Se entiende que la superioridad de un régimen sujeto a leyes respecto a otro que no lo está, reside en el acotamiento riguroso que la propia ley impone a los actos de quien o quienes detentan el poder de la nación. A diferencia de los Estados absolutistas en que la voluntad del monarca era la única limitante y el único juez de sus actos, el gobernante sujeto a leyes no puede imponer sus decisiones personales; solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Ésta es la hoy tan traída y llevada certeza jurídica que muchos ciudadanos denuncian como gravemente vulnerada por el gobierno de la 4ª T.

No es indispensable que los actos fuera de la ley de un gobernante sean perversos, crueles o dañinos al bien común para que su conducta sea considerada como ilegal y para que sea sometido a juicio como cualquier otro infractor del Estado de derecho. Es el hecho mismo de traspasar los límites de la ley lo que constituye un delito, sin importar para nada la naturaleza de la acción que lo provoca. Y es así porque, si por la bondad del objetivo que perseguimos, todos estuviéramos dispensados de respetar la ley, se estarían echando las bases, o para la anarquía social o para la dictadura y el absolutismo. Cuando una grave contingencia social (como la actual pandemia de Covid-19), exige imponer límites y restricciones a las libertades individuales en contra de la voluntad de las personas, el gobierno debe decretar el estado de excepción, es decir, la suspensión temporal de las garantías individuales, como la ley lo faculta y le ordena. Si resulta posible hacerlo, sin embargo, es preferible someter las decisiones difíciles a la consulta de la ciudadanía, escrupulosamente regulada por el Estado de Derecho.

En México, desgraciadamente, hace buen rato ya que el ciudadano común y corriente perdió la confianza en la ley y en las autoridades encargadas de aplicarla. Aunque no todos lo digan, todos piensan que la ley, mejor dicho, que la interpretación y aplicación de la ley son materia muy elástica, extremadamente proteica y maleable en manos de quienes la manejan y aplican, al grado de que funciona mejor como una mercancía, como algo que se compra y se vende al mejor postor, que como escudo protector para quien haya sufrido un agravio, un atropello o graves lesiones a su patrimonio y a su persona. ¡Cuidado!, se aconsejan entre sí las personas; cuidado porque, en un descuido, no solo no te van a hacer justicia, sino que puedes acabar en la cárcel y pagando una multa, mientras tu agresor se burla y se regocija. La gente siente verdadero pavor solo de tener que pisar un juzgado o un ministerio público.

Hoy, en tiempos de la 4ª T, se ha puesto en circulación una novedosa forma de burlar la ley sin caer en falta pasible de castigo. Una forma que se ha hecho posible por el excesivo poder que concentra en sus manos el Presidente. Su dominio absoluto sobre la mayoría de diputados y senadores que conforman el Congreso de la Unión, y con el Poder Judicial milagrosamente alineado con el proyecto de la 4ª T, al Presidente le resulta de lo más seguro y expedito modificar a su gusto las leyes que lo limitan o estorban para poner por obra sus ideas y proyectos; derogar de plano aquellas que a su juicio no tienen compostura, y crear en su lugar otras a la medida de sus necesidades y deseos, sin importar que se den de bofetadas con los principios básicos del derecho universal y, en no pocos casos, claramente lesivas de los derechos y garantías que deben tutelar. De esa manera, el Presidente ha hecho posible lo imposible: gobernar atenido solo a su propia voluntad y guiado por su muy particular criterio, sin tener que violentar los límites que la ley le impone. Si le estorba, la cambia y listo.

Pero no se crea que por eso se respetan y obedecen los límites y acotaciones de las leyes que han quedado en pie (las que se han salvado hasta ahora de la guadaña morenista). Por el contrario, la manipulación, el retorcimiento interpretativo de la norma, su aplicación parcial y arbitraria (sin que se salve ni siquiera la Carta fundamental), se han multiplicado varias veces en comparación con el pasado inmediato y se han vuelto más descarados, arrogantes y desafiantes que nunca. Ejemplo y prueba de ello son las consultas que todo mundo conoce, que se han hecho sin norma, sin control y sin  supervisión de autoridad competente. Y a nadie en la 4ª T parece importarle semejante manipulación grosera de la voluntad popular para legitimar las decisiones del Presidente. En general, lo mismo pasa en otros terrenos y con todos los encargados del manejo y aplicación de la ley: tampoco parece importarles ni el ridículo ni el descrédito que les acarrean los galimatías, los desvergonzados retorcimientos del pensamiento racional y de la lógica jurídica, ni las mentiras descaradas con que intentan “explicar” y justificar lo que no tiene explicación ni justificación alguna.

Pongo un caso. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla acaba de fallar, el martes de la semana pasada, en contra de la apelación que el Movimiento Antorchista Poblano (MAP) presentó para defenderse del atropello que el Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE) cometió negándole su derecho a constituirse en partido político local. La materia sobre la que debía pronunciarse el Tribunal era clara: si el IEE tiene o no razón al negarle al MAP su registro, alegando haber presentado extemporáneamente la comunicación de su intención al respecto que ordena la ley, a pesar de lo cual autorizó y validó 23 asambleas distritales con que el MAP cubrió con creces los requisitos exigidos por el propio IEE. El Tribunal declara legal la resolución del IEE, al mismo tiempo que enfatiza que fue un error suyo haber dejado correr las 23 asambleas del MAP, que debió suspender de inmediato ante la flagrante extemporaneidad de la gestión. No se detuvo allí. Acusó al MAP de no haber entregado en tiempo y forma la documentación sobre el origen y la aplicación de los recursos empleados en el proceso, y sostuvo que el personal del IEE que supervisó y convalidó las asambleas no estaba debidamente acreditado.

Vayamos por partes. Si el error fue del IEE, no se entiende por qué el Tribunal concluye que es el MAP quien tiene que pagar los platos rotos. El IEE, integrado por especialistas calificados y que devengan un buen salario para cumplir con sus funciones,  ¿no incurre en responsabilidad alguna al fallar tan lamentablemente en este caso? ¿Ellos no tienen que pagar nada por el daño cometido en contra de ciudadanos que confiaron en su seriedad y profesionalismo? Además, la cuestión de la extemporaneidad hace ya rato que quedó perfectamente aclarada: no hubo tal extemporaneidad; lo que sucedió fue que la comunicación de intención la hizo, en tiempo y forma, un primer comité promotor denominado “Podemos Puebla”. El MAP retomó el proceso (abandonado previamente por el primer comité) y reinició las gestiones donde aquél las dejó, después de un cambio de nombre y de miembros del comité originario, un trámite absolutamente apegado a la ley electoral vigente. El MAP, además, nunca ocultó esto, y el IEE estuvo perfectamente informado de todo y nunca objetó nada al respecto. Fue precisamente por eso que autorizó al MAP culminar el proceso iniciado y abandonado por “Podemos Puebla”, y no por un “error”, como dice el Tribunal.

De acuerdo con esto, para que la teoría del “error” tenga validez, el Tribunal debió haber investigado y demostrado que la operación de cambio de nombre y de miembros efectuado por el MAP es ilegal, y además, que el IEE lo ignoraba o que lo pasó indebidamente por alto. Nada de esto hizo el Tribunal, de manera que su resolución se basa en una pura y simple afirmación, no demostrada de ningún modo. Para rematar, hay que insistir en que el MAP no pudo dañar el legítimo derecho de “Podemos Puebla”, simple y sencillamente porque “Podemos Puebla” no existe ni nunca existió como organización civil, ya que fue el propio IEE quien le negó esa condición. Es una sola persona, la señora Camerina Viveros, la que ha puesto de cabeza al IEE y al Tribunal Electoral de Puebla, alentada por políticos poderosos interesados en bloquear al MAP. A este juego sucio se prestó el Tribunal Electoral Poblano.

La acusación de que el MAP no justificó el origen y la aplicación de sus gastos es, simple y llanamente, una mentira a secas. Para convencerse de esto es suficiente con revisar la documentación respectiva, que el propio IEE certificó de recibida. Finalmente, sobre la falta de representación del personal del IEE que validó las 23 asambleas del MAP, solo podemos decir que es de pena ajena. ¿Quién da los nombramientos a los supervisores del IEE? Suponemos que el propio IEE. Y entonces, ¿por qué es el Tribunal quien “descubre” y denuncia (¡hasta ahora!) ese elefante en la sala del IEE? ¿Dónde queda la autoridad y la dignidad de los señores consejeros de ese Instituto? ¿El carácter “suplementario” de la actuación del Tribunal consiste en reforzar las mentiras del IEE para maquillar mejor el atropello del que, a partir de ahora, ambos son responsables? ¿Con base en qué ley el Tribunal se puso a buscar argumentos para acusar y descalificar a los quejosos? ¿Se vale que actúe al mismo tiempo como fiscal y juez?

No hay duda. El total desaseo y desparpajo con que el Tribunal “resuelve” la apelación del MAP; la denuncia ante la Fiscalía General de Puebla por delitos tan inventados como toda la argumentación restante para amedrentar a los antorchistas, completan el cuadro de un típico “acto de justicia en tiempos de la 4ª T”. Detrás de todo este lodazal se esconde la mano del gobernador Miguel Barbosa, y es de su respaldo de donde sacan el descaro y la arrogancia con que actúan los señores magistrados. Urge la unión firme y decidida de todos los agraviados por esta gente, para reconquistar la libertad y los derechos de todos por la vía democrática. Hoy aún se puede; el camino pacífico no está todavía totalmente bloqueado. Mañana quién sabe.