Fotos: Joebeth Terríquez

Baja California es el estado mexicano con mayor número de desaparecidos, colectivos de búsqueda atacados por el crimen organizado, expedientes judiciales sin investigar y cadáveres sin identificar, esto último debido a la falta de personal especializado en antropología forense.

El pasado lunes 16 de mayo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) reportó que el país había alcanzado la cifra de 100 mil personas desaparecidas y denunció que existen deficiencias notorias en los datos oficiales relacionados con este grave problema social.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), de 2006 a mayo de 2022, los estados con mayor número de víctimas de este flagelo son: Jalisco, con 13 mil 335; Tamaulipas, 10 mil 557; Estado de México, seis mil 277; y Nuevo León, cinco mil 887.

Sin embargo, una investigación realizada por la organización de derechos humanos Elementa DDHH reveló que en realidad la entidad con más desaparecidos es Baja California, con 14 mil 426 durante el periodo del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2021, cifra superior a la de Jalisco, sin considerar las víctimas de 2006.

Elementa asegura que la disparidad entre sus cifras y las oficiales se debe a las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California en sus reportes al RNPDNL, pues solo de enero a noviembre de 2021 se reportaron mil 246 personas desaparecidas, cuyo promedio era de 100 por mes.

Para esta organización y otros colectivos de búsqueda de desaparecidos, las omisiones de la FGEBC evidencian no solo su ineficiencia operativa en términos judiciales, sino una lamentable intención de ocultar la realidad crítica en que se halla hundido el estado, pues además del alto número de desaparecidos, Baja California es la entidad con más cadáveres sin identificar, ya que según los registros de Elementa DDHH, entre 2006 y 2020 había más de nueve mil 87 cuerpos en esta situación.

Este hecho ha generado saturación en el Servicio Médico Forense (Semefo), el cual ha tenido que pedir el apoyo de su sede en Tijuana y de otras dependencias en Mexicali a fin de realizar las investigaciones forenses pertinentes y almacenar cadáveres.

Olimpia Martínez, activista en el área de Incidencia de Elementa, reveló que la falta de metodología forense para identificar a las personas es el principal problema y que por ello muchos familiares de desaparecidos tardan cinco o 10 años para conocer la causa de la muerte.

“Semefo los recogió, los congeló y los puso en fosa común, pero no les tomó las fotografías adecuadas, o no señaló los elementos de identificación y nunca fueron reclamados”, detalló.

Martínez explica que el problema que no permite identificar a las personas también se debe a que las fotos que se les toman “son de mala calidad, son en blanco y negro; no hay atención, porque es pésima la calidad de los materiales, porque no registran cosas tan básicas como un tatuaje, cicatriz o demás. Es decir, no facilitan que las personas puedan identificarlas a primera vista”.

El magistrado Alejandro Isaac Fragoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baja California, dijo que “el problema es que recibimos en promedio 18 cuerpos por día (en Semefo Tijuana), a veces recibimos 30 cada día y muchas veces no nos damos abasto”.

El edificio de la Semefo cuenta con capacidad para 120 cuerpos, además de 180 en el termo King y 90 en el cuarto frío, aunque las autoridades ya buscan la forma de ampliar su capacidad técnica para liberar los cuerpos más rápido o mediante la creación de un panteón médico-forense.

Banco de ADN caduco

Los activistas dicen que además de ampliar la capacidad de los Semefos, las autoridades gubernamentales también deben atender una situación relacionada con el mismo problema: la identificación de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas mediante el análisis del ADN, ya que en el periodo de 2009 a 2021 se encontraron 200.

“No sabemos cuál es el seguimiento que se hace después del levantamiento de los cuerpos o los restos. Sabemos que hay un banco de datos de ADN que toman a los familiares de personas desaparecidas, pero no están haciendo el cruce de información y ahí hay un vacío muy importante que vemos como urgente”, dijo Martínez.

Renata Demichelis, directora de Elementa DDHH, compartió a buzos que en una investigación encontraron un problema en los marcadores genéticos, pues en los últimos levantamientos de ADN, la FGEBC utilizó una metodología distinta y que ya no es compatible con los anteriores.

“Esto quiere decir que entonces se necesitan nuevas campañas de registro de ADN, porque se está trabajando ya con marcadores genéticos distintos y las muestras se vuelven obsoletas; y hay familias que seguramente están confiadas en que hace cinco años entregaron las muestras de ADN y resulta que ya no son compatibles.

