El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
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Para los encargados de auxiliar al Presidente de la República fue realmente fácil preparar la presentación del Primer Informe presidencial, ya que tan solo abarcó los primeros nueve meses posteriores a su llegada al poder; era hasta cierto punto entendible que el titular del Ejecutivo federal no hablara de resultados contundentes o deslumbrantes en el desarrollo de sus proyectos, pues contaba con la excusa del breve lapso transcurrido desde su toma de posesión.
El Segundo Informe fue también relativamente fácil: los proyectos estaban en marcha, la carrera hacia la meta había arrancado y tanto la corrupción de los funcionarios como el neoliberalismo se habían erradicado por decreto; como golpe de efecto, se anunció la construcción de obras faraónicas, como el tren que desarrollaría a las rezagadas entidades del sur y del sureste del país.
Un Tercer Informe de gobierno ya no es tan fácil como los dos primeros; los errores, deficiencias, torpezas y negligencia en las distintas áreas de mando han aflorado inevitablemente. La realidad de la pandemia, con sus millones de contagios y centenares de miles de muertos se abrió paso y revela crudamente la incapacidad o la criminal indiferencia del subsecretario de Salud.
Ahora, el Gobierno Federal enfrenta serias dificultades para hablar de avances exitosos y silenciar las críticas a su pésima gestión, así como los efectos de una política errónea. Instituciones médicas y expertos en cuestiones de salud concluyen que la actuación de este gobierno contra la pandemia ha sido criminal.
El Tercer Informe presidencial ya debería contener los avances logrados en la atención de los renglones más importantes de la problemática socioeconómica del país y el avance en el cumplimiento de las metas que el Presidente y el gobierno de la “Cuarta Transformación” se fijaron al asumir el mando: la erradicación de la pobreza y la desigualdad social; el crecimiento de la economía nacional (incremento del Producto Interno Bruto); el aumento en los ingresos de los trabajadores; el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante programas sociales, principalmente en los renglones de salud, educación, vivienda, etc. A todo esto debería sumarse el informe de cómo se atendieron problemas que surgieron inesperadamente al iniciar este gobierno: la pandemia de Covid-19, la crisis económica, la interrelación entre ambas y sus repercusiones económicas y sociales.
Pero lo más probable es que los elementos negativos más relevantes de la administración morenista no sean materia del Informe presidencial del 1º de septiembre: el fracaso en el combate a la pobreza; la denuncia desde los medios de comunicación y las “benditas redes sociales” de que la corrupción aún está presente en el gobierno, aunque éste afirme que ya se erradicó; la negligencia que provocó el colapso de la Línea 12 del Metro; la violencia durante todo el proceso electoral, así como el aumento de la inseguridad, los homicidios y el empoderamiento de grupos criminales frente a los que se predica el convencimiento paternal y los abrazos; la incapacidad para proteger a la población del contagio y la muerte durante la tercera ola de la pandemia, que ha terminado con la vida de un cuarto de millón de mexicanos; la insistencia en la vuelta a clases presenciales a pesar del rechazo bien fundamentado del 80 por ciento de los padres de familia y los efectos de los recortes a importantes renglones del desarrollo social.
De acuerdo con el estilo del gobierno morenista en sus discursos, nada de esto se tocará en el Tercer Informe de Gobierno de AMLO y, en caso de hacerlo, será superficial y demagógicamente.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
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Escrito por Redacción