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Cuba procesa a mercenarios de EE. UU. por terrorismo
La justicia de Cuba acusa hoy de terrorismo a los mercenarios y sicarios del gobierno imperialista estadounidense bajo criterios político-genocidas, financiero-comerciales y ecológico-sanitarios.
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La justicia de Cuba acusa hoy de terrorismo a los mercenarios y sicarios del gobierno imperialista estadounidense bajo criterios político-genocidas, financiero-comerciales y ecológico-sanitarios.

 

Estas imputaciones están asociadas a la demanda por reparación de daños contra la esquizoide política bélica de una superpotencia que pretende liderar al mundo “contra el terrorismo”; pero que durante seis décadas ha atacado sistemáticamente a una nación de 11 millones de personas únicamente porque eligieron vivir con el socialismo.

En diciembre pasado, cuando los cubanos se preparaban para celebrar el fin de año –uno más de los 65 que han resistido al ilegal bloqueo económico impuesto por Washington– un individuo procedente del sur de La Florida ingresó furtivamente a La Isla con una misión: ejecutar actos terroristas.

El hombre, nacido en Cienfuegos, Matanzas, y residente en Estados Unidos (EE. UU.), que atravesó el Canal de Miami en una moto acuática provista con avanzados medio de geolocalización y armas, tenía el objetivo de reclutar personas para ejecutar acciones terroristas.

 

 

La inteligencia cubana, considerada entre las más eficientes de la comunidad mundial, había previsto que el fin de 2023 sería propicio para la realización de actos de terrorismo destinados a “subvertir el orden sociopolítico” de La Isla.

Su descubrimiento temprano y la oportuna intervención de los órganos del Estado evitaron que el terrorista consumara su empresa. Este hecho confirmó una vez más que los cubanos vinculados con terroristas reciben capacitación militar y financiamiento institucional estadounidense para ejecutar operaciones violentas en Cuba.

Este tipo de acciones es denominado “terrorismo de Estado” con el que se refieren al uso de prácticas, métodos y políticas ilegales de un gobierno para agredir a la población civil de otro Estado mediante actos de violencia extrema, hambre, dolor físico o angustia.

Esta capacidad de coacción colectiva o internacional fue evidenciada durante la “Cruzada contra el Terrorismo” en la que el expresidente estadounidense George W. Bush, ordenó la detención de civiles de terceros sin orden judicial ni debido proceso después del derribo de las Torres Gemelas en 2001.

En su lucha por el poder global, la Casa Blanca involucró a los servicios de inteligencia, a las fuerzas del orden público y a agentes irregulares en actos que violaron la justicia, explica el jurista Ernesto Garzón.

En cínico reconocimiento a sus operaciones encubiertas sobre Cuba, la sala de recepción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuya sede está en Langley, Virginia, ostenta 581 agresiones cometidas por mercenarios de esa agencia contra sus representaciones y delegaciones diplomáticas en el exterior. A esa cifra se suma el ataque contra la embajada, perpetrado el 24 de septiembre de 2023, en Washington.

Ese terrorismo de Washington contra Cuba ha provocado un alto número de víctimas y perjuicios económicos. Por ello, el 13 de octubre de 2022, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de comprensible la preocupación del gobierno estadounidense de evitar la repetición de hechos como el asalto al Capitolio (seis enero 2021).

“Cualquiera esperaría idéntica sensibilidad al promover y financiar acciones similares de desestabilización contra un Estado soberano como Cuba”, comentó el diplomático. Sin embargo, el actual presidente gringo, Joseph Biden, no sólo no respondió a ese llamado, sino que ha mantenido contra La Isla la misma estrategia de “terrorismo de Estado” de sus antecesores.

Al inicio de 2024, ocho congresistas estadounidenses exhortaron al huésped de la Casa Blanca para que retire a Cuba de la arbitraria, irracional y esquizofrénica lista de “Estados Patrocinadores de Terrorismo” (SSOT en inglés) emitida por Washington.