“Esta situación deja inmóvil el problema. Tenemos que dimensionar en ese sentido la crisis; no estamos resolviendo un problema del pasado, tampoco algo que ya terminó. Se tiene que lidiar con el rezago que existe al tiempo que todos los días entran cuerpos al Semefo.

“No tenemos conocimiento de que exista una campaña permanente de recolección de ADN; no hay claridad tampoco de qué está pasando con esos registros, cómo se está trabajando con ellos, quién está trabajando con ellos y si hay una plataforma de registros unificados con la Comisión Nacional. Ahí hay también un rezago tecnológico importante que tiene estos efectos en el acceso a la información para dar claridad y seguridad de qué es lo que está pasando”, explicó.

A esta situación se suma que los colectivos de búsqueda de desaparecidos no tienen el acompañamiento de seguridad con el que deberían contar a través de la FGE, lo cual los deja en situación de vulnerabilidad y riesgo, problema que ya ha causado estragos en las personas buscadoras.

Demichelis señaló que las autoridades locales y nacionales se limitan a actuar como facilitadoras y gestoras ante otras instancias, porque son los familiares de las víctimas quienes realmente ejecutan los trabajos de búsqueda, sin un acompañamiento psicológico o psicosocial “que los prepare para contener crisis que, obviamente, se van a detonar por estar observando en campo real.

“No hay una búsqueda, como se dice coloquialmente, de gabinete que se pueda detonar como una de las primeras acciones de búsqueda inmediata y búsqueda en vida en donde implique un seguimiento detallado con información cruzada con hospitales, centros de rehabilitación y demás. No lo hay y no existe de tal manera.

“Las instancias facilitan la entrada a ciertos lugares, pero no hacen un acompañamiento de las familias con recursos y capital profesional y psicológico para contener todo lo que detona ese tipo de búsqueda. No solamente es el registro forense, no solamente es el registro de personas desaparecidas; son registros que se deben tener de todo tipo para poder tener una búsqueda adecuada, inmediata y en vida”, recalcó.

El pasado 11 de abril, el colectivo Todos Somos Erick Carrillo sufrió una agresión a balazos mientras realizaba una búsqueda en la zona del Alamar, en Tijuana, lo cual generó alarma en otros colectivos como Siguiendo Tus Pasos, de Ensenada, donde al día siguiente de esa agresión la FGE los dejó sin el acompañamiento de seguridad que les había prometido.

En Tecate, el colectivo Madres Hasta Encontrarte también recibió un ataque el día 20 de mayo mientras realizaba una búsqueda, por fortuna fueron resguardados inmediatamente por elementos de la Guardia Nacional y el asunto no pasó a mayores.

Migrantes, los más vulnerables

Para las activistas, el fenómeno de la migración forma parte y agrava este problema porque “los migrantes están desapareciendo, porque acá no tienen familia ni acompañamiento y en ese sentido es muy importante también visibilizar que las personas que migran interna y externamente por diversos factores son doblemente vulnerables al tema de la desaparición”, dijo Olimpia Martínez.

El hecho de que Tijuana sea un lugar de tráfico de personas y de drogas, sea “legal, ilegal o criminal”, es un elemento o factor que debe incorporarse al análisis integral del problema migratorio en la frontera norte de México.

Esto es necesario porque ahora el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico, sino también a otros negocios ilegales, entre los que se halla la trata de personas y la pornografía infantil, que están vinculadas y no se están tomando en cuenta.

Martínez recordó que en Baja California se decretó la alerta de género en todos sus municipios porque es uno de los estados que figura entre los primeros lugares nacionales por la desaparición de mujeres y niñas.

Elementa DDHH dijo que el rango de edad de las desaparecidas oscila entre los 12 y los 17 años, lo que sugiere que detrás de este grave problema social se hallan delincuentes dedicados a la trata de mujeres.

Los resultados de su investigación revelan además que no hay otro estado de la frontera en donde desaparezcan particularmente niñas y mujeres de ese rango de edad. En Chihuahua, Sinaloa y Sonora, las personas que desaparecen son mayoritariamente hombres de entre 30 y 36 años.

