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Sobre la postura de la 4T hacia los pueblos originarios
Una postura más congruente con la actual situación de los indígenas en México debería traducirse en una mejora de sus condiciones socioeconómicas para que conserven dinámicamente sus raíces e identidades.
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Cuando se debate sobre la mejor manera de proteger y desarrollar a los pueblos originarios de cierta nación, suelen hallarse tres posturas: una propone que hay que protegerlas como si fueran piezas de museo para que sus culturas se conserven lo más intactas posible; otra que la conservación de las tradiciones propicie el intercambio con los avances científicos, tecnológicos y políticos para que las comunidades eleven su nivel de desarrollo social; y una tercera que sostiene que es innecesario cualquier tipo de protección, pues la globalización terminará con las diferencias entre los pueblos y lo mejor es aceptar que somos ciudadanos del mundo y sin raíces. 

En México, este debate resulta importante porque es uno de los países con mayor diversidad cultural y aún es posible diferenciar a los pueblos originales en nahuas, mayas, purépechas, huicholes, mixtecos, entre otros más, pues cada uno de ellos ha logrado mantener tradiciones que los identifican y diferencian de otros. Este hecho obliga a que cada gobierno tenga un plan de acción sobre cómo tratar los asuntos y problemas de las comunidades indígenas, pues desde la conquista española en 1521 hasta nuestros días, éstas viven sometidas a las condiciones de un manifiesto atraso en casi todos los parámetros del bienestar social: educación, salud, vivienda y servicios urbanos básicos. 

La respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a este subdesarrollo socioeconómico es muy cercana a la primera postura, es decir, la “protectora” a toda costa de las tradiciones y raíces culturales de los pueblos originarios. Esta “defensa” se ha reducido a exigir al gobierno de España una disculpa por la masacre de la conquista y a utilizar los rituales de estos pueblos como parte de un show en el que el Presidente es su salvador y protector; aunque su agenda política de las culturas originarias carezca de contenido físico o pragmático o incluso sea contraria al discurso, pues se caracteriza por recortes presupuestales a los programas dedicados a atender y eliminar el atraso social y aun por la invasión de sus tierras, como ocurre hoy con la construcción del Tren Maya que, para los pueblos mayas de la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, no representará ningún beneficio económico pero sí para los empresarios del turismo nacional e internacional.

Además, hasta ahora el Gobierno Federal no ha formulado una sola propuesta destinada a eliminar la violencia que los cacicazgos regionales y municipales de la República ejercen contra algunos pueblos indígenas. Esta postura vacía de “defensas” muestra su contundente infertilidad en los problemas vitales que los pueblos originarios enfrentan cotidianamente a lo largo del país y que en algunos casos alcanzan el más alto nivel de amenaza para su existencia como comunidades humanas y culturas. 

Una postura más congruente con la actual situación de los indígenas en México debería traducirse en una mejora de sus condiciones socioeconómicas, para que conserven dinámicamente sus raíces e identidades, no sean mantenidas como reliquias inamovibles y se abran a la posibilidad de un desarrollo cultural propio que no implique la renuncia a sus orígenes étnicos. Es decir, en vez de invocar sus culturas a través de rituales mágicos o religiosos que supuestamente legitiman a un régimen, debería convocárseles a una genuina representación política en todos los niveles de gobierno –Federal, estatal y municipal– para que sean ellos quienes decidan el rumbo que más convenga a su desarrollo sociocultural. Pero todo esto no puede darse, desde luego, si no existen las condiciones materiales que les permitan tener una vida más plena. Es ahí, y no con “perdones”, por donde debería comenzarse.


Escrito por Jenny Acosta

filosofa


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