El anuncio del Presidente de que pronto daría a conocer un plan para combatir la desenfrenada alza de precios –que su Gobierno ha sido incapaz de parar o siquiera atenuar–, provocó diferentes reacciones.

La primera fue, seguramente, la ilusión en los sectores sociales más afectados por el fenómeno, los de menores ingresos; es muy difícil que un trabajador que percibe el salario más bajo pueda rechazar alguna medida o plan destinado a aliviar las carencias y el sufrimiento de su familia, menos cuando el plan proviene del Presidente de la República.

No faltaron aquellos que recibieron con escepticismo el anuncio, quienes después de escuchar y confiar en tantas promesas semejantes a ésta, no han visto que se conviertan en realidad: abatir la pobreza, erradicar la corrupción, brindar seguridad a los ciudadanos… la realidad del país demuestra que nada de esto se ha cumplido.

En otros ha surgido la desconfianza al escuchar el papel que juega la participación, el compromiso y la palabra de honor de la clase empresarial, ni más ni menos que la clase social más íntimamente ligada a las causas del fenómeno que se trata de abatir. El pacto presidencial es con el sector social interesado en que se eleve el nivel de los precios porque así se elevan sus ganancias y con este acuerdo tendrían que luchar contra sus propios intereses; no se trata de un problema de moral ni de política; es un asunto de carácter económico, lo que no parece quedar claro para el Presidente y su Gobierno. Se comprende, pues, la desconfianza y el escepticismo de estos analistas.

Después de publicado el plan, dirigentes de partidos políticos y aun algunos líderes empresariales han expresado sus puntos de vista, nada favorables a éste.

El gobierno de la 4T ha prometido que no se elevarán los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad; y que no aplicará aranceles a la importación de productos básicos e insumos. A pesar de todo el optimismo del Gobierno, las voces escépticas han venido aumentando, sumándose a ellas la opinión de economistas, investigadores y líderes agrarios que analizan esta problemática desde las páginas de nuestro Reporte Especial y que aseguran que este plan chocará con la realidad y sus tendencias; que aunque el Gobierno tuviera buenas intenciones, sus pactos con empresarios son limitados, insuficientes y temporales, porque los artículos que el pueblo consume no solo son los de la canasta básica, sino muchos más. Aseguran también que no basta el control de precios durante unos cuantos meses, que harían falta varios años para que tal medida diera resultados.