Las desapariciones en México presentan indicios relacionados con ataques sistemáticos y podrían constituir crímenes de lesa humanidad, señaló el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, rechazó el informe del Comité, calificándolo de sesgado y parcial.

Mientras el Comité de la ONU solicitó llevar el caso a la Asamblea General de la ONU, la CNDH argumentó que el organismo internacional privilegió información de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), sin agotar las instancias nacionales ni reconocer los esfuerzos presupuestales, normativos y operativos realizados por el gobierno en los últimos años.

Además, la CNDH admitió la existencia de violaciones graves durante la pasada “Guerra contra el Narcotráfico”, pero insistió en que las desapariciones forzadas ya no constituyen una política de Estado.

En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), dirigida por María Dolores González Saravia, consideró el informe de la ONU como una oportunidad para fortalecer las acciones del Estado.

También propuso mantener una disposición abierta al escrutinio internacional, reforzar el diálogo interinstitucional y la cooperación con organismos de derechos humanos, así como centrar las respuestas en las familias de las víctimas mediante un enfoque integral que aborde las causas estructurales, la búsqueda inmediata y la atención a la crisis forense.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte de marzo de 2026 se registran 132 mil 534 personas desaparecidas o no localizadas. De estos casos, el Estado mexicano únicamente reconoce 43 mil 128. A este registro, se suman más de cuatro mil 500 fosas clandestinas documentadas en el país.

México acumula, desde 2012 hasta febrero de 2026, 819 solicitudes de acciones urgentes por desaparición forzada ante el Comité de la ONU, lo que representa el 38 por ciento del total mundial. Tan sólo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas solicitudes contra México.

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscó matizar las conclusiones del Comité al señalar que el informe no refleja la realidad actual del país ni corresponde a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

En su conferencia matutina, la mandataria argumentó que el documento retoma información de un periodo previo, entre 2009 y 2017, y se basa en el análisis de sólo cuatro entidades federativas, lo que, a su juicio, limita el alcance y precisión de sus conclusiones.

Por último, reiteró su desacuerdo y defendió las acciones emprendidas para atender el problema, en medio de tensiones con organismos internacionales, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos.