Cargando, por favor espere...

Nacional
Aprobación de "Ley Ingrid" perjudicará a madres buscadoras de Sonora
La llamada Ley ‘Ingrid’ perjudica a aquellos que tienen familiares desaparecidos, “porque nosotras tenemos que tomar las fotos y la evidencia para que la gente se entere”, aseguró Cecilia Flores, dirigente del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.


Las madres buscadoras de Sonora seguirán publicando fotos de sus hallazgos porque es la manera en que las familias han podido localizar a sus desaparecidos y seguirán haciéndolo aunque las metan a la cárcel. Así se expresó Cecilia Flores, dirigente del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora,

Lo anterior, luego de que el Congreso de Sonora aprobara por unanimidad el decreto que adiciona el Código Penal, con el objeto de sancionar a quienes, por cualquier medio, filtren, distribuyan o compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas; quien lo haga tendrá de 4 a 10 años de cárcel y multas hasta por 14 mil pesos.

Cecilia Flores afirmó que no pueden dejar de hacer transmisiones y mostrar sus hallazgos, porque eso las ha dado a conocer como colectivo en búsqueda de sus desaparecidos, argumentando que si no transmiten y no las dejan subir fotografías –las evidencias para que se entere la gente– dejarán de existir como organización social.

La llamada Ley ‘Ingrid’ perjudica principalmente a aquellos que tienen familiares desaparecidos, “porque nosotras tenemos que tomar las fotos y la evidencia para que la gente se entere”, expuso la madre buscadora que, bajo asesoría de su representante legal, presentará un amparo para que su trabajo siga teniendo frutos y puedan devolver la paz a más familias.

Por su parte, Milagros Flores, líder del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, expresó: “seguiremos publicando las fotografías de los hallazgos y si quieren meternos a la cárcel que lo hagan”. Aseguró que el Congreso de diputados de Sonora, de mayoría morenista, nunca se ha preocupado por las víctimas, “mejor que se preocupen por ver cuándo se pondrán a trabajar en buscar a los desaparecidos y parar las masacres que a diario tenemos en Sonora”, recriminó.


Escrito por Redacción


Notas relacionadas

Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.

La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.

La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.

Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.

Ricardo Monreal admite que no hay consenso con los partidos aliados y que la iniciativa podría quedar atorada sin mayoría calificada

El aire limpio debe convertirse en política pública estructural, no en reacción temporal: ONG

El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.

En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.

La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.

En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.

Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.

Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.

El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.

Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.