La organización civil informó que, según su análisis sociológico, las mujeres vinculadas al narcotráfico son criminalizadas más que los hombres, porque no se toma en cuenta que a veces se ven obligadas a realizar estas tareas para resolver sus necesidades vitales o son utilizadas por sus familias.

“Las parejas o familiares las obligan; es decir, sí hay mujeres y niñas relacionadas con ello, pero no se está observando que en medio de ello hay un fenómeno social donde las utilizan y son instrumentalizadas: el tema nos da para seguir profundizando en la frontera. El simple hecho de mantener una relación sentimental con alguien vinculado a estas actividades, o ser hijas, nietas o hermanas de personas del crimen, genera que crezcan y se desarrollen en ese ambiente que las deja vulnerables y sin ninguna otra opción. Por eso es importante tener siempre en cuenta el análisis de contexto, porque tampoco podemos hacer juicios y sacar conclusiones tan contundentes en ese sentido de que por eso desaparecen”, dijo Demichelis.

La crisis en Baja California ha ido escalando de tal manera que, en días recientes, más de 12 colectivos de búsqueda de desaparecidos –entre ellos Una Nación Buscando T, Unidos por los Desaparecidos de Baja California y Todos Somos Erick Carrillo– salieron a protestar contra los nombramientos de los titulares de la Comisión de Atención a Víctimas (CAC) y la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP).

Su rechazo se debe a que consideran que las personas designadas carecen de la capacidad operativa para desempeñar dichos cargos y porque, además, los procesos de selección para nombrarlos fueron “amañados”. El nuevo comisionado de la CLBP, designado el martes 24 de mayo, es Rafael Hernández Murrieta.

Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, argumentó que el motivo de la manifestación fue que de los 17 colectivos que están registrados, solo cinco fueron tomados en cuenta, dejando fuera del proceso de elección al resto.

“La gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda) se comprometió a citar a todos los colectivos para escuchar sus inquietudes. Nuestro reclamo es que solo fue tomado en cuenta un pequeño grupo para tomar la decisión de quién sería el nuevo comisionado de búsqueda, eso es discriminación”, dijo.

La FGE se reestructurará

Entrevistado por buzos, el titular de la FGEBC, Iván Carpio, dijo que la desaparición de personas es un problema social grave y sus mandos trabajan ahora en un proyecto para reestructurar íntegramente la institución.

“Nosotros nos encontramos un escenario en el que el área encargada de atender las denuncias de las personas estaba bajo reclamo, petición de atención y seguimiento de sus casos e investigaciones, además de las acciones de búsqueda.

“Por ello estamos trabajando en un proyecto integral para reconstruir y hacer una reingeniería absoluta en el área que se va a encargar tanto de la búsqueda de las personas no localizadas como del esclarecimiento de los delitos en materia de desaparición de personas”, dijo.

El proyecto propuesto por el Fiscal consistirá en habilitar un espacio de apoyo psicosocial en el que van a participar expertos en sociología, criminología, criminalística, psicología, derecho y otras disciplinas.

Esta área realizará sus tareas en estrecha relación con las de inteligencia, investigación especializada y ministerios públicos especializados a fin de obtener inmediatos y mayores resultados, además de abatir el rezago.

“En efecto, nosotros reconocemos que se recibe un problema, pero también estamos procurando cómo atenderlo y salir adelante y avanzar en este problema tan delicado. Nosotros nos sumamos al dolor que tienen las personas que tienen un familiar ausente y nos hemos estado reuniendo con cada uno de los colectivos para escuchar sus inquietudes y también para que escuchen nuestras propuestas y construir juntos una mejor área para atender estos delitos”, informó.

Carpio agregó que van a revisarse cada uno de los expedientes, a realizarse campañas masivas para convocar a las personas que buscan a desaparecidos y que el personal de la PGE se reunirá de manera periódica con ellas para informarles del seguimiento de las investigaciones.

“Se han estado haciendo cambios en los agentes de investigación y del Ministerio Público; todavía son insuficientes, tenemos que meterle más gente y mayor infraestructura y mayores estrategias. Es un rezago importe el que existe y se tiene que ir solventando de forma colectiva y con compromiso de nuestra parte.

 “Para ello, las autoridades tendrán que evaluar lo que ya se hizo y tomar como base lo que ya se ha construido, no desconociendo y desacreditando el trabajo que se ha hecho, ni calificarlo de bueno o malo, simplemente ver lo que se tiene y partir de ello”, puntualizó.