El partido no acreditó las afiliaciones con la documentación original exigida por la normativa electoral por lo que se ordenó que esos registros se contabilicen a favor de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.

México se prepara para la elección concurrente más grande de su historia, con 18 mil 930 cargos de elección popular en disputa y 17 gubernaturas en juego.

Se renovará la Cámara de Diputados; 17 gubernaturas y 13 mil 515 cargos municipales. También 3 mil 800 plazas de jueces federales y estatales.

El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.

Retirar la facultad al INE de realizar nombramientos de titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas.

El incumplimiento del registro derivará en la suspensión del servicio, tanto en líneas de prepago como pospago.

Las autoridades electorales indicaron que a partir del 5 de enero de 2026 reanudarán todos los módulos en sus horarios habituales.

Contrario a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, el INE defiende a los organismos porque atienden las particularidades de cada entidad.

Busca fortalecer la prevención y el acompañamiento a víctimas más allá de los procesos electorales.

Los afectados deben acudir al módulo del INE más cercano con una credencial anterior.

Dirigentes de 58 partidos estatales entregan propuestas de reforma electoral y piden condiciones más justas frente a los partidos nacionales

Con el pre-registro en línea, los ciudadanos podrán enviar documentación de manera remota, lo que reducirá tiempos de espera.

La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.