Analistas nacionales y extranjeros han descrito cómo las controvertidas declaraciones y acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han generado desconfianza entre los grandes inversionistas privados y provocado el desplome de la economía nacional por la falta de inversiones productivas que propicien la creación de empleos y recursos fiscales. A este problema se suma el ambiente de extrema inseguridad pública, el cual provocó 35 mil muertes en poco más de un año de administración morenista.

La noche del 12 de febrero, Palacio Nacional se convirtió en una alfombra roja sobre la que desfilaron los empresarios más importantes del país, entre ellos el magnate Carlos Slim, líder de Grupo Carso, el hombre más rico de México y cuya fortuna asciende a 64 mil 900 millones de dólares (mdd), según el diario El Financiero; María Asunción Aramburuzabala, la segunda mujer más rica de México; Emilio Azcárraga Jean, dueño de la televisora más importante del país; Miguel Alemán Velasco, presidente de la aerolínea Interjet; Alejandro Ramírez, CEO del oligopolio Cinépolis; Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Miguel Rincón, dueño de Bio Pappel y Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Esa noche, AMLO recibió a los100 empresarios más relevantes de la iniciativa privada mexicana para pedirles que compraran, por lo menos, tres millones de “cachitos” del sorteo de la Lotería Nacional (Lotenal), cuyo premio mayor sería no el avión presidencial, sino dos mil millones de pesos (mmdp) fondeados con recursos de una recuperación por esa cantidad, efectuada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El titular del Ejecutivo Federal anunció, después de la cena, que logró que 75 empresarios firmaran compromisos de compra y que, a finales de febrero, recibirían las series de la Lotenal. Es decir, el Presidente logró vender tres millones de boletos para rifar el “avión presidencial” por un valor equivalente a mil 500 millones de pesos. “Ellos decidirán qué hacer –dijo durante su mañanera del día siguiente– unos van a a distribuirlos con otras empresas, otros los van a vender en sus comercios, en sus bancos, otros los entregarán a sus trabajadores o promoverán sus productos”.  Las ganancias de los boletos se utilizarían para comprar equipo médico.

Seis días después, AMLO organizó la segunda cena de febrero, pero ahora con corporaciones trasnacionales integrantes de la Americas Society and Council of the Americas, encabezada por Susan Segal. Entre las compañías asistentes figuran la petrolera texana Chevron, Sempra Energy, la cadena mundial de supermercados Walmart, la electrónica Amazon y los bancos mundiales Citigroup y HSBC. Al final de esa reunión, el mandatario declaró que invertirían miles de millones de dólares en el país.

Al día siguiente, cuando se le preguntó de cuántos miles de millones de dólares se había tratado en Palacio Nacional, AMLO contestó que no recordaba. “Hablaron todos de montos, pero yo no recuerdo, no hice la suma, pero sí son miles de millones de dólares de inversión (…) saben que hay finanzas sanas en el país y hay un auténtico Estado de Derecho, que se respeta el marco legal”.

Pero sus propios “datos” sobre la economía mexicana está muy lejos de la versión que otras instituciones tienen. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha confirmado que el crecimiento de la economía del país no solamente cayó a cero por ciento al finalizar 2019, sino que va en un franco retroceso y que ya se ubica en números negativos; pues en enero de 2020 hubo un descenso del 0.1 por ciento. Esta cifra rompe con la tendencia de crecimiento emitida por Gobiernos Federales anteriores, entre los que destaca el dos por ciento anual reportado a finales de 2018.

“Ahorita, todas las prospectivas de crecimiento económico se están ajustando nuevamente a la baja, un tanto porque hay cautela en las inversiones, y también porque hay un entorno internacional más adverso. Entonces, en estos momentos ya se conjugan los factores internos de incertidumbre política, de bajo crecimiento económico, junto con el hecho de la desaceleración global, que además, se va a exacerbar más por el coronavirus. Entonces, es evidente que todo el entorno es desfavorable para un repunte de la inversión en México”, indicó a este semanario el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN). 

El Estancamiento de México, del Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), reportó que el estancamiento de la economía mexicana es tal que, a pesar de un eventual giro en las políticas públicas del actual Gobierno Federal, sería muy difícil que remontara la pérdida de confianza en el sector privado. En un análisis coordinado por el especialista Martín Castellano se asegura que la economía no se recuperará en lo que resta de 2020 debido, precisamente, a la incertidumbre que prevalece entre los inversionistas.

