La justicia de Cuba acusa hoy de terrorismo a los mercenarios y sicarios del gobierno imperialista estadounidense bajo criterios político-genocidas, financiero-comerciales y ecológico-sanitarios.

Estas imputaciones están asociadas a la demanda por reparación de daños contra la esquizoide política bélica de una superpotencia que pretende liderar al mundo “contra el terrorismo”; pero que durante seis décadas ha atacado sistemáticamente a una nación de 11 millones de personas únicamente porque eligieron vivir con el socialismo.

En diciembre pasado, cuando los cubanos se preparaban para celebrar el fin de año –uno más de los 65 que han resistido al ilegal bloqueo económico impuesto por Washington– un individuo procedente del sur de La Florida ingresó furtivamente a La Isla con una misión: ejecutar actos terroristas.

El hombre, nacido en Cienfuegos, Matanzas, y residente en Estados Unidos (EE. UU.), que atravesó el Canal de Miami en una moto acuática provista con avanzados medio de geolocalización y armas, tenía el objetivo de reclutar personas para ejecutar acciones terroristas.

La inteligencia cubana, considerada entre las más eficientes de la comunidad mundial, había previsto que el fin de 2023 sería propicio para la realización de actos de terrorismo destinados a “subvertir el orden sociopolítico” de La Isla.

Su descubrimiento temprano y la oportuna intervención de los órganos del Estado evitaron que el terrorista consumara su empresa. Este hecho confirmó una vez más que los cubanos vinculados con terroristas reciben capacitación militar y financiamiento institucional estadounidense para ejecutar operaciones violentas en Cuba.

Este tipo de acciones es denominado “terrorismo de Estado” con el que se refieren al uso de prácticas, métodos y políticas ilegales de un gobierno para agredir a la población civil de otro Estado mediante actos de violencia extrema, hambre, dolor físico o angustia.

Esta capacidad de coacción colectiva o internacional fue evidenciada durante la “Cruzada contra el Terrorismo” en la que el expresidente estadounidense George W. Bush, ordenó la detención de civiles de terceros sin orden judicial ni debido proceso después del derribo de las Torres Gemelas en 2001.

En su lucha por el poder global, la Casa Blanca involucró a los servicios de inteligencia, a las fuerzas del orden público y a agentes irregulares en actos que violaron la justicia, explica el jurista Ernesto Garzón.

En cínico reconocimiento a sus operaciones encubiertas sobre Cuba, la sala de recepción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuya sede está en Langley, Virginia, ostenta 581 agresiones cometidas por mercenarios de esa agencia contra sus representaciones y delegaciones diplomáticas en el exterior. A esa cifra se suma el ataque contra la embajada, perpetrado el 24 de septiembre de 2023, en Washington.

Ese terrorismo de Washington contra Cuba ha provocado un alto número de víctimas y perjuicios económicos. Por ello, el 13 de octubre de 2022, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de comprensible la preocupación del gobierno estadounidense de evitar la repetición de hechos como el asalto al Capitolio (seis enero 2021).

“Cualquiera esperaría idéntica sensibilidad al promover y financiar acciones similares de desestabilización contra un Estado soberano como Cuba”, comentó el diplomático. Sin embargo, el actual presidente gringo, Joseph Biden, no sólo no respondió a ese llamado, sino que ha mantenido contra La Isla la misma estrategia de “terrorismo de Estado” de sus antecesores.

Al inicio de 2024, ocho congresistas estadounidenses exhortaron al huésped de la Casa Blanca para que retire a Cuba de la arbitraria, irracional y esquizofrénica lista de “Estados Patrocinadores de Terrorismo” (SSOT en inglés) emitida por Washington.

“Fue una acción vengativa de la Administración Trump”, escribieron los representantes demócratas Jim McGovern y Ayanna Pressley; en tanto que los senadores Elizabeth Warren y Ed Markey sostuvieron que, “de hecho, Cuba y EE. UU. tienen un acuerdo de cooperación bilateral de contraterrorismo en funcionamiento”.

Para los representantes Seth Moulton, Lori Trahan y Stephen Lynch, Biden incumple su promesa de campaña en torno a abordar un nuevo compromiso con Cuba y retornar a la política iniciada por el expresidente Barack Obama. Concluyeron que esta decisión y las restricciones económicas van contra los intereses estadounidenses.

El diario The Hill publicó una columna en la que se informa que “situar a Cuba en la lista SSOT ha causado desastrosas consecuencias” y su autor Michel Galant recordó que Trump tomó esa medida que hoy es “más insensible e injustificada, pues La Isla sufre la peor crisis económica de su historia contemporánea, resultado de la política de EE. UU.”; más de 60 años de bloqueo comercial la han privado de más de 130 mil millones de dólares (mdd) y Biden ha igualado a Trump.

Lista de terroristas

Para evidenciar ese delito, el Ministerio de Justicia de La Isla publicó que han sido sometidas a Investigaciones Penales (LNPESIP) el siete de diciembre de 2023 en la Gaceta Oficial la Resolución 19/2023 (GOC-2023-986-EX83) con la primera Lista Nacional de Personas y Entidades. Esta nómina apareció pocos días después de que EE. UU. situó nuevamente a Cuba entre los países “patrocinadores del terrorismo”, de la que había sido excluida en 2015.

La LNPESIP incluye a 61 personas buscadas por las autoridades cubanas porque están implicadas en la promoción, planificación, organización y comisión de actos terroristas contra Cuba cometidos en territorio nacional desde 1999, y para quienes la Fiscalía General pide entre 20 y 30 años de prisión.

Los delitos de que se les acusa son graves. Atentados contra civiles, contra el Presidente de la República y sedes diplomáticas; reclutamiento de personas en el espacio digital; incitación a la violencia, agresiones contra hoteles, centros turísticos, infiltración en costas y promoción de maniobras militares y subversión.

La lista se fundamenta en la Resolución 1313 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2001, que exhorta a los Estados a trabajar para prevenir y reprimir el terrorismo; la Ley 151 (2022), que define las conductas anticonstitucionales y los actos de terrorismo que afecten bienes, paz y seguridad en Cuba.

Por tanto, la Jefa de la Dirección de Investigación Criminal, Primer Coronel Moraima Bravet Garófalo, resolvió incluir en esa lista a los implicados en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos terroristas conforme a sus respectivos expedientes procesales.

Al día siguiente, la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) publicó que Cuba no conseguiría la extradición de ningún encausado con residencia en EE. UU., ni imponerle alguna sanción a su gobierno. Sin embargo, expertos consultados coincidieron en que el intento de La Habana consiste fundamentalmente en exhibir la doble política de Washington en la materia.

“Es un intento por exponer la hipocresía y contradicción de EE. UU. cuando Cuba sostiene que es víctima de terrorismo”, explicó a su vez el especialista de la organización Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

Entidades criminales radicadas en EE. UU., según la LNPESIP

Estos entes proveen medios y ejecutan actos contra la seguridad del Estado cubano: 

ALPHA-66, Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Ex Club (Asociación de exprisioneros y combatientes políticos cubanos), Hermanos al Rescate, Movimiento Democracia, Partido Unidad Nacional Democrática (PUND), Comandos F-4, Junta Patriótica de Cuba, Movimiento 30 de noviembre, Asamblea de la Resistencia, Movimiento Clandestino, Comando C-40, Partido Nacionalista Cubano, Cuba Primero, Lobos Solitarios, Nueva Nación Cubana, La Nueva Nación Cubana en Armas, M20 Movimiento de Resistencia Escuadrón Amalia, Autodefensa del Pueblo.