El Congreso Agrario Permanente (CAP) convocó a todas las organizaciones campesinas para que unidas “trabajemos en un Plan Emergente para el Sector Productivo” con programas de protección a la pequeña y mediana agricultura, así como en la creación de apoyos e incentivos a las empresas rurales e indígenas.

La vocera del CAP, Mariana González Torres, dijo que “iniciamos 2020 con un presupuesto disminuido y con la eliminación de programas, además de una política pública agropecuaria que no privilegia la producción”.

Además, el impacto negativo provocado por el virus COVID-19 no es una crisis transitoria pues de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los sectores más vulnerable lo representan los campesinos e indígenas y si bien las afectaciones por el virus COVID-19 se han centrado en el ámbito urbano, es imperante establecer medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad en el sector rural, resaltó.

Ante este panorama negativo de salud pública y económica, González Torres, expresó la decisión de la cúpula agraria del sector social del país a “unirnos hacia un Acuerdo Nacional en el que participemos todos los sectores. México hoy más que nunca necesita de nosotros”.

En el marco del 101 aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar, el Congreso Agrario Permanente Nacional, demandó al Gobierno Federal medidas de control de higiene para evitar contagios en el campo.

Así como campañas de difusión, información y prevención en idiomas originarios y en comunidades rurales. Las comunidades rurales e indígenas se encuentran sin derecho a la salud por lo que exigimos se garantice su acceso pleno a este derecho.

Garantizar el abasto de alimentos a las comunidades rurales e indígenas, ya que existen comunidades muy alejadas de centros de abasto en municipios o ciudades urbanas y carecen del alimento.

Igualmente carecen del abastecimiento de agua, en México existen pueblos sin acceso al vital líquido por lo que se debe asegurar el suministro.

Para los poblados que cuentan con el servicio de energía eléctrica se requiere la condonación o prórrogas de pagos del servicio de luz y agua, así como descuentos en el servicio de gas para quien tenga el suministro de este energético, concluyó la vocera del CAP, Mariana González Torres.