En medio de la inestabilidad socioeconómica de México, agudizada en extremo por la pandemia de coronavirus (Covid-19), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ratificó, el domingo cinco de abril los proyectos de inversión pública del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, Tabasco, cuya viabilidad ha sido cuestionada reiteradamente por aerolíneas y especialistas en finanzas y ambientalismo.

En su conferencia matutina del 30 de marzo, AMLO anunció que la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya –las tres grandes obras de su sexenio– seguirán construyéndose a pesar de la solicitud de los especialistas en economía de retrasarlas para ocupar esos recursos financieros en el Sector Salud, enfrentar la contingencia sanitaria generada por el Covid-19 y fortalecer el mercado interno; esta decisión del Ejecutivo aumentará el desempleo, disminuirá la capacidad de compra y generará más empobrecimiento.

“De qué quieren su nieve”, contestó un AMLO, burlón ante los medios de comunicación presentes en esa conferencia. “Cómo estarán de molestos, enojados, los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras. Los intelectuales orgánicos recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, que se cancele la construcción del Tren Maya, que se cancele la construcción de la refinería (…). Ni un paso atrás; al contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible”, declaró el Presidente.

Dos de las tres obras “emblemáticas” del Presidente, Santa Lucía y Tren Maya, serán la siguiente inversión en este año: siete mil 872 millones de pesos (mdp) en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles y dos mil 500 mdp en el del Tren Maya. A decir de los expertos multidisciplinarios, su costo no coincide con los beneficios prácticos sociales que AMLO les atribuye.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló: “para el titular del Poder Ejecutivo Federal primero son sus obras faraónicas y después todo lo demás. El Gobierno Federal dará (para 2021) 27 mil 500 mdp al aeropuerto de Santa Lucía, mil 343 por ciento más que en este año (2020) y 26 mil 700 millones para el Tren Maya. Un alza de 969 por ciento. Dado que (la refinería) Dos Bocas es un proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex), no aparece en sus cálculos”.

 De Hoyos explicó que, de acuerdo con los precriterios económicos del Presupuesto de Ingresos de 2021, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión (SHCP), se prevé un recorte de al menos 405 mil millones por la caída del precio internacional del petróleo y una baja considerable en la recaudación de impuestos. El empresario criticó también a AMLO por descalificar el citado análisis de la SHCP, debido a que ésta prevé un descenso económico de hasta el 3.9 por ciento para 2021.

Pero ni las críticas especializadas, ni el diagnóstico de su propia Secretaría de Finanzas, han logrado que AMLO renuncie a sus magnas obras públicas, porque está convencido de que moverán a la economía del país una vez que pase la contingencia generada por el nuevo coronavirus. La producción de gasolinas en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), sin embargo, cayó a su nivel más bajo desde enero del año pasado, con una producción de tan solo 163 mil 898 barriles diarios. Aunado a ello, a finales de marzo, el precio internacional del barril de crudo cayó a 13 dólares, colocándose como el más bajo de la historia reciente.

En el caso del Tren Maya, red ferroviaria de pasajeros y carga que conectaría desarrollos inmobiliarios, turísticos, industriales y portuarios de Tabasco, Chiapas y la Península de Yucatán, las críticas se han concentrado en su impacto ecológico y étnico-cultural, pues existe la hipótesis de que la mayoría de los indígenas –los supuestos beneficiarios– solo se incorporarán al desarrollo una vez terminado.

Otro de los proyectos cuestionados es la modernización, ampliación o actualización del Tren Transístmico de Tehuantepec, que actualmente conecta a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, en el océano Pacífico, y de Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México. En ambos hay refinerías de Pemex y el Tren Interoceánico de AMLO contempla el desarrollo de hoteles, centros comerciales y zonas industriales.

Este proyecto tendrá un costo de al menos seis mil 400 millones de dólares (mdd) en este año. El gobierno de la República lo justifica aduciendo que alentará el progreso de los pueblos atrasados y marginados, cuyos pobladores se convertirán en ciudadanos de “primer mundo”; pues se asociarán con grandes inversionistas encargados de convertir en negocios multimillonarios sus tierras patrimoniales que hoy tienen régimen ejidal o comunal.

