Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones, su administración debió asumir dos retos: cumplir las expectativas desmesuradas de sus seguidores y votantes y definir la forma en que reaccionaría ante los ataques de sus adversarios, que una vez que arribara el poder se convertirían en oposición durante todo el sexenio.
Hoy podemos decir que AMLO se muestra relativamente tranquilo y despreocupado; la oposición solo es de membrete y por ningún lado se vislumbra la formación de un frente que haga un verdadero contrapeso político al autoritarismo presidencial. Ni el Revolucionario Institucional (PRI), ni Acción Nacional (PAN) y mucho menos el de la Revolución Democrática (PRD), que ya está más muerto que los otros dos.
El PRI se enganchó en la elección de su nuevo presidente Alejandro Moreno, “Alito”, y no se aprecia en él ninguna intención de refundarse, de ser una verdadera oposición y de abanderar las principales demandas de la población. Los gobiernos priistas, como los de Hidalgo, Oaxaca, y el Estado de México (Edomex) prefirieron alinearse al poder oficial y mandar el mensaje de que “en sus estados ellos deciden”; algo que, aunque sea en menor grado, tuvo que aceptar AMLO. No es extraño, por ejemplo, que en el informe de Alfredo del Mazo estuvieran en primera fila Olga Sánchez y Claudia Sheinbaum.
Por otro lado, aunque PAN y PRD quisieron fusionarse para ser competitivos, la lucha tribal en su interior no les permitió siquiera ponerse de acuerdo en lo elemental. A ocho meses de iniciado el sexenio, la oposición, no solo no encuentra un mecanismo para lograr que el Presidente los considere actores relevantes. Tanto AMLO como algunos gobiernos estatales han tenido que ceder a las pretensiones de AMLO, que insiste en tomar decisiones que amenazan con convertir al presente sexenio en uno de los peores de los últimos 50 años.
En estas semanas “se discutirá” el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; pero la “oposición” no da una; en lugar de capitalizar la creciente inconformidad social, de resurgir como Ave Fénix, y levantar la bandera popular, se limita a dar “recomendaciones” expertas que no aplicó en el pasado, sin reflexionar en lo que la realidad exige; por ejemplo, que en México las injusticias han aumentado y que la población, tarde o temprano, se verá obligada a promover el cambio democrático con tal de ver resultados.
El pueblo está despertando; también está aprendiendo de la experiencia. El maltrato, la agresión y el abandono de sus gobernantes va obligándolo a entender que la “Cuarta Transformación” (4T) de AMLO no modifica el status quo, y que no habrá ningún cambio de fondo, orientado a las grandes masas populares, combatiendo males sociales como pobreza, inseguridad, violencia, insalubridad, desempleo, falta de salud, etc.
Cuando AMLO llegó al poder, 63 por ciento de los mexicanos creía que él resolvería los problemas de corrupción; 70 por ciento esperaba una reducción de la pobreza y un avance en la economía. Si hoy se preguntara otra vez a los mexicanos, los datos no serían los mismos, estarían muy por debajo de esas cifras. El primer día que AMLO rindió protesta como Presidente, la percepción era lo que importaba, no la posibilidad de lograr el crecimiento económico o resolver las necesidades de los mexicanos.
Las cosas parecen ir de mal en peor; la inseguridad y la violencia han aumentado pero la economía tiene cero crecimiento y la corrupción dista mucho de haber desaparecido; se rumora, incluso que el círculo más cercano al Presidente, su propia familia, padece esta enfermedad, que sus hijos controlan, con otros nombres, muchas empresas.
A lo anterior se agrega la autorización de un Presupuesto de Egresos a modo, que mantendrá la misma situación precaria en muchos renglones de la vida nacional para poder destinar más recursos a las ya famosas transferencias monetarias directas, que nunca han resuelto los problemas sociales en ningún país.
Esto viene a demostrar que nada está “requetebién”, como dice AMLO, a quien solo importa que sus seguidores le crean, aunque su desempeño como gobernante sea pésimo.
Los moribundos partidos de “oposición” no deberían descartar una reestructuración o una alianza para ganarle poder al morenismo en las elecciones de 2021; una alianza sostenida sobre acuerdos concretos; en primer lugar, que cada partido postule a sus candidatos donde realmente tengan posibilidades de ganar; solo una alianza así podría detener el autoritarismo de la 4T, que ya sabemos no se propone eliminar de raíz los problemas de México. Por el momento, querido lector, es todo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).