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Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de las Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la semana pasada declaró, ─como si de remover el puñal se tratara para rematar a alguien─, que en el Presupuesto Estatal de la Federación (PEF) para el 2020, que está ya a pocos días de discutirse en la Cámara de Diputados, no habrá ni Ramo 23 ni recursos para presidentes municipales. ¿Es en serio que no habrá recursos para las presidencias municipales?, ¿de verdad se seguirá rematando a la población, dejando sin recursos a los municipios para la realización, por ejemplo, de obras y servicios? Todo indica que así será.
En una reunión "informativa", Cuéllar, sin más aseguró ante los presidentes municipales que la discusión de la Ley de Ingresos y el PEF para el siguiente año están en complicaciones serias, pues hay un "problema de cierta gravedad en lo que se refiere a los ingresos públicos de todas las haciendas de nuestro país"; así, como si se tratara de algo sencillo y de una copia de las consultas lopezobradorezcas quizá, soltó un ¿cómo le vamos hacer?, y señaló que hay cosas que no van a regresar.
El funcionario morenista sin titubeos afirmó que no hay regreso del Ramo 23, pero que él (como funcionario) y “la cuarta transformación” (4T) en general se asumían “responsables de superar un situación difícil donde la obra pública en los municipios se ha debilitado con creces…”; "donde las economías regionales se encuentran paralizadas en muchos lugares, y donde el agobio de los ayuntamientos es creciente por los endeudamientos, por la baja recaudación, por la dependencias de las transferencias federales, y por problemas que quizá también tienen que ver con nuestra responsabilidad, como el crecimiento de los gastos corrientes".
Las declaraciones de un funcionario con tanta responsabilidad política son negativas en los momentos políticos de crisis donde se encuentra México; Ramírez Cuéllar prevé lo que ya está visible para los próximos días: un presupuesto que se aprobará a modo, y que no tomará en cuenta las protestas e inconformidades que seguramente habrá en los próximos días, cuando se discuta el presupuesto; sus declaraciones, que aparentan gran descubrimiento y “verdadera” preocupación, no dejan de ser una amenaza para la sociedad y para los más de 120 millones de mexicanos.
Si la discusión del presupuesto se diera en "complicaciones serias", pues hay ─como dice el funcionario─ "un problema de cierta gravedad", ¿Por qué no se hace algo para solucionar ese problema; porque qué él o el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no actúan para resolver de fondo el problema? Ramírez Cuéllar, en lugar de proponer algún cambio efectivo, lanza la pelota al otro de la cancha y les dice a los alcaldes que es necesario "discutir una estrategia contracíclica para atender la situación trágica" que atraviesan los municipios en materia de obras públicas; pues lo destinado este año a los municipios para reconstrucción y lo referente a las ciudades fronterizas resultó insuficiente y que "casi 99.9 por ciento de los municipios se quedan sin recibir recursos para las necesidades más apremiantes".
El reto del PEF 2020 sin duda alguna está hecha a los objetivos, intenciones y las directrices del gobierno de la 4T que encabeza López Obrador, es decir, se alinea a la política de "austeridad" que tanto ha cacareado el mandatario nacional y, seguramente, también debe alinearse para los gastos que el gobierno tiene contemplado para efectuar y desarrollar sus "proyectos prioritarios" de gobierno, mismos que, por lo que ya observamos, es una misión difícil y complicada.
El próximo 8 de septiembre concluye la etapa programática, y es la fecha límite por la que las autoridades hacendarias tendrán que enviar el documento de política pública al Congreso de la Unión para su discusión, modificación y aprobación. Se estima que el presupuesto para 2020 deberá ser de un monto de seis billones 300 mil millones de pesos, monto superior al de los cinco billones 814 mil millones de pesos de este año.