“Si bien la holgura sustancial en la economía y la amplia liquidez global han propiciado el margen para reducir las tasas de interés, las preocupaciones sobre la prima de riesgo han impedido una flexibilización más agresiva de la política monetaria (…) proyectamos que la economía permanecerá estancada este año y que el banco central continuará suavizando la política monetaria solo gradualmente para preservar los precios a largo plazo y la estabilidad financiera”, explicó.

Además, la debilidad macroeconómica y los problemas políticos podrían empujar a la baja la paridad del peso mexicano frente al dólar, lo que llevaría a un ajuste enérgico a corto plazo. Estos aspectos dificultan las posibilidades de nuevas inversiones hacia el país en el corto plazo. El Banco de México (Banxico) coincidió con esta visión cuando anunció que “se ha visto en la necesidad de mantener su política monetaria restrictiva, y creando vientos adicionales en contra de la llegada de capitales productivos”.

Inamovible, la desconfianza empresarial

El 24 noviembre de 2019, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó su Data Coparmex, en la que mostró la caída de la confianza empresarial hacia el gobierno de AMLO desde el 1° de diciembre de 2018. El punto más bajo de la desconfianza, según este análisis, se presentó en octubre de 2019, cuando reportó 38.9 puntos después de que, en febrero, fue de 45 puntos y junio de 41.9 puntos. El cuatro de febrero, el Inegi reportó que en enero había decaído la confianza empresarial, sobre todo en los sectores manufacturero, de la construcción y comercio; en el caso del primero bajó 0.5 puntos para ubicarse en 48.8 puntos.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, mencionó que la reducción del crecimiento económico, que entonces rondaba en el cero por ciento, se debía a la falta de confianza de los inversionistas hacia el gobierno de AMLO. “Nos parece que es una señal de bastante preocupación, es una llamada de atención para que el Gobierno Federal pueda redoblar sus acciones para generar confianza”.

El propio CCE, uno de interlocutores más frecuentes del Gobierno Federal, convocó también a la administración actual a estimular la inversión productiva, generadora de crecimiento económico y empleos, para evitar que la economía siguiera desplomándose.

Fue en este escenario de desconfianza y recelo cuando se dieron las cenas del 12 y el 18 de febrero. Una semana después, el 24 de febrero, se publicó un demoledor editorial en el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ). Mary Anastasia O’Grady, en su columna The Americas, reportó, sobre la cena del presidente AMLO con empresarios, que esta operación “huele mal” y que en Estados Unidos (EE. UU.) había sido vista como un acto de extorsión contra los empresarios, considerando que la administración federal, encabezada por AMLO, es la encargada de otorgar concesiones a los inversionistas privados y a condonarles impuestos.  

O’Grady anotó: “De acuerdo con el Artículo 115o de la Ley de Instituciones de Crédito y el Artículo 41o de Ley Contra el Lavado de Dinero, funcionarios de la Secretaría de Hacienda deben resguardar la confidencialidad de las investigaciones en curso. Además, bajo las leyes mexicanas cualquier sospechoso tiene el derecho a la presunción de inocencia.

“Pero la unidad (se refiere a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) tiene un historial de violar ambas normas, haciendo declaraciones públicas de condena y el congelamiento de activos financieros de los acusados y sus familias aún antes de la presentación de cargos y sin que un juez haya emitido una resolución”.

La periodista estadounidense también advirtió que México avanza hacia un régimen de un solo hombre, que su gobierno usa el terror para doblegar a oponentes políticos y empresarios, bajo la velada o expresa advertencia de ser objeto de investigaciones y acciones por parte de la UIF. AMLO se concretó a responder que la columnista no sabe de historia mexicana, porque él no es Santa Anna ni Porfirio Díaz.

Sin embargo, la bancada panista en el Senado de la República advirtió que el propio titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, había reconocido lo escrito por la periodista extranjera: “Él mismo lo dijo, él mismo señaló y lo dijo que se había utilizado como un instrumento de ataque político, en mi caso en el Estado de México, y posteriormente con Ricardo Anaya’’, declaró a El Sol de México Josefina Vázquez Mota, excandidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex) y hoy senadora panista.

La legisladora hizo alusión a declaraciones de Nieto Castillo relacionadas con el uso que en el sexenio anterior se dio a la UIF como instrumento de venganza, difamación y calumnia contra el excandidato presidencial panista y contra ella, cuando aspiró a la gubernatura del Edomex. Sin embargo, en esa oportunidad, el nuevo titular se comprometió a no caer en tal práctica. 

Tamaliza para pedir “moches”

Ante un escenario económico desolador, diversas fuerzas políticas y grupos empresariales criticaron la liguereza con la que AMLO organizó las dos cenas a principios de este año y que evidentemente no contribuirán a sacar al país del actual bache económico. 