Dinero para proyectos pero no para salud

Desde el pasado 22 de marzo, cuando se activó la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Covid-19, AMLO reconoció que la crisis económica generada por el coronavirus estaba resintiéndose en el país. Ello ocurrió mientras supervisaba el tramo carretero Larga-Ventanilla, en Oaxaca, donde el mandatario anunció:

“Si no nos pega mucho la crisis que se está dando por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo. Si atemperamos esta crisis, nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera Oaxaca-Tuxtepec, así se tendría completa la comunicación de Oaxaca (…) Vamos a ver primero cómo nos va, al enfrentar la crisis económica que se avecina…”.

Pero no mencionó nada de cómo se enfrentaría la crisis que el sistema de salud pública está padeciendo por falta de camas, medicamentos, respiradores y personal médico. En una conferencia de prensa conjunta con el Presidente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud (SS), Hugo López-Gatell, aseguró que el Gobierno Federal destinará tres mil 500 millones de pesos (mdp) para atender la pandemia.

Ese monto, sin embargo, fue calculado cuando se pensaba que el tope de la infección virulenta se alcanzaría a mediados de abril; pero ahora se afirma que quizás se dará en el mes de junio. El gobierno anunció entonces que adquiriría equipos de diagnóstico, material de laboratorio, higiene y desinfección destinados al personal médico y los pacientes; medicamentos, aparatos de respiración y ampliación de espacios clínicos.

Días después, AMLO aseguró que el Gobierno Federal contaba con 400 mil mdp de fondo extraordinario para hacer frente a las consecuencias económicas de la epidemia del Covid-19: “Esto nos permite mantener todos los programas del bienestar; tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas”.

Sin embargo, el extitular de la SHCP, Carlos Urzúa Macías, publicó en El Universal del 30 de marzo que dicho fondo es inexistente, pues más de la mitad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) se gastó de forma indiscriminada para cumplir los compromisos políticos de la llamada “Cuarta Transformación” (4T).

Urzúa explicó que no hay fondos “escondidos en un lugar de México”, porque hubo menos recaudación; pero, sobre todo, desde principios de 2019 cuando el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral evidenció que había caído respecto al del trimestre anterior, decaimiento que continuó para finalmente provocar una contracción de 0.1 por ciento en la economía para el primer año de gobierno de AMLO.

La tarde del cuatro de abril, un día antes de su “quinto informe” (trimestral), AMLO sostuvo una videoentrevista con Larry Fink, titular del fondo de inversiones BlackRock, el más capitalizado del mundo, porque posee capitales por seis bdd. AMLO presumió este hecho en un tuit que acompañó con una fotografía, “Tuve una videollamada con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, para intercambiar opiniones sobre el #coronavirus y el deterioro económico mundial”.

Al día siguiente, cinco de abril, insistió en presumir su relación con Fink con otro tuit donde indicó: “Hoy conversé con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Me expresó su confianza en México y agradecí su decisión de invertir en nuestro país”.

AMLO ha variado sus referencias sobre ese tema y, en su “quinto informe” de actividades de ese mismo domingo, señaló que la carga de las inversiones sería para las arcas nacionales, pese a que en ocasiones anteriores había informado que aquéllas vendrían de capitales privados respaldados por la poderosa BlackRock, que participa en proyectos empresariales explotadores de enormes recursos naturales en el sur de México.

Las negociaciones de AMLO con Larry Fink comenzaron hace meses. El nueve de marzo pasado, por ejemplo, confirmó que además de las inversiones que ya tiene en el sector petrolero (y otras muchas como en la banca y las Afores) el poderoso BlackRock fondeará inversiones para el desarrollo industrial y energético, planeado para la región sur del país, codiciada hace decenios por su riqueza natural y su estratégica localización en términos comerciales y militares.

Ante la actual pandemia y la crisis sanitaria por la que atraviesa México, algunos analistas sugieren que AMLO debería postergar tales obras, y destinar estos recursos al sector salud, financiero, económico y político. Sin embargo el quinto informe de labores de AMLO no consideró tales recomendaciones, por el contrario, aprobó las tres y los recursos destinados para su construcción.

