Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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En los últimos años el lawfare ha ganado terreno en América Latina. Básicamente, este término puede ser entendido como la “judicialización de la política”; es decir, que el poder legislativo pierde toda autonomía y se convierte en un brazo político del poder ejecutivo. Así, el presidente de un país, a través del poder judicial, les fabrica delitos a sus enemigos políticos para eliminarlos de la palestra electoral. Esta estrategia es la que se está empleando contra Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, y ahora, cada vez con mayor fuerza, contra Rafael Correa.
Desde su arribo al poder, Lenín Moreno se desmarcó totalmente del expresidente Correa, y no solo eso, sino que asumió posiciones totalmente opuestas a las del partido que lo llevó a la presidencia, Alianza País. Un ejemplo de ello es el trato indigno que se le está dando a Julian Assange, quien se encuentra refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Assange, como perseguido político del gobierno de Estado Unidos, recibió apoyo y protección por parte del gobierno de Correa durante seis años; pero con Lenín cambiaron las reglas del juego: Ecuador está a un paso de entregar al fundador de Wikileaks en las garras de sus enemigos.
En una aplicación total del lawfare, Lenín hoy mantiene preso con falsas acusaciones de corrupción a Jorge Glas, quien fuera su propio vicepresidente. Glas fue vicepresidente de Correa entre 2013 y 2018, y fue reelecto para ese cargo en las elecciones en las que triunfó Moreno. Sin embargo, dado que se trata de una de las figuras más descollantes del correísmo, Lenín ha decidido inventarle delitos y enviarlo a prisión.
Hoy está en huelga de hambre luchando por que se haga justicia. Moreno busca que Rafael Correa corra la misma suerte, pues ya se han abierto contra él 14 procesos penales. Desde Bélgica, el expresidente se defiende en los tribunales y en la prensa, pero es probable que, en el peor de los escenarios, ocurra con él lo que ocurre con Lula.
Los gobiernos progresistas de América Latina deben sacar lecciones de estas experiencias. El enemigo no perdona.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El aire limpio debe convertirse en política pública estructural, no en reacción temporal: ONG
El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Ehécatl Lázaro
Columnista de politica nacional