El incumplimiento del registro derivará en la suspensión del servicio, tanto en líneas de prepago como pospago.
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Nicolás Romero, Estado de México. Encuestadores del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) fueron detenidos arbitrariamente por la policía local del municipio de Nicolás Romero en el Estado de México, mientras se encontraban realizando encuestas de salida que cualquier empresa encuestadora puede realizarlas y están autorizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los detenidos, principalmente jóvenes estudiantes que trabajan los fines de semana, fueron interceptados en las inmediaciones del “Town Center Nicolás Romero” mientras se encontraban realizando encuestas de salida, instrumentos que se llevan a cabo a los votantes que salen de las casillas inmediatamente después de emitir el sufragio y de manera directa; encuestas que son aprobadas y monitoreadas por el INE.
Sin embargo, las fuerzas municipales, en un operativo claramente represor y bien orquestado, comandado por la policía del morenista Armando Navarrete López, hicieron caso omiso, y sin aclarar las leyes que presuntamente se violaban, remitieron a los encuestadores al C4.
Iván Sánchez, regidor municipal, declaró que esta acción es un acto de represión y un atentado en contra de la democracia, ya que “Navarrete López intenta acallar las encuestas que no le favorecen en su intento de reelección; sin embargo, son fruto del pésimo trabajo que ha hecho durante su gestión como presidente municipal”.
El incumplimiento del registro derivará en la suspensión del servicio, tanto en líneas de prepago como pospago.
Las autoridades electorales indicaron que a partir del 5 de enero de 2026 reanudarán todos los módulos en sus horarios habituales.
Contrario a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, el INE defiende a los organismos porque atienden las particularidades de cada entidad.
Busca fortalecer la prevención y el acompañamiento a víctimas más allá de los procesos electorales.
Los afectados deben acudir al módulo del INE más cercano con una credencial anterior.
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Con el pre-registro en línea, los ciudadanos podrán enviar documentación de manera remota, lo que reducirá tiempos de espera.
La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
Morena recibirá la mayor cantidad, con dos mil 615 millones 798 mil 382 pesos.
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“Esta estrategia ilegal no puede quedar sin consecuencias…”, dijo la consejera Claudia Zavala.
Las principales causas de las multas incluyen recibir aportaciones prohibidas de empresas, sindicatos o entes gubernamentales.
El Consejo General asumiría la responsabilidad de resolver sobre la entrega de datos del INE.
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Escrito por Redacción