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En México, hombres y mujeres laborantes sufren de abusos e injusticias en sus centros de trabajo; sobre todo en la industria fabril, donde en la actualidad, se pueden encontrar casos inhumanos y viles, una descarada explotación y violación a los derechos humanos.
El obrero para poder sobrevivir necesita ofrecer su fuerza de trabajo, por tal acción los patrones pagan el coste de esta, es decir, lo que cuesta producir alimentos y servicios indispensables para que el trabajador pueda acudir diariamente a laborar, más no se le paga lo que produce, su fuerza de trabajo o plusvalía, valor que el obrero realiza dentro de la jornada laboral, pero que no se le paga al trabajador; y que significa la ganancia que se apropia el capitalista. Como bien lo explica la autora chilena Martha Harnecker en su libro ¿Qué es la sociedad? en 1986, donde describe detalladamente el proceso del trabajo, en este libro también se dice que el obrero se ve obligado a continuar siendo explotado, ya que dentro del sistema capitalista en el que vivimos, los patrones abusan de su poder, por la necesidad que tiene el trabajador del empleo. ¿Cómo? Si el obrero se queja por sus condiciones de trabajo, el patrón le dice “yo soy el dueño de esta fábrica, si no les gustan las condiciones de trabajo, vayan a buscar trabajo a otra parte”, los obreros saben que a donde vayan les dirán lo mismo, se resignan a trabajar para que el patrón se enriquezca, imponiendo sus injustas reglas.
Desde que se plasmó este libro, hace más de tres décadas, desgraciadamente el obrero se ha desenvuelto de la misma manera dentro de la industria, con largas y extenuadas horas laborales, con bajos salarios, sin pago de horas extras, en algunas situaciones, sin ningún tipo de prestación, y, por si fuera poco, en muchos casos son despedidos sin justificación, sin obtener lo que les corresponde por Ley. El despido injustificado de un empleado le genera al patrón una serie de obligaciones económicas, por lo menos deben recibir tres conceptos: finiquito, prima de antigüedad correspondiente e indemnización de tres meses de salario. En algunos casos, la indemnización incluye 20 días de sueldo por cada año trabajado.
En este contexto, Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el estado, informó que anualmente reciben alrededor de tres mil 800 reclamos donde la principal causa es por despidos injustificados. Dentro de los principales conflictos laborales los “despidos injustificados” ocupan el primer lugar con 87.5 por ciento de las demandas que interponen los trabajadores ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).
Aunado a los anteriores, se han desatado conflictos en los casos en que los patrones no cumplen con el otorgamiento de las prestaciones inscritas en la Ley Federal del Trabajo (LFT); en 2019 se reportaron mil 375 casos; es decir 56.2 por ciento.
Datos a nivel nacional registran más de 11 mil denuncias digitales de trabajadores por despidos injustificados y reducción arbitraria de salarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Esos 11 mil casos fueron registrados exclusivamente a través de la aplicación virtual habilitada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a mediados de abril, denominada Procuraduría Digital.
A pesar de que en nuestra Constitución está estipulado en el artículo 123 el derecho al trabajo digno, acceso a la seguridad social, se establece el derecho a percibir un salario remunerador, con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo; parece ser que lo que dicta la Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo son letra muerta para los poderosos y las autoridades, estás ultimas en la mayoría de las ocasiones, corrompen su labor perjudicando más al obrero.
Está situación es tan lamentable, pues también se pueden ver otros tantos casos, donde los patrones maltratan al obrero con tal de que este renuncie, en San Luis Potosí existen casos de hostigamiento, amenazas, desprestigio, entre otras artimañas en contra del trabajador, todo con tal de no pagar liquidaciones, otorgar un salario digno y justo, tener las condiciones laborales para los obreros, etc.,
El reporte de la STPS indica que también se presentaron demandas por la falta en el pago de utilidades, 119; pensiones por riesgo de trabajo, 88; prestaciones de seguridad social, 86; retención salarial, 62; y designación de beneficiario 31 casos.
Los datos anteriores son solo una muestra de la situación actual de los obreros y obreras en México, de la existencia, en pleno siglo XXI de la explotación, pareciera absurdo este término, pero es real, el hombre necesita descansar, tener tiempo de calidad para sí mismo y su familia, contar con las condiciones necesarias que le permitan alimentarse, vestir, tener una vivienda digna, a recibir una atención médica, costear los estudios académicos de sus hijos y actividades recreativas, etc., sin embargo, sobreviven con un salario mínimo que pasó de 102.68 a 123.22 pesos, contra un encarecimiento del más del 10 por ciento en la canasta básica, anulando el poder adquisitivo de los trabajadores, solo por mencionar una de las tantas dificultades que padecen la mayoría de los mexicanos, 52.4 millones que padecen pobreza, y esto empeorará en los próximos años debido al aumento del desempleo a consecuencia de la pandemia, se pronostica que serán más de 70 millones de pobres en el país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Por lo tanto, para enfrentar esta injusticia, el obrero debe luchar por sus derechos laborales, ¿cómo? siendo uno solo, tomando los conocimientos suficientes para hacerle frente al opresor, no con violencia sino con sapiencia, organizándose. Recuerde que la unión hace la fuerza.
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Escrito por Erika Herrera
Colaboradora