En la segunda semana de abril, durante una reunión de empresarios, el gobierno de la  “Cuarta Transformación” (4T), por boca de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, anunció que se recibirían nuevamente ofertas de empresas privadas para invertir en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dando con ello un giro de 180 grados en la política anunciada al inicio del presente sexenio en lo que se refiere a la penetración de las empresas privadas en todas las ramas de la economía mexicana, en este caso, en la industria eléctrica. A qué velocidad y qué tan profundamente se convertirán en realidad estas declaraciones se verá en el plazo más inmediato, porque seguramente existen ya capitales ávidos de introducirse en un terreno en el que estaban relativamente excluidos, al menos en el nivel discursivo. Las declaraciones de López Obrador el mismo día de su toma de posesión, e incluso las más recientes, como el discurso durante el festejo del primer año de su triunfo electoral, tenía preocupados a los empresarios: el control de la energía eléctrica, su producción y comercialización iba en contra del interés privado, sobre todo del extranjero. Ahora que la 4T se desdice y está dispuesta a cambiar de rumbo su política “nacionalizadora”, la iniciativa privada está de plácemes.

Esta conducta del jefe del Ejecutivo no es nada sorprendente. Cambiar sus metas, modificar radicalmente todo lo que ofreció al principio ha sido la constante en los pocos meses de su gobierno; pero eso no quiere decir que no debamos destacarla y señalar que se trata de una prueba más de que la 4T no representa ninguna transformación positiva y menos revolucionaria, como lo pretende su impulsor; que, tal como se ha demostrado desde las páginas de este semanario al analizar otros aspectos de la política nacional, su combate al neoliberalismo y declararlo inexistente es falso, como lo es también su defensa de las causas populares; hay acciones concretas de su gobierno que hablan más que un millón de discursos radicales y difusos; por ejemplo, la consolidación del capital privado en todas las actividades económicas y sociales.

En diversos números, buzos ha abordado la política oficial en renglones como salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, derechos laborales e industria extractiva; hoy, destacadas personalidades consultadas opinan con respecto al avance de la privatización de los recursos energéticos, concretamente del inminente acceso del capital privado a la CFE. A pesar de los encendidos discursos de campaña del ahora Presidente, las leyes en la materia, comprendidas en la reforma energética de 2013-2014, no se han modificado; y la abrumadora mayoría morenista en el Congreso de la Unión no ha servido para revertir la privatización de la industria eléctrica, que hoy se profundiza.

Muy pronto se esfumó la esperanza de que se establecerían tarifas eléctricas en favor de los pobres; este veleidoso giro desde el discurso “nacionalista” del 1º de diciembre de 2018 hasta la posición privatizadora anterior al 1º de julio de este año, pone al descubierto la demagogia del gobierno morenista y su esencia neoliberal, de la que tanto ha renegado.