Se emitieron 369 resoluciones, de las cuales 164, equivalentes a 44.4 por ciento, resultaron con sanciones.
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El hecho de que una mujer haya llegado a la Presidencia ha despertado un nuevo horizonte de esperanza para muchas mexicanas. En diversos medios de comunicación se ha proclamado que “es tiempo de mujeres” y que ésta es “una oportunidad crucial para consolidar la igualdad de género”. Existe ahora una expectativa palpable de que con Sheinbaum en el poder las posibilidades de impulsar una agenda feminista son más reales que nunca. Su gobierno, que comenzó este octubre, se enorgullece de haber impulsado la feminización de la política mediante la ley de paridad de género, que resultó en la conformación del gabinete más paritario de la historia del país, con 25 mujeres que ocupan un puesto en su gabinete ampliado compuesto por 32 personas.
Claudia Sheinbaum prometió “construir el segundo piso” del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su plataforma política aboga por la continuación de la “austeridad republicana”. Esta política, enfocada en la reducción del gasto gubernamental y la reorientación de recursos, se presenta como una respuesta a las demandas de justicia social y económica. Sin embargo, sus propuestas políticas, y especialmente las promesas de transformación social para las mujeres, están bajo escrutinio.
De manera estratégica, Sheinbaum se ha presentado como la abanderada en la solución de los problemas que enfrentan las mujeres, en contraposición con AMLO, quien en diversas ocasiones descalificó a los movimientos feministas y a las madres buscadoras. Además, AMLO tuvo importantes desavenencias con organizaciones feministas cuando respaldó a candidatos acusados de abuso sexual (por ejemplo, Félix Salgado Macedonio). Sheinbaum llega a Palacio Nacional en un momento en que los movimientos feministas en México están más vivos que nunca, suscitados sobre todo por los alarmantes niveles de violencia.
Históricamente, las mujeres mexicanas han enfrentado una dura realidad de precariedad laboral y desigualdad profunda. En promedio, ganan menos que los hombres y cuentan con un acceso limitado a la seguridad social. La carga del trabajo doméstico no remunerado recae desproporcionadamente sobre ellas, dedicando más del doble de horas a estas tareas en comparación con los hombres. La desigualdad económica se agrava con una violencia de género alarmante, reflejada en cifras oficiales que reportan 10 feminicidios y cinco desapariciones de mujeres al día. Este contexto de violencia y precariedad encendió la chispa de una creciente movilización feminista a lo largo y ancho del país.
Estos lacerantes problemas no pueden solucionarse únicamente con la representatividad en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Es el feminismo liberal la corriente que aboga por la inclusión de mujeres en los espacios de poder, pero tal perspectiva resulta insuficiente para enfrentar las desigualdades estructurales que perpetúa el capitalismo. Si bien es necesario romper los llamados “techos de cristal” que impiden a las mujeres acceder a posiciones de liderazgo, esto no soluciona la realidad de millones de mujeres trabajadoras, indígenas, campesinas y migrantes, que siguen atrapadas en condiciones de pobreza y explotación.
Por otro lado, la simple presencia de una mujer en el poder no garantiza un trato digno a los movimientos feministas. Existen numerosos ejemplos de mujeres en posiciones de liderazgo que han actuado en detrimento de estas luchas. Figuras como Dina Boluarte, en Perú; y Xiomara Castro, en Honduras, han llevado a cabo represiones y políticas dañinas tanto para el movimiento feminista como para las mayorías.
Claudia Sheinbaum ha manifestado su intención de continuar con la política de AMLO, lo que hace improbable la implementación de una política fiscal verdaderamente transformadora que permita redistribuir la riqueza, un elemento fundamental para abordar la pobreza. Por eso siguen siendo necesarias las organizaciones sociales que exijan una redistribución de la riqueza y políticas públicas efectivas que sí garanticen soluciones reales a los males que viven millones de mujeres y que no se solucionan con la sola representatividad en el gabinete o en la Presidencia. Sin una movilización combativa y organizada de toda la población, la lucha por los derechos de las mujeres corre el riesgo de ser absorbida por un aparato estatal que sigue respondiendo a los intereses de las élites económicas, tanto nacionales como extranjeras.
Se emitieron 369 resoluciones, de las cuales 164, equivalentes a 44.4 por ciento, resultaron con sanciones.
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Escrito por Betzy Bravo García
Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Ganadora del Segundo Certamen Internacional de Ensayo Filosófico. Investiga la ontología marxista, la política educativa actual y el marxismo en el México contemporáneo.