Contra quienes advierten sobre la ausencia de estrategia económica en la 4T, desde su campaña, el presidente López Obrador ha prometido un crecimiento económico promedio anual de cuatro por ciento; afirmación ésta sin base científica alguna, simple eslogan electoral. Hoy la práctica, criterio último de verdad, resuelve: en el primer trimestre del PIB cayó en dos por ciento, y en el segundo apenas creció 0.1 por ciento. Ciertamente, en términos técnicos, cuando hay dos trimestres consecutivos de reducción en el crecimiento general se habla de recesión; caen inversión y consumo, y crece el desempleo. Hoy el presidente se vanagloria del “fracaso” de quienes pronosticaban ese evento. ¡Quedamos una décima arriba del cero! ¡Éxito de la 4T! Una triste victoria. La economía no está (oficialmente) en recesión, pero sí en estancamiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado a la baja las expectativas de crecimiento: 0.9 por ciento para este año, y 1.9 por ciento en el próximo.

EL crecimiento es condición del desarrollo, pues no se inventa aún el arte de distribuir una riqueza no creada; obviamente, en sí mismo no basta: se requieren políticas orientadas ex professo. Los factores determinantes del crecimiento son: la inversión, mejora de infraestructura y tecnología, contratación de más fuerza de trabajo; el nivel de educación y de salud, recursos naturales; el gasto público, los términos del comercio, favorables o desfavorables, la tasa de reinversión. Lamentablemente, el gobierno no está poniendo la parte que le toca. El funcionamiento de las instituciones es fundamental. Según Douglas North, un diseño institucional bueno incentiva crecimiento y desarrollo; uno malo, lo frena. El combate a la corrupción genera ambientes propicios para invertir; pero hoy es vox populi que, en muchas áreas gubernamentales, el mal permanece, y florece. Un ambiente de inseguridad desincentiva inversión y crecimiento, como actualmente ocurre: 20 mil homicidios dolosos en lo que va del actual gobierno. Influye también el gasto público. Dice Robert J. Barro en su obra Determinantes del crecimiento económico (1998): “... un volumen más grande de gasto gubernamental no productivo –y los impuestos asociados– reduce la tasa de crecimiento...”. El gobierno reparte dinero en forma no productiva, atendiendo la cantidad del gasto, no así su calidad; gasta más en los “ninis”, y menos en la ciencia y las becas del Conacyt, en el deporte y la cultura; desincentiva el esfuerzo.

Barro estudia otro factor: “... la probabilidad de que el gobierno anule o cancele contratos, riesgo de expropiación por parte del gobierno, y en general la vigencia del Estado de Derecho”. Este último, agrega, es fundamental. Y así sucede con la cancelación del aeropuerto y con la nueva ley de Extinción de Dominio, peligrosos e ilegales ataques oficiales a los derechos de propiedad, que afectan la certidumbre, la inversión y el crecimiento. Igual ocurre con el uso autoritario del poder legislativo, y la ofensiva sobre el poder judicial y los organismos autónomos (Coneval, INE), contrapesos necesarios al poder presidencial.

No hay una crisis regional que provoque el estancamiento: “... respecto al reto del crecimiento económico, la agencia Moody’s Analytics destaca 2019 como un año de recuperación económica general para la región latinoamericana: Perú será el país con la mayor expansión en 2019, con un 3.7 por ciento; seguido de Colombia, con un 3.3 por ciento; Chile con un 3.2 por ciento y Uruguay con un 3.1 por ciento. Brasil, la mayor economía de la región, podría encaminarse hacia un dos por ciento el próximo año...” (CNN, 10 de enero de 2019, Banco Mundial). Tampoco hay una crisis por contagio desde Estados Unidos (EE. UU.), destino del 80 por ciento de las exportaciones, y que en los últimos tiempos crece sostenidamente: este año lo hará en 2.6 por ciento; no sufrimos una caída en las exportaciones: el año pasado subimos del lugar 13 al 12 entre las economías exportadoras, superando a Canadá. La inflación es manejable, y otras variables son propicias: al cierre del año pasado, los ingresos petroleros gubernamentales aumentaron con respecto al anterior; en este semestre, las remesas procedentes de EE. UU. alcanzaron su máximo desde 1995: 16 mil 845 millones de dólares.

La causa radica, entonces, en las políticas erráticas, irracionales y autoritarias, la ignorancia supina de la administración pública y su austeridad republicana, de lo cual ya adelantamos evidencia. Pero hay más. En el primer semestre hubo un subejercicio de 174 mil millones de pesos respecto al gasto programado, 4.5 por ciento menos que en el año anterior, principalmente en el IMSS y el ISSSTE. La inversión física del primer semestre fue inferior en 17.3 por ciento (SHCP). Dicen los defensores de la 4T que, tradicionalmente, en el primer año de cada sexenio el crecimiento es bajo, pero según el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico: “el dato es el peor del que se tiene registro desde la administración de Zedillo”; el organismo basa su afirmación en el análisis del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el más bajo en los últimos 25 años, “combinado con una precarización del empleo y presiones inflacionarias”. De hecho, el desempleo alcanzó ya en marzo su nivel más alto en 18 meses.

Nos afecta la cancelación de obras de infraestructura de alto impacto, como el aeropuerto de Texcoco, que, sin concluirse, costó 145 mil millones de dólares; la inversión en obras absurdas, como la refinería de Dos Bocas, que costará, según especialistas, 160 mil millones de pesos, y con solo un dos por ciento de probabilidad de éxito (Instituto Mexicano para la Competitividad); el aeropuerto de Santa Lucía, hoy más encarecido, y un devastador Tren Maya, de dudosa viabilidad financiera, pero sí de desastrosas consecuencias ambientales. Respecto al ingreso, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, no se obliga a quienes más ganan a contribuir con el erario en un esquema fiscal progresivo. López Obrador dice querer beneficiar a los pobres, y para conseguir el dinero... se lo quita a los mismos pobres, con los despidos y la eliminación de Prospera, las guarderías infantiles, etc.

Ignorando advertencias de instituciones especializadas, se empuja la economía al despeñadero. Las calificadoras de riesgo crediticio reclasificaron a México de “estable” a “negativo”. Estamos en el último lugar en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (Consultora A. T. Kearny). Las tres principales calificadoras bajaron nuestro status; en junio, Fitch ubicó la deuda de Pemex en “Grado especulativo de inversión”, mejor conocida como “bonos basura”, y podemos perder el Grado de Inversión. Como consecuencia, el costo de la deuda se eleva; entre enero y abril, la inversión privada se contrajo (-2.1 por ciento, Citibanamex). Se puede meter más dinero a la economía, como el paquete para el rescate de Pemex, pero si no se corrigen los errores, ese dinero se irá a la basura.

El gobierno no basa sus decisiones en la ciencia, sino en la consigna y el voluntarismo como fuerzas invocatorias. Se dirige con diatribas y golpes de poder. L’État, c’est moi, dijo Luis XIV, y ésa es hoy la divisa. Se considera un error poner los asuntos públicos en manos de economistas, bárbaro despropósito que desdeña una ciencia y antepone la voluntad del gobernante para conducir la economía, la producción y la distribución del ingreso. Desconoce que, como toda ciencia, ésta se rige por leyes, y despreciarlas resulta desastroso, como hoy vemos, y se paga con sufrimiento social. No se puede ignorar impunemente la lógica de los mercados; dicen los sabios: podremos olvidarnos de la dialéctica, pero la dialéctica no se olvidará de nosotros.