En México es frecuente oír hablar a políticos y funcionarios de cualquier ralea de “deuda histórica”; se ha normalizado tanto el discurso y el hecho de que deudas se tienen en todos lados, que ya nadie se sorprende de nada. Y no hay peor injusticia que la que se comete contra los trabajadores mexicanos en un mercado laboral donde el trabajo resulta mal pagado y escaso, que contar con un empleo ya es ganancia; por esta razón, los trabajadores deben soportar no sólo el trabajo precario, sino también maltratos y humillaciones, so pena de ser despedidos sin ningún miramiento ni mucho menos remordimiento de sus empleadores. De la precariedad laboral y sueldos bajos nadie se salva, en un ambiente donde los salarios, aun con la alharaca de que se incrementan cada año, pierden poder adquisitivo; y en el caso de algunos sectores, tales incrementos no aplican.

Los trabajadores llegan a creer, porque las ideas de meritocracia están muy arraigadas, que conforme se está mejor instruido, los salarios son más altos, pero esto no necesariamente es cierto. Tal es caso del sector universitario, donde los maestros, por muy instruidos y preparados que estén, reciben salarios mensuales de 20 mil pesos en promedio, aun contando con maestría y doctorado; además, se enfrentan con el bajo presupuesto otorgado al sistema superior, un recorte real acumulado de 40 por ciento de acuerdo al Centro de Investigación en Política Pública.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce que 470 mil maestros trabajan en el nivel superior. De éstos, casi 50 por ciento se contrata en escuelas privadas porque el sistema público no puede absorberlos. Pese a lo que comúnmente se piensa, los maestros universitarios prefieren trabajar en las universidades públicas, porque si bien en éstas no se generan las mejores condiciones, en las escuelas privadas, se sabe que las prestaciones y salarios son todavía más bajos, amén de que no existen ciertos beneficios como ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, cuyo requisito principal es trabajar en una universidad pública.

El diagnóstico sobre los desafíos del Sistema Nacional de Educación en México alerta en torno a que el 70 por ciento de los docentes que imparten clases en educación superior están contratados por asignatura, es decir, que no cuentan con tiempo completo. Pero no sólo eso: no se dice que, salvo las universidades autónomas, en los demás sistemas del nivel superior, los maestros de asignatura y de tiempo completo son contratados por tiempo determinado, por periodos que van de seis meses a un año. Un contrato de este tipo no ofrece ningún tipo de certeza a los maestros; continuamente están asediados, sobrexplotados porque deben impartir hasta más de siete asignaturas diferentes al semestre y regularmente deben estar permanentemente frente a grupo, sin contar con tiempo o espacio para dedicar a asesorías, investigación o vinculación; aun así, se les exige que las realicen en sus tiempos de descanso, incluyendo los trámites administrativos.

De esta manera tenemos un maestro de tiempo completo que carga con el peso de la educación ofrecida por su institución y, por el otro, maestros de asignatura que deben completar su salario con otros empleos, eso sí: en ambos casos, su hogar se convierte en una extensión de su empleo, porque si no cumple con las exigencias de su universidad, no le renuevan el contrato.

Parece increíble que en el discurso se señale que la cobertura educativa va en aumento, pero no se diga que se realiza a costa de la explotación de los maestros; contradictoriamente, en varios planteles, el personal administrativo representa dos terceras partes y los maestros sólo un tercio.

Aunque vive la misma precariedad que los docentes, el personal administrativo funciona como un mecanismo de control que vigila, acosa y audita a los profesores, igual que los capataces. Lo peor es que aun cuando se difunda que, con el actual gobierno, se vive en un ambiente que desborda democracia, lo cierto es que cuando los maestros se deciden aisladamente a pelear por sus derechos, le cae encima todo el aparato administrativo gubernamental, y los inconformes son despedidos inmediatamente. Los maestros del nivel superior deben organizarse nacionalmente para que la palabra “justicia” deje de ser un mero discurso.