La poca seriedad quedó evidenciada desde la primera cena con empresarios para “conminarlos” a comprar cachitos de la Lotenal. En su mañanera precisó que en los boletos para la rifa se imprimiría la imagen del avión presidencial José María Morelos y Pavón y que el premio no será la nave, sino dinero. Al final aclaró que al avión no es propiedad del Gobierno Federal y que no puede ser vendido, porque está contratado en un plan de renta con opción a compra a la empresa Boeing. A este contrato le restan todavía dos años de vigencia.

La senadora panista Xóchitl Gálvez cuestionó la cena ofrecida a los empresarios y criticó que haya sido la más cara de la historia. Explicó que, en tiempos del expresidente Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún organizó un espectáculo con Elton John, para el cual vendió boletos de 100 mil pesos entre empresarios. Gálvez también advirtió que, en esta ocasión, AMLO había exigido un mínimo de cooperación de 20 mdp por cenar chocolate y tamales de chipilín.

Un asistente a la cena, Bosco de la Vega, el presidente de la CNA, declaró, en una entrevista radiofónica, que comió los tamales más caros de su vida. En tanto, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Comercio (Concamin), reveló que aún se está platicando sobre una condonación de impuestos para quienes presuntamente compraron boletos de la rifa, aunque el 17 de febrero aseguró que no habría tal concesión.

Los empresarios que asistieron a la cena presidencial, asumieron el compromiso, mediante la firma de un documento en el que había cuatro opciones de compra: 20 millones de pesos por 100 mil boletos o cachitos de la lotería; 50 millones por 100 mil boletos; 100 millones por 200 mil boletos y 200 millones por 400 mil boletos.

Durante la cena, los empresarios debían tachar la opción de su preferencia y estampar su firma de conformidad, además de escribir su nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. La cuenta para los depósitos fue de Banorte, encabezado por Carlos Hank, miembro del comité asesor de AMLO.   

En esta ocasión, AMLO estrenó el concepto “empresarios con dimensión social”. Entre otros asistentes relevantes de la cena, figuran la directora de Tresalia Capital; Daniel Servitje, presidente del Grupo Bimbo; Carlos Peralta, director general del Grupo IUSA; Olegario Vázquez Aldir, director del Grupo Empresarial Ángeles; Antonio del Valle, propietario de la empresa Mexichem y presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

El 24 de febrero de 2020, la dirección colegiada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), representada por Fernando Belaunzarán, denunció a AMLO por pedir “moche” a un grupo de empresarios en la cena de referencia. En términos legales, se le denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por concusión y cohecho. Previamente, el 18 de febrero, se había presentado la misma denuncia ante la Secretaría de la Función Púbica (SFP).

“Le quiero decir al Presidente que guarde su pañuelito blanco, la corrupción en México se hace de manera estruendosa y en pleno Palacio Nacional. Lo que hizo el presidente con la tamaliza con 100 empresarios fue pedirles el famoso moche; ¿quién le dice que no al Presidente cuando, en este gobierno, el 78 por ciento de los contratos se dan sin licitación y de manera discrecional?

“Y, además, si la zanahoria está clara, porque se dan los contratos sin licitación, y la Unidad de Inteligencia Financiera ha demostrado que puede congelar cuentas a discreción, incluso, de un ministro de la Suprema Corte en funciones y las de su familia, eso lo hicieron a la vista de todos”, aseguró Belaunzarán.

El perredista describió la cena presidencial con 100 empresarios como un acto de corrupción donde el responsable último de la entrega de contratos gubernamentales con proveedores de bienes y servicios privados los sometió a coacción para recabar mil 500 mdp, según la versión del propio mandatario nacional. 

Belaunzarán insistió en que hay una relación directa entre la compra de los “cachitos” de la Lotenal y el eventual otorgamiento de contratos públicos proveniente del Gobierno Federal. “Cuatro de cada cinco contratos que entrega el gobierno de López Obrador lo hace sin licitación, es el mayor porcentaje de contratos sin licitar desde que pusimos en la ley que la asignación directa debía ser la excepción y no la regla”.

El dirigente de oposición explicó que los dos mil mdp entregados por la FGR, para fondear los precios del citado sorteo, provienen de una recuperación de cinco mil mdp, con los que fueron defraudados derechohabientes del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), dinero que el fiscal general –indicó Belaunzarán– debió haber entregado a la Tesorería de la Federación, porque es un monto sujeto todavía a alguna controversia judicial y, aún más, porque ese dinero pertenece a los trabajadores.