La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Recomendación 116, emitida desde 1962, ha promovido la reducción de la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales, instado a los países a avanzar hacia este objetivo, argumentando que jornadas laborales más cortas tienden a mejorar la productividad, reducir el estrés laboral y fomentar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores.

Sin embargo, desde hace tiempo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha informado que México es el país miembro de dicho organismo donde el trabajador destina más tiempo a la actividad laboral, con más de dos mil 207 horas anuales, cerca de 500 horas más que el promedio en las naciones que conforman la OCDE, que es de 1.742 horas al año.

En este sentido, en 2023, el gobierno morenista promovió una iniciativa para reformar el Artículo 123° de la Constitución, con el objetivo de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Sin embargo, se trató sólo de un espejismo. A pesar de ser aprobada en comisiones por la Cámara de Diputados, dicha iniciativa quedó congelada hasta no ser aprobada por la clase empresarial. 

Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, declaró recientemente que, al término de la pasada legislatura, “todas las iniciativas no aprobadas fueron desechadas”, lo que significa que el dictamen para reducir la jornada laboral fue desechado, por lo que deberá presentarse una nueva iniciativa.

La mayoría de los empresarios se resiste a aceptar esta reforma y plantea que su aplicación debe ser gradual ya que, para ello, requerirán invertir cuantiosos recursos en investigación, capacitación y tecnología. Con la reforma, dicen, los trabajadores verían recortada la jornada laboral, pero al mismo tiempo deberán asegurar un incremento en la productividad. Es decir, trabajarán menos tiempo a cambio de un aumento en la producción.

Además, agregan que “habrá sectores en los que no se pueda implementar la reforma. Las empresas grandes que tienen mayor productividad, tal vez podrían contratar más trabajadores, o simplemente reducir la jornada de trabajo; no obstante, habría casos en los que esto no sería posible, como las pequeñas y medianas empresas”. Para garantizar su margen de ganancias, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conforman más del 90 por ciento de las empresas en el país, con la aplicación de la reforma quedarían orilladas a incrementar el precio de sus productos o servicios a fin de cubrir el pago de sus empleados y la operación de sus negocios; hecho que inevitablemente provocaría un incontrolable proceso inflacionario.

Así las cosas, podemos entender entonces la posición propatronal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien, el 1° de octubre, durante la presentación de sus 100 compromisos de gobierno, echó reversa a la propuesta inicial y se pronunció en favor de una reducción paulatina de la jornada laboral de 48 a 40 horas: “Estoy segura que lo vamos a lograr. En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas”.

Como podemos observar, la lucha de clases se expresa una vez más: los intereses de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales se enfrentan inevitablemente a los intereses de los patrones por mantener e incrementar sus índices de ganancia. No cabe duda que la clase obrera, que es la productora de toda la riqueza social, merece mejores condiciones de vida. Si los trabajadores reciben un mejor salario, si están más capacitados para adaptarse a los cambios tecnológicos, si tienen más tiempo para descansar, para destinarlo a su familia y a su superación individual y colectiva, serán trabajadores más productivos. Entendiendo que la productividad laboral no necesariamente está relacionada con la cantidad de horas destinadas al trabajo, sino que se mide en términos de la cantidad de producción o servicios generados por cada unidad de trabajo, tiempo o capital invertido.

Como se ven las cosas, en lo inmediato no habrá una reducción en la jornada de trabajo, lo que revela que el gobierno morenista no sólo sirve a los intereses del capital, sino que es un gobierno que engaña al pueblo, que promovió esta iniciativa de reforma únicamente con fines electoreros para garantizar el voto de millones de trabajadores en favor de Claudia Sheinbaum; pero que en el fondo el bienestar de los trabajadores no es ni será una prioridad para Morena. Basta con observar cómo, en unos cuantos meses, con la mayoría de sus votos en las Cámaras de Diputados y Senadores, impulsaron de inmediato la reforma al Poder Judicial o la extinción de los organismos autónomos porque esos temas sí eran prioritarios para la 4T, es decir, todo aquello que les permita tener el control absoluto del Estado, pero no así la reforma a la reducción de la jornada de trabajo: ésa puede esperar el tiempo necesario que mejor convenga a los empresarios y a los intereses políticos del gobierno neoliberal morenista.