Pero la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la 4T tienen realmente un problema con el paquete económico, algo muy complejo, porque se requieren pagar muchos proyectos con pocos recursos; además, se deben sumar los gastos no programables como el pago de la deuda que ya es superior a los 10 mil millones de pesos, las transferencias a estados y municipios, y las jubilaciones y pensiones. Uno de los principales problemas al ejercer los recursos en el 2020 necesariamente está lidiar con Petróleos Mexicanos, pues el gobierno de López Obrador deberá subsanar “el boquete” fiscal que dejará la empresa del Estado por un monto de 128 mil millones de pesos.
El 8 de septiembre llegará, y la discusión se tendrá que hacer; los diputados estarán ocupados, pero no se espera que haya un cambio sustancial; la orden de su mesías se impondrá; pero ¿qué pasará con las protestas de presidentes municipales morenistas o no, de las organizaciones sociales o grupos políticos de los diferentes partidos que seguramente se harán presentes durante varios días en las afueras de la Cámara de Diputados? ¿Otra vez se enviará a la policía para reprimir a la población como hace un año? No sería muy recomendable para la dañada popularidad del presidente mexicano, y alguien le tendrá que decir si él no se da cuenta. Y mientras tanto todo indica que la crisis y el mal gobierno, con el PEF 2020, continuarán. Por el momento, querido lector, es todo.
En la 4T no se ve por ningún lado el pueblo despierto y organizado, actuando por iniciativa propia en los asuntos nacionales. En cambio, sí se ve la represión del Estado cuando el pueblo protesta en las calles.
La candidata morenista asumió el compromiso de atender las necesidades del sector empresarial con la instalación de cámaras de vigilancia, capacitación a uniformados y seguimiento a las denuncias.
Diversos casos han mostrado que, a pesar de que el discurso político presume el fin de la corrupción, en las compras del gobierno siguen faltando mecanismos de vigilancia.
Durante los tres años y medio que lleva al frente del país el gobierno de la 4T, la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado, a pesar de que una de sus banderas sea “primero los pobres”, de sus más exitosas consignas.
Jesús Zambrano aseguró que la designación de Lenia Batres Guadarrama en la SCJN confirma que AMLO quiere una dictadura en México al contar con todos los poderes subordinados a él.
Los trabajadores precisaron que se trata de un aproximado de 25 profesionales, entre criminalistas, arqueólogos, antropólogos y abogados, quienes se enfrentan a la incertidumbre laboral.
“Las pretensiones son muy buenas... pero no dan los números. Se trata sólo de una intensión política que va encaminada al discurso de transición y transformación por parte del presidente AMLO”, afirman especialistas.
Otro de los síntomas de esta decadencia es la necesidad de mantener en el poder a personajes muy desprestigiados, aun en contra de la voluntad de amplios sectores de la población.
En sólo cinco años, López Obrador ha solicitado préstamos crediticios a organismos internacionales por un monto de siete mil 168 millones de dólares; 712 millones más que su antecesor Enrique Peña Nieto.
La retórica de los ciudadanos a los que recurre MC suena bien, pero tampoco ofrece una alternativa que supere a la coalición Sí por México.
Está por escrito que Morena trata de imponer en México una dictadura, pero no en favor de los más necesitados, sino de un grupo que en nombre del pueblo quiere cobrar venganza al tiempo que se enriquece, como lo evidencia la “casa gris” de Houston.
Los analistas políticos avizoran un panorama “terrible y oscuro” en el que los ciudadanos pagarán las consecuencias de este “intercambio de golpes”, por lo menos hasta abril, cuando Morena decida las candidaturas a presidentes municipales de Baja California.
El desastre es tan grande que requiere la creación de un plan estatal y federal de mediano y largo plazo, que incluya la construcción de obras hidráulicas.
Los cambios promovidos por este partido (Morena) se han hecho a nombre del pueblo pero sin el pueblo; y eso es lo grave. Para que haya un verdadero y profundo cambio en México, hay que hacer una revolución pacífica.
"Hacemos responsable al gobernador Miguel Barbosa Huerta por cualquier acto violento o de intimidación contra el diputado Brasil Acosta, cualquier otro de sus compañeros, o de algún ciudadano quienquiera que sea".
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El 64.3% de mexicanos sin ingresos suficientes para adquirir la canasta básica
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).