La relación de Estados Unidos (EE. UU.) con México dará un giro a partir del 20 de enero, cuando Joseph Barnette Biden asuma la presidencia y en su agenda con el vecino, aliado y socio del sur incluya un cambio en materia de seguridad acorde con su visión geoestratégica, pero que, quizás, el gobierno mexicano insistirá en eludir si no coincide con sus prioridades político-ideológicas. En el contexto de la nueva normalidad post-Covid19, Washington exigirá, asimismo, una cooperación cada vez más integral que difícilmente podrá rehuir México.

En febrero pasado, el exembajador estadounidense Earl Anthony Wayne exigió a México, en términos inéditos, cooperar mejor en seguridad con su país: “El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) heredó una situación de deterioro de la seguridad pública. Al asumir el cargo se comprometió a combatir las causas de la criminalidad con programas sociales y reformas; en la primera mitad de 2019, cuando funcionarios de EE. UU. trabajaban silenciosamente para revivir la cooperación de la Iniciativa Mérida, no tuvieron el apoyo del gobierno mexicano, la colaboración se mantuvo en bajo nivel”.

 Wayne agregó que la visita a México del fiscal William Barr era signo de que ambos gobiernos “se mueven hacia una colaboración más cercana”, tras un año de complicaciones, permeado por la amenaza de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

El también miembro del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, recordó que, en octubre de 2019, ambas partes convinieron un plan para perseguir el tráfico de armas, aunque reveló que “en privado los estadounidenses lamentaban que no progresaba lo suficiente bajo sus prioridades”. Ése fue el preámbulo de una serie de acontecimientos que redefinirá el futuro de la relación en seguridad y cooperación militar.

La cercanía entre cuerpos castrenses de México y EE. UU. se afianzó a partir de su alianza antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. En 75 años, y en aras de la estabilidad y mutua prosperidad, esa cooperación militar se amplió a la seguridad y, con matices, mantuvo buenos términos. Así superó desafíos como los insultos de Trump a los mexicanos, la siniestra operación “rápido y furioso” o la llegada a la Presidencia de México de AMLO, para muchos un populista de izquierda.

Solo trastocó ese antiguo y cercano vínculo entre ambos ejércitos, la sorpresiva detención del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el periodo 2012-2018, general Salvador Cienfuegos Zepeda, realizada en California por la agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) el 15 de octubre. Era el exfuncionario de más alta jerarquía arrestado en la historia de la justicia estadounidense; se le acusó de fabricar, importar y distribuir narcóticos en aquel país y lavado de dinero.

Como imparable tsunami, esa acción permeó en todos los ámbitos; puso en duda el compromiso de la estrategia antidrogas del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto; golpeó la confianza pública en las fuerzas armadas y amenazó la actual estrategia anticrimen, que descansa en cuerpos castrenses.

Sin embargo, si algo caracteriza la relación binacional es el pragmatismo. Y tras esa detención, comenzó lo que, para algunos, fue una victoria diplomática del gobierno mexicano y para otros una expresión de mayor dependencia.

Primero, porque el gobierno mexicano expresó al Departamento de Justicia estadounidense su “profundo extrañamiento” por su falta de información oportuna en torno a la pesquisa que, desde 2019, realizaba sobre Cienfuegos. En dos días, la embajada de EE. UU. entregó a la cancillería de México 743 páginas de la DEA sobre el caso.

Tras un nuevo diálogo entre el canciller Marcelo Ebrard y el fiscal William Barr, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Nueva York desestimar cargos contra el exsecretario, por “sensibles e importantes consideraciones” de política exterior que pesan más que el interés del gobierno de EE. UU. en perseguir un juicio contra él.

Sorpresivamente, el 18 de noviembre, la jueza Carol Amon desechó los cargos contra el exfuncionario y, al día siguiente, el general retornó a México para someterse a la justicia nacional. La percepción de ambos países en círculos políticos fue que la cercanía del Ejecutivo mexicano con el Ejército determinó esa liberación. Por eso, el diario Los Ángeles Times publicó: “Al elevarlos, también se ha vuelto más dependiente de ellos”.

