La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia debido a que el gobierno del estado ha entregado parcialmente los recursos a los que se comprometió por el convenio tripartito vigente firmado entre la Federación y la UASLP. El adeudo del estado ya está comprometiendo la educación de los universitarios, el pago a los trabajadores y la infraestructura de la institución. 

El gobierno del estado firmó, en enero pasado, el Convenio Marco de Colaboración 2026 con la UASLP y el Gobierno Federal, mediante el cual acordaron asignar determinado presupuesto para el sostenimiento de la Universidad. Según los reportes, tanto la Federación como la Universidad han cumplido, pero el gobierno estatal, no.

A julio de 2026, el gobierno del estado de San Luis Potosí adeuda a la UASLP 192.6 millones de pesos (mdp). Los plazos han vencido y el Gobierno Federal cumplió con lo firmado. Sin embargo, la administración estatal incumplió con la transferencia mensual indicada en el convenio firmado en enero pasado.

En el documento “Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero” a la UASLP, el Secretario de Educación Pública estatal, Juan Carlos Torres Cedillo y la Secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, firmaron el documento en nombre de las autoridades estatales. 

Sin embargo, de acuerdo con “el Tablero de cumplimiento de ministraciones estatales” de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con actualización al seis de julio, se consigna que, el pasado 19 de junio, el gobierno estatal realizó la transferencia correspondiente a ese mes.

En este Convenio Marco se asentó que, para el mes de mayo, correspondía una aportación de 35 millones 227 mil 588.76 pesos; sin embargo, la transferencia fue de 26 millones 666 mil 667 pesos, lo que implicó una diferencia de ocho millones 540 mil 921.76 pesos. Con ello, el déficit estatal con la Universidad, de enero al corte de junio, asciende a 192 mdp.

Por el contrario, el pasado 12 de junio, el Gobierno Federal transfirió el cien por ciento de la aportación correspondiente a ese mes mediante la SEP, que fue de 172 millones 318 mil pesos, por lo que no tiene ningún adeudo.

A pesar de lo estipulado por el Convenio Marco, de marzo a junio fue un periodo en que las transferencias han sido inferiores a lo acordado. Las ministraciones de enero y febrero se entregaron hasta marzo con montos incompletos. Luego, marzo, abril, mayo y junio observaron la misma circunstancia con la entrega incompleta, lo que ha provocado el incremento del adeudo.

En riesgo la estabilidad de la UASLP

El rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, en diversos foros y declaraciones ha confirmado que, de un presupuesto convenido con la Federación y el estado, la administración estatal ha entregado montos incompletos mes con mes, acumulando el rezago actual. Incluso, la situación se agrava, ya que por un lado, el estado firma convenios comprometiéndose a un porcentaje de aportación –cercano al 16 por ciento–, pero en la práctica entrega una cantidad menor –alrededor del nueve por ciento–, lo que genera un desbalance financiero constante frente a lo exigido por la Federación.

Los acuerdos mantenidos por la Universidad, según confirmó el rector, responden a que los recursos son urgentes para ejecutar obras de infraestructura pendientes y reparaciones críticas en los edificios –como impermeabilizaciones– durante los periodos vacacionales, que afecta especialmente a los campus de la zona Huasteca. Ha advertido previamente que los déficits provocados por los impagos estatales arriesgan la estabilidad operativa de la institución y comprometen los sueldos y prestaciones correspondientes al cierre del año, como aguinaldos.

El rector ha hecho un llamado público para que el gobierno del estado se ponga al corriente con el calendario de ministraciones establecido mediante la Secretaría de Finanzas y la SEP. Pero, a pesar del reclamo institucional por la vía financiera, ha optado por mantener mesas de diálogo, y por el momento descarta emprender acciones legales directas contra la administración estatal. 

“Al tratarse de recursos federales ya etiquetados para la Universidad, si el gobierno del estado no los transfiere, la Auditoría Superior de la Federación podría retener el monto y reintegrarlo a la Federación, con lo que ni el estado ni la UASLP verían ese dinero reflejado”, advirtió el rector. 

A diferencia de años anteriores, el convenio actual ya no contiene la cláusula de “sujeto a disponibilidad presupuestaria”, por lo que no existe justificación jurídica para el incumplimiento del estado. La falta de recursos también ha frenado el desarrollo de infraestructura, la mejora de laboratorios y la implementación de nuevas licenciaturas en sedes regionales como Tamazunchale, Matehuala y Ciudad Valles.

Mientras tanto, el gobierno estatal, rechaza que exista un adeudo con la UASLP. Y ha sostenido que el presupuesto estatal ya está asignado y que los problemas financieros de la institución corresponden a decisiones internas de la administración, como gastos, nómina o bonos. A pesar de esta situación, el tablero de la SEP y los reportes de la propia Universidad indican lo contrario: al cierre del primer semestre de 2026, la deuda acumulada por la falta de ministraciones mensuales alcanzaba los 192 mdp. 

Ya desde finales de 2025 se presentó una situación similar que requirió la firma de un nuevo acuerdo financiero para regularizar las transferencias a la institución, tras las protestas de universitarios y docentes. 

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con la entrega de los recursos en tiempo y forma, el rector Zermeño Guerra no descartó la posibilidad de que la institución enfrente una parálisis operativa. Aunque espera no llegar al extremo, es decir, la realización de un paro laboral.

“Sin ese financiamiento, la Universidad estaría imposibilitada para cubrir sus compromisos”, afirmó. Por ahora, las actividades universitarias continúan conforme a lo planificado; aunque el cierre del año dependerá completamente de la llegada del recurso,“esta situación no es sólo contra el rector, también afectaría a sus casi cuatro mil trabajadores y a más de 33 mil estudiantes, que conforman la comunidad universitaria”, alertó.

Incluso, como parte del Convenio de Colaboración, la Universidad se comprometió a reducir sus gastos. Por lo que el 27 de marzo, el Consejo Directivo Universitario de la UASLP aprobó un “Plan de Austeridad y Ahorro de la Universidad”. Con este proyecto, las autoridades se propusieron ahorrar recursos para este año por cinco millones 420 mil pesos.

Pero a pesar de los depósitos incompletos que ha documentado la institución, funcionarios estatales han negado que existan “supuestos adeudos” a la UASLP. Incluso, declaraciones de autoridades estatales a medios locales han sido tajantes cuando aseguran que “no existe tal riesgo como se ha pretendido difundir a la opinión pública”. 

Aunque se han sostenido reuniones, el adeudo está incrementándose y la Universidad opera bajo una constante incertidumbre financiera.

El incumplimiento del gobierno estatal afecta a toda la comunidad de la UASLP. Incluye a los estudiantes, quienes verán comprometido su acceso a una educación de calidad y la movilidad social; al personal académico y administrativo, que podría no recibir sus sueldos y prestaciones; así como a las autoridades universitarias, que enfrentan una crisis financiera que arriesga el funcionamiento de la Universidad y a la sociedad en general, ya que la falta de recursos impacta negativamente en su capacidad para contribuir al desarrollo de la región, según las autoridades universitarias.

A pesar de los ajustes internos para sostener la operación, la incertidumbre presupuestaria arriesga la continuidad de las funciones docentes, investigación y extensión universitaria. La Universidad ha reiterado su voluntad de diálogo, pero insiste en la necesidad de que éste se traduzca en soluciones concretas para saldar el adeudo. La UASLP asegura que no renunciará a su derecho a recibir los recursos, sentenció el propio rector.

De acuerdo con Óscar Esquivel, columnista y exacadémico de la ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, “la Universidad siempre ha sido objeto de múltiples problemas… en esta ocasión tan solo por no alinear a la institución a los cánones políticos” del gobierno en turno.

En su opinión, publicada en el diario digital Plano Informativo, resaltó: “hay voces universitarias que se pronuncian por realizar manifestaciones contra esta anomalía por así llamarla, como lo hace el rector: ‘es un malentendido’. No es ninguna anomalía, ni malentendido, es una forma de presión política que manifiesta un castigo a la sociedad, especialmente a la comunidad universitaria”.

La reducción de recursos ha impactado negativamente en la Universidad. Por ejemplo, en la organización del Festival de Cine de la Universidad, pues sus organizadores solicitaron recursos privados. 

El Festival de Cine de la UASLP, realizado del seis al 10 de octubre del año 2025, debió pedir apoyo a empresas privadas porque la crisis financiera de la Universidad dejó sin presupuesto al evento. “Ésta es la primera vez que el festival universitario tuvo que pedir recursos externos al sector privado para poder realizarse ante la crisis financiera que enfrenta la UASLP por la falta de pago del subsidio estatal”, denunció en su momento Cynthia Valle Meade, secretaria de Difusión Cultural de la institución.

El festival enfrentó recortes presupuestales severos: la Universidad había solicitado un mdp para su organización, pero los recursos no fueron otorgados. La cultura resistió con apoyo ciudadano, universitario y sin distinción de partidos.

A un año de las protestas, la deuda sigue

En el mes de octubre del año pasado, un grupo de estudiantes universitarios se manifestó en la capital potosina para exigir al gobierno del estado la liberación de recursos pendientes con la máxima casa de estudios, que estimaban en cerca de 600 mdp acumulados tras cuatro años de recortes presupuestales.

Los universitarios denunciaron que la crisis financiera afecta directamente sus estudios. “Hace falta material, mejoras en los planteles, pagos a maestros”, demandó una estudiante de la Facultad de Ciencias y destacó, además, que la Rectoría podría paralizar la actividad académica si el adeudo persistía. En pancartas y consignas se escucharon reclamos como: “Sin presupuesto no hay educación”, “gobierno, escucha, el estudiante lucha”. 

“No venimos representando ningún color, somos estudiantes defendiendo la autonomía de la Universidad”, aseveró uno de los oradores. Otro estudiante agregó: “Dejemos en claro que nuestro movimiento es orgánico, que no pertenecemos a ningún partido político ni a ningún grupo estudiantil”, sostuvieron en aquella ocasión. 

“Que quede claro que somos autónomos e independientes”, respondieron cuando subrayaron que su causa estaba enfocada únicamente en el adeudo estatal y la defensa de la universidad, a pesar de que no hay respaldo institucional, ya que hubo acuerdos entre Rectoría y Gobierno para evitar la movilización”.

Finalmente, en esa ocasión, los estudiantes exhortaron a la sociedad a sumarse, pues informaron que “mientras el adeudo continúe, el movimiento seguirá activo; defendemos el derecho de las nuevas generaciones a una educación pública digna y sin condicionamientos”. 

Como resultado de aquellas protestas, el gobierno firmó un nuevo acuerdo para entregar a la Universidad los recursos correspondientes; pero, un año después, el problema sigue. Incluso, la crisis económica para la institución se profundiza y los estudiantes son testigos del problema.