Chiapas ocupa uno de los primeros lugares nacionales en feminicidios; entre enero y agosto de este año, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia la Mujer de Chiapas (OFVMC) contabilizó 117 muertes violentas de mujeres, 34 de las cuales pueden catalogarse como violencia de género.

En 2022 hubo 40 crímenes de este tipo; y a partir de 2016 –cuando se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en siete municipios chiapanecos– se han registrado mil 255 muertes violentas de mujeres; el promedio por año es de 179 casos, de los cuales 323 fueron feminicidios y 436 feminicidios en grado de tentativa, según la misma organización no gubernamental (ONG).

Desde el pasado ocho de diciembre, Flor Emilia Alcázar Coutiño, madre de una de las víctimas, exige a las autoridades judiciales que capturen al responsable de la muerte de su hija Paola Yazmín Ocampo Alcázar, cuyo cadáver apareció en una de las cisternas de la Escuela Primaria David Gómez, de Tuxtla Gutiérrez, donde trabajaba desde hace ocho años.

Afirma que las investigaciones sobre el asesinato de Paola no avanzaron en los primeros meses debido a la negligencia y corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE); pero que ahora el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos agentes muestran mayor voluntad para atenderlo.

Explicó que esta institución atrajo las indagaciones gracias a que sus compañeras de trabajo y ella, quien es maestra jubilada, se movilizaron hasta lograr que el asunto no siguiera en manos de la FGE-Chiapas, cuyos funcionarios “querían hacer pasar la muerte de mi hija como accidente laboral… pero hoy vamos a llegar a la última instancia.

“Mi hija desapareció el siete de diciembre; pero la fiscalía no podía hacer la búsqueda porque tenía otros compromisos; y fue mi familia, mis otras hijas, las que comenzaron a rastrearla”, informó Flor Emilia, quien está convencida de que Paola fue asesinada en el interior del centro educativo y que su cuerpo fue “sembrado” en la cisterna.

La maestra teme que las investigaciones puedan ser entorpecidas con la reactivación del ciclo escolar y que él o los feminicidas, quien o quienes siguen laborando en la escuela, no sean detectados.

Paola tenía 36 años, era originaria del municipio de Venustiano Carranza y se graduó como licenciada en administración de empresas. Su madre la describe como muy responsable y “la más alegre” de sus cinco hijas, sobre todo la más acomedida para organizar las fiestas decembrinas y los cumpleaños.

La situación de doña Flor es bastante complicada ahora porque, a un año de la muerte de Paola, el monto de su pensión laboral y el apoyo de sus hijas no son suficientes para cubrir los gastos para continuar su demanda de justicia.

Pero, a pesar de la falta de recursos y de algunos síntomas de diabetes que la agobian, asegura que “sacará” de donde sea el dinero necesario para sus gastos porque “yo soy la voz de mi hija y voy a seguir, hasta el último día de mi vida, hasta ver al feminicida en la cárcel”.

La FGE “tiene otros datos”

La OFVMC advierte que, de 2016 a agosto de este año, han ocurrido 357 feminicidios, pero la FGE de Chiapas reporta sólo 262, es decir, 64 menos. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que, en el mismo periodo, registra cinco mil 727 feminicidios en todo el país, en Chiapas informa de 245, cifra inferior a la de la FGE.

Sin embargo, de enero a septiembre de 2023, el SESNSP colocó a Chiapas entre las cinco primeras entidades del país con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, con 13 mil 760, de un total nacional de 257 mil 317.

Otra de las madres que busca justicia por el feminicidio de su hija, pero que lo hace a nivel federal, es Maricruz Velasco Nájera quien, ante la incompetencia de las autoridades chiapanecas, ha tenido que “gastarse la vida” luchando por este objetivo.

Karla Yesenia Gómez Velasco fue asesinada el cuatro de julio de 2018 en la colonia Francisco I. Madero, de Tuxtla Gutiérrez. “La mataron compañeros de trabajo. Hay un sentenciado: Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, a quien le dieron la pena mínima, o sea, ocho años por homicidio doloso; pero ante la presión que he hecho le aumentaron otros tres”.

De acuerdo con Maricruz, su hija tenía 19 años, estudiaba derecho, fue violada, golpeada y su victimario le pasó una camioneta encima para hacer creer que su muerte había sido un accidente.

La nula voluntad de la FGE y la serie de irregularidades cometidas en la investigación la obligaron a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cuya intervención espera que el asesinato sea reclasificado como feminicidio.

“Es muy raro que eso ocurra, pero lo logré hace como cuatro meses. Ahora sólo esperamos que los ministros hagan bien su trabajo, y confío en que así lo harán; porque en Chiapas, su Fiscalía cometió corrupción”, asevera.