¿Hasta dónde?

La cooperación militar entre ambos países se fortaleció desde 2012 por el Grupo de Alto Nivel en Seguridad (Gaseg) que renovó el actual gobierno mexicano. Con éste, la Sedena se vincula con al menos nueve oficinas federales de EE. UU. en cuatro áreas: Seguridad Cooperativa, Militar, Político-Militar e Interagencial, explica José María Ramos, director de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (CFN).

El anterior gobierno mexicano aumentó el intercambio de información, participó en entrenamientos y ejercicios conjuntos con las fuerzas de aquel país bajo la premisa de “entrenar juntos para combatir juntos” y se escaló en la realización de expediciones conjuntas, precisa, a su vez, el analista Íñigo Guevara, director de la firma Jane’s de Washington D.C.

Es parte de la llamada diplomacia militar, en cuyo seno se tejen y fortalecen vínculos de confianza excepcionales. Militares mexicanos han participado en la Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de Defensa, Juntas de Estado Mayor y en múltiples encuentros con la oficialidad estadounidense, cita Guevara en su ensayo sobre cooperación militar binacional.

Ese vínculo se amplió a la seguridad en el campo antidrogas. Lo que esperaría de México la administración de Joe Biden –en particular la DEA– en ese ámbito, es detener y extraditar a actores clave del narcotráfico, fortalecer decomisos de drogas (metanfetaminas, cocaína y fentanilo) en nuestro país e intensificar la política de control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acotar recursos de grupos delictivos, explica Ramos García.

El rol del Departamento de Justicia cambiará los matices de su relación con México y exigirá a su gobierno que fortalezca, en particular, las investigaciones antidroga con un renovado Estado de Derecho. El Departamento de Estado, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, podría fortalecer la supervición en ese ámbito y, además, impulsar una agenda social de prevención a través de la Agencia de Ayuda Internacional de EE. UU. (USAID) en México y América Latina, anticipa el experto en un ensayo prospectivo sobre la cuestión.

Entrevista: Raúl Benítez Manaut, Presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Buzos de la noticia conversa con el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), Dr. Raúl Benítez Manaut, sobre aspectos clave en la agenda de seguridad entre México-EE. UU. como el alcance de la cooperación en inteligencia, fuerzas armadas, y geopolítica.

¿Cómo describe la nueva relación entre el México que preside Andrés Manuel López Obrador y los EE. UU. que presidirá Joseph Robinette Biden?

En relación con Estados Unidos, el presidente AMLO ha desarrollado un estrecho vínculo con Donald Trump que, para la mayoría de conocedores en Washington sobre las relaciones bilaterales, llevó a que la petición de AMLO de buscar mecanismos para que los 35 días que el general Cienfuegos estuvo detenido, se pudiera “resolver”.

Esto significó el retiro de cargos del Departamento de Justicia en el juzgado de Nueva York. A Trump se le ha acusado de manipular políticamente la justicia, principalmente con el caso de Rusia. El retiro de cargos de Cienfuegos sería otro caso.

Por este gran “favor político” de Trump a AMLO, él se ha negado a reconocer al presidente electo Biden, hasta que todas las instancias legales resuelvan sus juicios y por fin se reúna el Colegio Electoral de Estados Unidos.

Esto es visto de forma negativa entre los demócratas, principalmente en dos sectores. En primer lugar, por el equipo de Biden en el Departamento de Estado y el de Seguridad Interior. Está por verse cuál será la opinión de los funcionarios que nombre en el Departamento de Justicia.

En segundo lugar, un grupo amplio de diputados demócratas del sur de Texas y California están molestos con México, aseguran que Estados Unidos sacrifica la justicia por la política. Y seguramente comenzarán a presionar a México en dos temas: derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Existen otros dos rubros clave en la relación México-EE. UU.: energía y agua. ¿Habrá una diplomacia secreta donde Biden cobre a México el “favor” que le hizo Trump, al asumir el recorte de 200 mil barriles diarios de crudo ante la OPEP?

