Con el primer gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) se aceleró el desmantelamiento de la política agropecuaria del gobierno mexicano.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lejos de cumplir su compromiso de garantizar la soberanía alimentaria, llevó a México a esta situación con la aplicación de dos medidas “transformadoras”: El recorte del presupuesto al campo y la desaparición de los programas destinados a mejorar la producción de granos básicos como maíz, trigo, arroz y frijol.

Las consecuencias de ambas medidas están a la vista: una mayor importación de estos alimentos –la mayoría provenientes de Estados Unidos (EE. UU.)– y un sensible incremento en los precios de los comestibles. A estos efectos negativos debe sumarse la amenaza que, a mediados de diciembre de 2024, el gobierno estadounidense lanzó al mexicano para que nuestro país importe maíz transgénico.

En diciembre de 2020, el entonces presidente de México decretó el cierre de las fronteras a la importación de maíz genéticamente modificado proveniente de EE. UU.; en 2022 la amplió dos años, además de ratificar su restricción. 

En febrero de 2023, el Diario Oficial de la Federación publicó otro decreto de AMLO, en el que se aclaró que otros granos como soya, algodón y canola no estaban sujetos a tal restricción.

Días después, en una publicación similar, se instruyó a las “dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos contenidos como ingredientes activos para cualquier uso, ya sea en programas públicos o en cualquier otra actividad.

“El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Lo anterior, no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos”.

Pero esta medida no agradó al gobierno del país vecino y la sometió a revisión en un panel del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cuyo resultado negativo para México fue difundido el 20 de diciembre de 2023, tras un año de negociaciones.

El fallo obliga al gobierno mexicano a permitir la importación y el consumo de maíz transgénico. De acuerdo con varios expertos, el gobierno de México no logró sustentar con evidencias científicas que el maíz transgénico resulte dañino para la salud humana, porque se apoyó en el discurso político e ideológico. 

En beneficio del gran capital 

Los especialistas en economía coinciden en que el resultado del Panel de Controversias del T-MEC beneficia a las empresas trasnacionales y perjudica a los productores mexicanos.

La Campaña Nacional Sin Maíz No hay País señaló que el dictamen del panel protege “los intereses de las corporaciones trasnacionales” productoras de maíz, fertilizantes y agroquímicos, entre las que destacan Bayer-Monsanto y DuPont, entre otras, y evade la salud de los mexicanos y el cuidado al medio ambiente.

Monserrat Téllez Serrano, integrante de esta organización civil, explicó que, desde la década de los 90, se ha desarticulado la política agrícola mexicana; y que este proceso se inició con la desregulación de las semillas, entre ellas, las de maíz.

Esto ocasionó que algunas corporaciones trasnacionales emprendieran la modificación genética de las semillas para aumentar su producción y mejorar su resistencia a las plagas y al cambio climático.

“Desde los 90 se empieza una desarticulación de la estructura pública agrícola. Se eliminaron los seguros, los préstamos y créditos al campo; se canceló la compra de productos agrícolas que se distribuían en las tiendas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

“Luego, en el año 2000, vino el cierre de la Productora Nacional de Semillas, la paraestatal encargada de concentrar y resguardar las semillas originales, entre ellas, de maíz y frijol”, dijo a buzos Téllez Serrano.

Estos cambios en la política del Estado mexicano han perjudicado a los pequeños productores porque no se ha sostenido la producción necesaria de maíz blanco –destinado a la elaboración de tortilla– y de maíz amarillo, utilizado para alimentar al ganado de engorda.

Esto provoca que las grandes empresas de EE. UU. sean las principales beneficiarias del vacío legal, ya que tienen a su disposición un sistema agroindustrial completo, con el que ofertan semillas de maíz genéticamente modificadas y otros insumos agrícolas como fertilizantes, por lo que obtienen ganancias superiores a los cinco mil millones de dólares (mdd) anuales.

En contraste, los campesinos mexicanos se quedan con las manos atadas, porque carecen de tecnología, maquinaria y últimamente de presupuesto para conseguir fertilizantes y otros insumos.

“Somos dependientes del maíz amarillo estadounidense que consume el ganado. En EE. UU. existen subsidios, venden más barato, contra lo que productores nacionales no pueden competir. Hay un desinterés en el gobierno por la producción”, denunció Téllez Serrano. 

A decir del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en 2024 México importó de Estados Unidos una cifra récord de maíz amarillo; los datos hasta noviembre, sumaron 21.8 millones de toneladas. En 2023, importó 19.6 millones de toneladas, por lo que el incremento fue del 11.22 por ciento.

Del total de granos comprados por México al país vecino, 51 por ciento es maíz amarillo, lo que evidencia que México no es autosuficiente en tal insumo indispensable para la producción de carne.

Consultada sobre “el descalabro” sufrido por México en el T-MEC, Monserrat Téllez reveló que el fallo no cambiará la situación de dependencia porque, a pesar de la prohibición, el maíz transgénico aún se importa, y en adelante se comprará.

Con respecto a la versión de que el maíz transgénico afecta a la salud humana, explicó que no se ha demostrado el supuesto daño porque las investigaciones resultan insuficientes y no son concluyentes.