Maricruz considera que no sólo Marvin debe estar en prisión, porque tienen información de que en el feminicidio participaron también otras personas, entre ellas dos mujeres que son parientes políticas de una sobrina del actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

“Gozan de impunidad; pero ahora que peleo la reclasificación del delito espero que las incluyan a ellas”, puntualiza y advierte que si no le dan la razón buscará el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ha recorrido varias ciudades del país en su búsqueda de justicia; denuncia que, en varias ocasiones ha recibido amenazas de muerte y que el pasado cuatro de septiembre dos sujetos dispararon contra su domicilio. “Me quieren callar, pero no lo lograrán”, advirtió.

Contó que ella no quiere ser una víctima de su lucha por buscar justicia contra el feminicidio de su hija, porque no “quiero ser una Maricela Escobedo, sino hallar justicia y que paguen los que mataron a mi hija”.

Un gobierno sin estrategia

Para Selene Domínguez, activista chiapaneca, las autoridades locales de Chiapas no han actuado adecuadamente para prevenir la violencia física contra las mujeres y contra la población en general, debido a la presencia cada vez más incisiva del crimen organizado.

De acuerdo con la Red de Familias Víctimas de Feminicidio, al menos 70 por ciento de los feminicidios fueron cometidos por íntimos, es decir, por parejas, exparejas u hombres cercanos.

Martha Figueroa Mier, defensora de derechos humanos en Chiapas, aclara que hasta 2021 hubo avances significativos en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAVLV) y otras cuestiones de la AVG, “pero el tema acá es cómo operan”.

Explica que sí hay un protocolo para aplicar órdenes de protección; pero que éste sólo funciona en Tuxtla Gutiérrez, porque en el resto de los municipios de Chiapas, “no pasa nada”.

Denunció que, a partir de la llegada de Olaf Gómez Hernández a la FGE, muchos logros que se habían obtenido “se fueron para atrás”; pues se redujo el presupuesto “con el argumento del Presidente de que se lo robaban”.

Sin embargo, explicó, Chiapas aún recibe grandes cantidades de presupuesto municipal, estatal y federal destinado a este rubro; “lo malo es que éste no se aplica, lo aplican mal o no lo entienden”.

Basada en datos duros y solicitudes de información, Martha Figueroa afirma que el panorama resulta más “oscuro” de lo que parece; pues el número de asesinadas, a pesar de que contaban con una orden de protección, es cada vez mayor; “de cada 10 mujeres con protección, al año matan a tres o cuatro”.

Asegura que el gobernador Escandón se jacta de que Chiapas tiene saldos blancos en feminicidios, homicidios y otros delitos de alto impacto, “pero cuando hay un accidente de carretera en el que mueren 10 migrantes cubanas, ése es un homicidio y se deberían investigar las condiciones de vulnerabilidad de esas mujeres y del contexto que vive el estado en el tema de migración y trata”.

También hay otros incidentes violentos que las autoridades estatales omiten, resultando sospechosamente negligentes. En esta situación se halla, por ejemplo, Julieta Martínez Matías, otra madre chiapaneca que, desde el30 de octubre de 2022, exige que el feminicida de su hija Estefanía Martínez Matías sea capturado.

 “Me dicen que ya está la orden de aprehensión, el feminicida está identificado, pero ya pasó un año, y todo va lento”, denuncia, al tiempo que confiesa que su paciencia ya se acabó; y que por razones de salud no ha podido viajar a Tuxtla. 

Estefanía, de 22 años, era nativa de la comunidad Nueva Palestina, del municipio Ángel Albino Corzo; trabajaba en un negocio para sostener sus estudios de enfermería, carrera con la que aspiraba a una mejor vida para ella, su madre, un hermano mayor y una hermana menor.

Sus sueños acabaron el 30 de octubre del año pasado, día en que salió de la casa que rentaba en la colonia Real del Bosque, en Tuxtla, para acudir a una fiesta en compañía de un supuesto amigo; esa noche ya no regresó, y desde la madrugada del día siguiente sus familiares y amigos comenzaron una búsqueda incansable que aún no termina.

“Ella soñaba con ser enfermera, y como yo soy madre soltera tenía que trabajar el doble para sacar adelante a mi Estefanía, que fuera algo en la vida; pero después me dijo que trabajaría y estudiaría para ayudarme”, recuerda Julieta.

A un año de la muerte de su hija, los recuerdos son cada vez más dolorosos, entre ellos el de que Estefanía no tenía en mente casarse, ni tener hijos, pues lo que deseaba era prepararse académicamente.

“Mi hija era muy platicadora, divertida, pero le truncaron su sueño; siempre fue una muchacha alegre y confiaba mucho en la gente, era muy respetuosa… por eso exijo justicia, porque se llevaron una parte de mi vida”.