En términos de energía y agua habrá seguramente muchos conflictos. No han salido a relucir, pero el conflicto por el agua en la frontera de Texas con Chihuahua y Tamaulipas llevó a diferendos políticos en México. El Gobierno Federal recibió gran presión del gobernador de Texas para que cumpliera México con el pago de agua. AMLO optó por cumplir los acuerdos con Estados Unidos.

En el sector energético, las multinacionales son muy poderosas y tienen mucha influencia y capacidad para hacer lobby y así defender sus intereses. Biden se mostró favorable a las corporaciones contrarias a  los ambientalistas, señalando que en Pennsilvania seguiría extrayéndose petróleo a través del fracking.

Ésa fue una necesidad política de Biden en campaña para no perder la elección en ese estado, que fue clave para su victoria. Por tanto, Biden no dudará en respaldar a las grandes compañías, aunque se enfrente al gobierno mexicano.

Como profesor-investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte (Cisan) y del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos de la Universidad Nacional de la Defensa de EE. UU. ¿Qué se necesitará para que en la era post-pandemia se construya una relación respetuosa y fructífera entre ambos países?

Es difícil que en el nuevo gobierno de EE. UU. no se haga memoria de los acontecimientos más graves de la relación bilateral en materia de seguridad. En 2019 se vio con muy malos ojos la liberación de Ovidio Guzmán (octubre 2019); más aun cuando se le capturó en respuesta a una petición de extradición.

Después vino la masacre en Sonora contra la familia LeBaron. El gobierno mexicano, por la gran presión de EE. UU. debió aceptar de forma excepcional el ingreso de agentes del FBI para investigar ese caso. Sin embargo, la investigación no ha arrojado resultados contundentes.

Un año después se da el incidente de la captura-liberación del general Salvador Cienfuegos. A pesar de regresarlo de forma no común, México está comprometido a hacerle al general una amplia investigación a través de la Fiscalía General de la República. En EE. UU. todos son pesimistas sobre el resultado de esa indagatoria, piensan que solo será para “cubrir el compromiso”, sin investigar a profundidad.

A su vez, por la gestión favorable para la entrega de Cienfuegos a México se reforzó la alianza entre AMLO y el Ejército. Sin embargo, a través del Senado, el partido Morena, del Presidente, solicita cambios en la Ley de Seguridad Nacional de 2005 para regular a las agencias y representaciones policiacas y de inteligencia extranjeras en México.

Esto lleva a dos problemas. Si se “legaliza” la estancia de esos “agentes” bajo cobertura diplomática, al mismo tiempo se les legitima. Sin embargo, hay países como EE. UU. donde las agencias de inteligencia y policiacas tienen un doble perfil: 1) el diplomático, con personal acreditado (el canciller Ebrard mencionó que la DEA tiene registrados en México a 50 agentes) y 2) el “encubierto”, aunque los países nunca van a reconocer que tienen agentes encubiertos.

Además, el “espionaje” se puede realizar actualmente sin “presencia física” de agentes, por vías satelitales y de intercepción de comunicaciones. Países que la llamada “comunidad de inteligencia” supone que tienen actividades en México y traspasan las acciones diplomáticas son: EE. UU., Rusia, China, Israel, Cuba, Gran Bretaña.

Puede haber actividades de inteligencia por rubros; por ejemplo, anticorrupción, empleando inteligencia financiera, y aquí debe haber cooperación con España, Canadá, Gran Bretaña, EE. UU.; y países con Paraísos Fiscales, como Panamá, El Salvador, Uruguay, Andorra y numerosas islas del Caribe.

También hay temas energéticos, de espionaje industrial y se debe agregar el espionaje gobierno-empresas farmacéuticas en todo el mundo. En fin, es un tema difícil, y la regulación propuesta no resolverá problemas y sí creará conflictos. Las potencias no dejarán de realizar inteligencia solo porque una ley en un país lo prohíba. Y en la diplomacia, se supone que la inteligencia es una actividad no legalizada, pero “aceptada” como inevitable.