Aunque el monto bajó en 2024, las auditorías revelan deficiencias persistentes en la gestión del gasto federal.
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Ciudad de México.- Personas con discapacidad y de la tercera edad, así como sus familiares protestaron frente a la Secretaría del Bienestar para exigir cubra las becas que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desde campaña.
Provenientes de los municipios mexiquenses de Chimalhuacán e Ixtapaluca, unas 500 personas realizaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia con destino final a la Secretaría del Bienestar.
De un padrón de unas 2 mil personas con discapacidad no han recibido los beneficios que prometió el gobierno federal.
Los afectados aseguraron que desde principios de este año no han recibido los apoyos que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió otorgarles, a pesar de que acudieron a tocar las puertas de varias dependencias.
Ante la negativa del gobierno, personas de la tercera edad y un gran número de los discapacitados se sumaron a la marcha para exigir cumplimento a la entrega de apoyos para estos sectores por parte de las autoridades competentes en materia y advirtieron que de no recibir respuesta, continuarán protestando.
Aunque el monto bajó en 2024, las auditorías revelan deficiencias persistentes en la gestión del gasto federal.
Más de un tercio de la publicidad oficial federal de 2024 se concentró en cuatro medios: Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos.
El recurso fue promovido por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y registrado bajo el expediente 2098/2025 en el portal del CJF.
El delito combina tres problemáticas: el robo de combustible, el fraude fiscal y el robo de crudo.
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El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
En 2018, la deuda externa se ubicó en 3.94 billones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 4.49 billones.
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CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.
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Desde su creación no se cuentan con proyectos de inversión, áreas de exploración o acuerdos con expertos para las labores de explotación de yacimientos.
En 16 contratos auditados el año pasado, el Órgano Interno de Control reportó fallas que impidieron verificar el uso eficiente del presupuesto.
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Escrito por Redacción