Pero ante la posibilidad de que efectivamente perjudique la salud, sería recomendable asumir “un principio precautorio” para evitar riesgos sanitarios en la gente y que las semillas genéticamente modificadas contaminen a las razas nativas de maíz.

Por ello, la especialista advirtió que, ante la falta de regulación legal para el cultivo del maíz transgénico importado, lo idóneo sería que no se le utilice en los campos donde se siembran las semillas originarias.

En México existen 64 razas de maíz; de éstas, 59 son nativas y se dividen en siete grupos porque sus procesos evolutivos se han dado en zonas ecológicas y climáticas distintas. En América Latina se han identificado 220 variedades de maíz.

Los expertos en biología vegetal y los organismos defensores de la identidad cultural y natural del maíz están preocupados por la posible pérdida de las semillas originales.

Asistencialismo político

La carencia de una política agropecuaria enfocada al desarrollo del campo en el gobierno de AMLO –limitación que también afecta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– es causada por los graves rezagos e improductividad del México rural. Gerardo Noriega Altamirano, investigador del Departamento de Agronomía de la Universidad Autónoma Chapingo precisó a buzos:

“No tenemos una política que fomente el desarrollo en el campo mexicano. Los programas que hay, son de corte asistencialista; llámese Producción para el Bienestar, Sembrando vida. En estos momentos, el financiamiento para el campo es mínimo, por no decir otra cosa”. Considera que el Gobierno Federal debe crear un programa emergente para la producción de alimentos, en el que estén contemplados otros granos y no sólo el maíz.

En el diseño de este plan deben participar todas las instituciones e investigadores especializados en tecnología agropecuaria, quienes además deben disponer de los recursos necesarios para su labor. ¿Cómo producir alimentos si no se invierte en el campo?, se preguntó el investigador del Módulo de Producción de Abonos Orgánicos de San Ignacio. Noriega mismo dio la respuesta:

“Sí, le estamos invirtiendo a los programas sociales, pero sólo a un sector del campo que definitivamente hay que atender: pero los que producen para comer son los productores medianos y grandes, y en este momento se encuentran al margen de todos esos programas sociales que trae el gobierno actual.

“Era urgente hacer algo por el sector social de los campesinos marginados. Pero ahora es momento de reflexionar y repensar una política agrícola integral, porque no podemos seguir dependiendo del exterior para alimentar a la población mexicana.

“El problema de la alimentación debe ser un asunto de seguridad nacional”, destacó. Desde su perspectiva, el hecho de que casi 50 por ciento del maíz consumido en México se importe de EE. UU. resulta alarmante porque significa que al gobierno “no le preocupan esas cifras”.

Con relación al fallo del Panel del T-MEC, añadió que “con saliva no basta para ganar una batalla”; y que el error del gobierno consistió en no integrar un “cuerpo de científicos, académicos, tecnólogos, que se pusiera a trabajar para llegar con datos duros a la discusión. Y los resultados ahí están”.

Reveló que se ha avanzado en la conformación de un equipo de genetistas, biotecnólogos, biólogos y químicos egresados de varias instituciones académicas para investigar la genética del maíz.

Entre las universidades participantes destacan la Universidad Autónoma Chapingo, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana.

“Sin embargo –advirtió Noriega Altamirano– la investigación no se sostendrá si no se destinan recursos” e informó que, recientemente, el Instituto Politécnico Nacional adquirió un equipo de alta tecnología para investigar la genética no sólo del maíz, sino también de otras plantas nativas de México, como el maguey y el cacao.

Y agregó que, para crear un sistema alimentario nacional, se necesita la transferencia e intercambio de conocimientos generados tanto por las instituciones académicas como por los trabajadores de la parcela y el surco. 

Pero ello –insistió– “se requiere del desarrollo de un sistema de extensionismo y se necesitan recursos. Requerimos estudiar todos nuestros maíces. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) fue una buena propuesta, pero en este momento es una comisión a la que no se le está dando importancia. Para el caso de los transgénicos, era una institución valiosa”.

Además, apuntó, deben cuantificarse los recursos precisos para que “podamos aprovechar nuestro patrimonio. Ésta es una oportunidad para que se convoque a las universidades y juntos arrastremos el lápiz para construir un proyecto nacional y salir de este atolladero”, reiteró el investigador.

La Conabio fue un centro de investigación científica especializada en las plantas originarias de México, entre ellas el maíz; pero en el gobierno de AMLO fue integrada a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y no se le dotó de los recursos suficientes para continuar con los trabajos de investigación que venía realizando desde hace 32 años.

El desinterés del gobierno actual hacia el campo se evidencia en los tres mil 644 mdp menos que este año ejerce la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respecto a 2024, cuando esta dependencia dispuso de un gasto 4.7 por ciento mayor.

En un comunicado de prensa, Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), denunció: “el discurso sobre la autosuficiencia o soberanía alimentaria, sin presupuesto para apoyos productivos, es pura demagogia populista y continuidad del abandono al campo”.

“En el sexenio de AMLO, el campo vivió un abandono criminal por el desmantelamiento de políticas públicas, la eliminación de instituciones de apoyo a pequeños agricultores, como la Financiera Rural, y el crecimiento de importaciones de granos y oleaginosas, convirtiendo a México en el país número uno en importación de maíz en el mundo”, alertó el dirigente rural.