Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
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Al conocer que en unos días más se discutirá el tema de la fiscal Ernestina Godoy, inconformes y víctimas de la gestión de la fiscal Ernestina Godoy, quienes se oponen a su ratificación al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), bloquearon Eje Central y la calle Donceles, donde fueron reprimidos por “policías antimotines” con vallas metálicas.
Con pancartas en las que se leía “protección del gobierno hacia la funcionaria”, los manifestantes pidieron a los diputados del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) votar en contra de Godoy Ramos, debido a que la fiscal dejó a muchas personas sin justicia y, en cambio, protegió a miembros de su partido, Morena.
“Basta, alto, nos revictimizan como mujeres… hay fiscales que siembran armas y drogas para justificar detenciones… los derechos humanos no se respetan por Ernestina Godoy… no más mujeres muertas… no más Godoy carnal…”, se podía leer en los carteles.
Sin embargo, al igual que a los otros grupos que han protestado contra el gobierno capitalino, como los médicos, transportistas, mujeres con cáncer, etc., las autoridades de la CDMX los reprimió enviándoles granaderos (ahora “policías antimotines”).
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera