En México, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay, más o menos, 38.4 por ciento de la población sin una vivienda adecuada. Es decir, personas que no tienen dónde vivir, o que habitan en condiciones de hacinamiento, sin materiales duraderos y/o que carecen de servicios mejorados de agua y saneamiento. A partir de la década de los ochenta, con el neoliberalismo, el problema de la vivienda en México se dejó en manos del mercado, o sea, no se construye con el objetivo de proporcionar casa-habitación a los que no tienen, sino poner inmuebles a la venta para quien pueda comprarlos. Lo anterior causa que la mayor parte de la población, la de menores ingresos, no tenga acceso a ningún financiamiento que le permita adquirir una vivienda, lo que propicia que solo un sector minoritario participe en este sector.

Ante el problema que ocasiona el mercado, las políticas del gobierno para la vivienda, consistentes en subsidios y transferencias, están orientadas a la población que tiene un trabajo formal, que es derechohabiente. Sin embargo, en México, el 55 por ciento de la población trabajadora no es formal, por tanto no cuenta con la ayuda de los institutos estatales de vivienda para algún financiamiento, por lo que está excluida de las políticas gubernamentales.

Este año que termina (2019), el problema de la vivienda se acentuó todavía más, incluso para los derechohabientes. El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) eliminó los subsidios establecido a la vivienda para que fueran más asequibles, por lo que afectó su adquisición para las familias de menores ingresos. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda (Infonavit), la hipotecaria nacional, reportó que para este año hubo una disminución del 33 por ciento en los créditos para la vivienda; por lo que las desarrolladoras de vivienda (ARA, CADU y JAVER) en el país afirmaron que la disminución de créditos afectó principalmente a la vivienda del segmento de familias con menores ingresos, pues la disminución se concentró en la vivienda de desarrollo.

El déficit de la vivienda en México corresponde a 9.4 millones de acciones habitacionales a lo largo y ancho del país, según la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La propuesta del Gobierno Federal fue activar el Programa Nacional de Vivienda (PNV), difundido el seis de diciembre. Tal política tiene como meta que los grupos más vulnerables accedan a la vivienda, en particular la población que no tiene oportunidad de aprovechar las ayudas financieras por tener empleo precario, cíclico o informal.

Sin embargo, uno de tantos recortes que caracterizan al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, aprobado por el Congreso de la Unión el 22 de noviembre, incluye el subsidio a la vivienda. En 2019 se designó al programa de Vivienda Social mil 700 millones de pesos y, para 2020, disminuyó a mil 400 millones de pesos. Es decir, a una cifra que ya era insuficiente para tratar el problema de la vivienda, se le disminuyeron 300 millones de pesos.

Este nuevo programa, que expresa tener buenos objetivos en papel, no concuerda con lo destinado por el PEF 2020. Las metas son muy ambiciosas y lo que se le destina cada año es menor. El gobierno de la 4T no considera el problema, en el fondo se mercantiliza un derecho fundamental para los mexicanos. Con la eliminación de los subsidios a los créditos de la vivienda y con la disminución de lo destinado al PNV, se expone al mercado inmobiliario la necesidad de una vivienda digna para millones de familias.