Samuel Aguirre Ochoa, dirigente del Movimiento Antorchista en Veracruz rechazó las acusaciones de Cuitláhuac García, quien, junto al secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans, aseguraron que el secuestro de los 4 antorchistas se debió a un “presunto conflicto entre dos grupos dedicados a la venta ilegal de cigarrillos”.

Aguirre Ochoa rechazó categóricamente tales acusaciones y señaló que se trata de un intento muy burdo del gobierno veracruzano por “lavarse la cara”, después de que miles de mexicanos lo señalaron en las redes sociales por estar agrediendo a integrantes de la organización.

A través de un video mensaje, el dirigente antorchista acusó al Gobierno de Veracruz de calumniar y criminalizar a los 4 antorchistas secuestrados el pasado 8 de octubre y de estar orquestando acciones intimidatorias contra activistas de la organización.

“La liberación de nuestros compañeros no fue producto de la bondad ni la eficacia del Estado, sino de la presión social que realizaron miles de mexicanos a través de las movilizaciones y la denuncia en medios de comunicación y redes sociales. La fiscal NO sabe ni la fecha del secuestro, en el video dijo que fue el lunes 8 de octubre y en realidad fue jueves. Como quedaron desenmascarados ante la opinión pública nacional, ahora están tratando de cuadrar apresuradamente una versión que no los haga quedar tan mal”, señaló Aguirre Ochoa.

En este sentido, el líder social reprochó que ahora se pretenda criminalizar a los 4 antorchistas y a sus familiares luego de estar más de 48 horas secuestrados, siendo víctimas de torturas físicas y psicológicas y no descartó que detrás de este hecho se encuentren funcionarios del gobierno morenista de Veracruz, pues recordó que en anteriores ocasiones diversos miembros de la organización han sido blanco de ataques y amenazas intimidatorias.

“No es la primera acción que demuestra que sufrimos persecución política del gobierno morenista de Veracruz; existen denuncias penales creadas artificiosamente en contra mía y de otros líderes antorchistas. Hace un año, después de una manifestación, un grupo de policías estatales intentó detenerme sin presentar ningún mandamiento judicial. Además, en el mes de abril pasado, luego de exigir al gobierno estatal la instrumentación de un plan económico para ayudar a las familias afectadas por la pandemia, más de 150 jóvenes de los clubes deportivos y culturales y activistas de Antorcha recibieron llamadas de extorsión y algunos fueron víctimas de secuestro virtual. Hace 15 días por vía electrónica le hicieron amenazas de muerte a un integrante del Comité Estatal de Antorcha en Tantoyuca. Es decir, hay muchos elementos que nos hacen pensar que el reciente secuestro se trató de un acto de represión política, es el eslabón más reciente de una política agresiva contra quienes encabezamos peticiones del pueblo veracruzano y criticamos la inefectividad del gobierno de Morena”, puntualizó el líder social.

Finalmente, pidió a la opinión pública veracruzana y nacional ver el intento de criminalizar a las 4 víctimas de secuestro como una nueva agresión del gobierno de Veracruz y los llamó a condenar esta actitud perversa del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.