Royfid Torres acusó que el portal oficial del Mundial 2026 omite contratos, empresas, ubicaciones de obras y deja sin justificar casi 6 mil millones de pesos del presupuesto.
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Diputados locales, organizaciones civiles y representantes vecinales del barrio de Tepito, ubicado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, firmaron un acuerdo de paz con el objetivo de frenar la violencia y la corrupción que aquejan a la comunidad.
Los firmantes coincidieron en señalar que Tepito ha sido históricamente abandonado por administraciones anteriores, lo que permitió el aumento de la inseguridad y corrupción; por lo que asumieron el compromiso de promover un cambio significativo en la dinámica del barrio a través de la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
Adolfo Llubere, subsecretario de Reordenamiento de la Vía Pública, quien participó en representación del gobierno capitalino, expresó que el acuerdo busca evitar la intervención de la fuerza pública y en su lugar, se propone la integración de diversos servicios públicos como salud, educación y cultura en la comunidad.
Por su parte, María Rosete, exdiputada federal y líder de comerciantes, destacó que los esfuerzos se enfocarán en combatir el estigma de violencia que persigue al barrio. Subrayó la importancia de realizar operativos de manera adecuada, sin que estos afecten la vida diaria de los habitantes de Tepito.
Cabe destacar que el acuerdo está compuesto por 10 puntos, entre los cuales se destaca el fomento del diálogo como herramienta principal para resolver los conflictos. Además, se solicitó el respaldo del gobierno capitalino para desarrollar actividades culturales, deportivas y educativas que promuevan la convivencia pacífica y el sentido de pertenencia en la comunidad.
Royfid Torres acusó que el portal oficial del Mundial 2026 omite contratos, empresas, ubicaciones de obras y deja sin justificar casi 6 mil millones de pesos del presupuesto.
A un año de la creación del gabinete contra el despojo, vecinos y afectados entregarán un pliego de siete demandas a la fiscal Bertha Alcalde y al secretario César Cravioto; piden replicar el modelo del Estado de México, donde aseguran que ya se recuperaron más de 2 mil propiedades.
El director del STC afirmó que continuarán los operativos para liberar pasillos y andenes ocupados por vendedores. También anunció la revisión de permisos, la reubicación de comerciantes y nuevas medidas para mejorar la movilidad y la seguridad.
Las líneas 1, 2 y 7 operarán una hora más los viernes y sábados, con salidas cada 10 minutos y la misma tarifa de 6 pesos.
La Secretaría de Cultura ya trabaja en la reconstrucción de las esculturas; Brugada defiende las pintas en la alcaldía Cuauhtémoc como una forma de libre expresión.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
Las autoridades capitalinas informaron que a partir del 1 de enero de 2027 el trámite ya no estará disponible.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
Organizaciones sociales y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba marcharán este 26 de julio del Hemiciclo a Juárez a la antigua Embajada de Estados Unidos para conmemorar el inicio de la Revolución Cubana y demandar el levantamiento del bloqueo económico contra la isla.
La Ciudad de México registró 19 feminicidios entre enero y junio de 2026, un incremento de 11.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Venustiano Carranza concentra el mayor número de casos, seguida de Iztacalco y Magdalena Contreras.
El asesinato ocurrió casi seis meses después de que Lavín Romero sobreviviera a otro atentado.
El Jardín Flotante, los bajopuentes de Tlalpan y la Línea 2 del Metro siguen inconclusos o bajo investigación.
Aunque 701 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, 54.7% de la población de la CDMX aún enfrenta carencias en ingresos, salud, educación, alimentación, servicios básicos o seguridad social.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera