país”. 

Desgastadas maniobras

De acuerdo con la citada instrucción de la OCDE de abrir las puertas del mercado de la salud, en el inicio de su gobierno, el Presidente ordenó suspender la participación de empresas farmacéuticas mexicanas en licitaciones y adjudicaciones para la compra de medicamentos y materiales para curación con el argumento de que concentraban más del 60 por ciento de las ventas en 2018; y en sus conferencias “mañaneras” insistió en calificar de corruptos a los empresarios farmacéuticos.

Según el oficio de la Presidencia 009/03/20/19, fechado el 20 de marzo de 2019, instruyó a Raquel Buenrostro, a impedir la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a diversas empresas distribuidoras de medicinas y materiales de curación, entre las que destacaron el Grupo Fármacos Especializados, S. A. de C. V. (Grufesa), la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S. A. de C. V. (Dimesa) y MAYPRO.

AMLO reveló que estas compañías acapararon el 62.4 por ciento de las compras médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018 –es decir, no incluyó a otras instituciones públicas de salud– y que el monto de las mismas fue de 34 mil 280 millones de pesos. Para él, estas empresas, que ganaron licitaciones en su momento, estaban violando el Artículo 28º de la Constitución porque actuaban como un monopolio y a fin de vender más caro a su gobierno, lo estaban “chantajeando”, razón por la cual eran corruptas.

Las firmas aludidas no le hicieron caso y no bajaron sus precios, por lo que en otra conferencia “mañanera”, el Presidente anunció que su gobierno compraría medicinas en el extranjero, en la India o en China, donde saldrían más baratas. Este dicho de inmediato provocó las críticas de especialistas que advirtieron que eso no era así de fácil, porque antes de comprar medicinas y materiales de curación debían hacerse estudios técnicos de los productos médicos.

 Las empresas imputadas aclararon que habían cumplido en tiempo y forma los contratos; que no existían fundamentos legales para prohibirles participar y que no había ningún dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que considerara actuaban como un monopolio. La empresa Dimesa, de grupo Pisa, publicó un desplegado en el que adujo que sus actividades eran legales; que operaba 16 plantas farmacéuticas en el país y que exportaba medicamentos genéricos y materiales de curación a 15 países del continente. Otro grupo empresarial, Grufesa, obtuvo un amparo definitivo de la justicia federal el 11 de abril de 2019. Al final, todas resultaron amparadas por la ley.

El 27 de mayo, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Javier Potes, representante del Consorcio Mexicano de Hospitales, denunciaron desabasto de medicinas en clínicas y hospitales públicos, contradiciendo a Raquel Buenrostro, quien había asegurado que el suministro de medicamentos de 2019 estaba garantizado.

“No se puede negar el desabasto de medicinas; día con día se está exacerbando el problema de desabasto en 24 estados, ya no de los antirretrovirales, pero sí de otros que atienden al cáncer, diálisis, etcétera”, denunció Devlyn, mientras Potes dijo: “Los hechos ahí están, se está sufriendo el tema, no es una guerra de declaraciones, son hechos”.

El lunes 27 de mayo de 2019, el exsecretario de Salud, José Narro, publicó un artículo en el diario La Jornada con el título: La verdad en la crisis de la atención a la salud, en el cual dijo lo siguiente: “Con todo y los problemas que existían, muchos de los cuales fueron hechos del conocimiento del equipo de transición en las más de 60 reuniones de trabajo realizadas entre los meses de agosto y noviembre del año pasado, la situación se complicó en virtud de las equivocaciones cometidas por los servidores de la actual administración. En solo cinco meses y medio, han surgido dificultades que han afectado a la población.

“Los recortes al presupuesto para la salud realizados en este gobierno y las malas decisiones respecto de las políticas en el sector, han ocasionado una crisis cuyas consecuencias apenas se empiezan a mostrar (…) la explicación del origen del problema actual radica en la ineptitud, en el recorte del presupuesto y en el cambio de políticas sin medir las consecuencias de las decisiones que se han tomado”, explicó el doctor Narro.

En noviembre de 2018 se compraron artículos para cinco dependencias: el IMSS, el ISSSTE, los servicios sanitarios de Pemex, Sedena y Semar, 23 institutos dependientes de la Secretaría de Salud (SS) y los organismos sanitarios de 15 de las 32 entidades federativas. Entonces se anunció que dicha compra solo garantizaría medicamentos para seis meses y que en el segundo semestre de 2019 se haría una nueva compra consolidada para todo el sector salud, con “novedosos” mecanismos de control anticorrupción, con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), brazo regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instituciones financiadas por corporativos trasnacionales farmacéuticos, hospitalarios, seguros médicos y de tecnología para la salud.

Por su lado, el actual titular de la SS, Jorge Alcocer, el 27 de mayo de este año, negó que se hubieran comprado medicamentos y enseres para solo seis meses y afirmó que en noviembre de 2018 se hicieron adquisiciones para cubrir todo 2019, aunque reconoció que se haría una nueva compra consolidada en junio de 2019 para garantizar el abasto del segundo semestre del año 2019.

Textualmente dijo: “Para todo el ejercicio 2019, la contratación se dio en noviembre de 2018, y la Oficialía (Mayor de la SHCP) se encuentra en proceso de contratación para garantizar el abasto del segundo semestre. Para las compras extraordinarias, se logró un acuerdo con 22 entidades federativas para obtener mejores precios por volúmenes mayores”.

Modificando las reglas utilizadas desde 2013 y fijando precios predeterminados, que de acuerdo con los farmacéuticos resultan absurdos porque están fuera de las mediciones de los estudios de mercado, el gobierno de AMLO lanzó cinco licitaciones para comprar medicamentos y enseres médicos, con las cuales, según él se reduciría el precio porque solo se pagaría el producto y de la distribución se encargaría el IMSS. Luego se constató que el IMSS no puede hacer eso, al igual que ninguna otra institución pública, como habría de reconocer David Palacios, exdirector de Administración del IMSS, quien declaró que esta institución carece de infraestructura como para encargarse de la distribución nacional de medicamentos y materiales de curación.

Miembros del sector y especialistas han señalado al respecto que está en funcionamiento una red de distribución farmacéutica que no tiene sentido desmontar, porque dicha responsabilidad es inherente a las empresas del sector. Además del mencionado recorte de 14 por ciento en el presupuesto para la compra de medicamentos y enseres médicos y de las peripecias derivadas de las fallidas licitaciones que siguieron a los trabajos de la citada XXVIII Convención de la Industria Farmacéutica, organizada el 20 de junio, ha quedado de manifiesto la improvisación, impericia y desconocimiento que caracterizan la gestión de la “Cuarta Transformación” en todos los sectores.