De hecho, el mandatario fijó el 30 de abril como plazo para la firma del primer contrato del proyecto del Tren Maya, que consiste en el primer tramo de la ruta por donde habría inversiones públicas. En mayo se adjudicarían cuatro más, aparentemente para inversiones privadas, quedando el tramo final pendiente para 2022 que, según advirtió, estaría a cargo de ingenieros militares, que actualmente trabajan en la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

El siete de noviembre de 2019, luego de una reunión de AMLO con representantes empresariales interesados en el proyecto del Sureste, incluidos los de BlackRock, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), operador oficial del megaproyecto del sur, precisó:

“Les interesa que tengamos resuelto el problema social, el problema que todas las obras de este tipo tienen y que nosotros tenemos que estar resolviendo es el problema social, el problema ambiental y los derechos de vía. Eso está en nuestra cancha”, declaró Jiménez Pons.

El 18 de marzo de 2020, AMLO anunció el envío de efectivos del Ejército para apuntalar el proyecto del Tren Maya. Supuestamente, los efectivos militares no fueron enviados a vigilar y garantizar la integridad de las obras sino que, a decir de AMLO, participarán en la construcción de dos tramos de la ruta.

Inconformidad desde antes de la Pandemia

Pero la oposición a la construcción de las “obras del sexenio” no surgió con el coronavirus, sino desde el inicio de la actual administración. Organizaciones indígenas de la Península de Yucatán descalificaron el proyecto del Tren Maya y la presunta “consulta” ciudadana ordenada por AMLO en diciembre pasado, ya que la consideraron “amañada”. Esa consulta comunitaria se realizó los días 14 y 15 de diciembre de 2019 con base en una sola pregunta: “¿Va el Tren Maya?”, la respuesta era cerrada, era Sí o No. En noviembre, el Presidente declaró que así constataría “el respaldo de la gente”.

No hubo sorpresas, el “Si” obtuvo el triunfo. Pero la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México reprobó la consulta, al considerar que no cumplía con los estándares internacionales para la ejecución de este tipo de sondeos en pueblos indígenas sobre la realización de proyectos, que debe aplicarse no solo de manera previa, mediante una votación libre e informada. Pese a todo, AMLO ratificó el proyecto.

Entre los grupos indígenas que rechazan el Tren Maya destaca por su organización, número de integrantes y “nombradía” histórica reciente el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Por su parte, los pueblos Maya y Ch’ol se ampararon ante la juez primera de Distrito, Grisell Rodríguez Febles, radicada en Campeche, Campeche, quien el cinco de marzo de 2020, ordenó la suspensión de cualquier tipo de trabajos relacionados con el Tren Maya en el territorio de Calakmul.

El trazo de la ruta del TM es de mil 500 kilómetros, toca 197 localidades indígenas, en las cuales viven 143 mil personas. El megaproyecto requiere enormes cantidades de tierra que, en buena medida, son de propiedad ejidal de las comunidades originarias. Además de las áreas de los rieles, los mil 500 metros de la ruta requieren 20 metros de cada lado de la vía y mil hectáreas de terrenos en cada una de las 18 estaciones previstas en el proyecto.

A estos requerimientos territoriales, hay que agregar las enormes áreas de selvas que deberán destruirse para construir, en su lugar, las “nuevas ciudades turísticas y comerciales” que según algunas estimaciones albergarán al menos 50 mil personas que, por supuesto, no serán indígenas mayas.

Por todo lo anterior, cuando AMLO emitió su “informe presidencial” del pasado cinco de abril en el patio de honor de Palacio Nacional ante solo 30 reporteros y el personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), sin gabinete ni invitados especiales, su imagen solitaria y aislada fue interpretada, por los analistas, como una previsión del futuro que le espera si persiste en actuar con base en caprichos, ocurrencias y terquedades, aun ante problemas tan graves como los que el coronavirus ha creado en México.   

La esperanza de los mexicanos de que anunciara las medidas necesarias para enfrentar las crisis sanitaria y económica se desvaneció cuando, en lugar de ello, declaró que mantendrá en pie sus proyectos del “sexenio” y los programas sociales asistencialistas; que otorgará dos millones 100 mil créditos a trabajadores formales e informales; que la austeridad republicana se tornará aún más rígida y que, en función de este objetivo, reducirá más el sueldo de funcionarios de alto nivel –de subdirectores de área hacia arriba– y les eliminará sus aguinaldos de Navidad del próximo diciembre.

Obviamente, los expertos en finanzas públicas preguntaron: ¿y de dónde sacará ese dinero que, aunque insuficiente dada la severa crisis que se avecina, no está a disposición de su gobierno?