La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la reforma política que la mayoría morenista, en el Congreso de Veracruz, aprobó hace medio año, con la que pretendía desaparecer parte de la estructura del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para debilitar a los partidos de oposición ante los comicios federales de 2021.

Con el fallo adverso de la Corte, tanto el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como el gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, evidenciaron su falta de oficio político y su desconocimiento de los procedimientos legislativos, además de que ahora han tenido que “meter el acelerador” para reconfigurar el proceso político electoral del año que entra.

Les pasó lo mismo que hace dos años, cuando intentaron remover al extitular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, el panista Jorge Winckler Ortiz, contra quien debieron realizar varios esfuerzos para enviarlo finalmente a casa, no sin antes exponerse al ridículo.

La reforma electoral de Morena, propuesta por el gobernador García Jiménez y aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados, fue publicada el pasado 22 de junio en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y, con ello, dicha legislación se complicó porque, entre sus principales puntos, se establecía que “no podrán ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular”.

Además, recortaban hasta el 50 por ciento las prerrogativas de partidos políticos y desaparecían los 212 consejos electorales de los municipios. Inconformes con estas nuevas reglas, las direcciones estatales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y los locales Podemos y Juntos por Veracruz, solicitaron la SCJN una declaratoria de inconstitucionalidad.

El 20 de noviembre, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir a los partidos las ministraciones económicas de agosto a diciembre de 2020; el 23 de noviembre, la SCJN invalidó el Decreto 576, aduciendo que el Congreso no había consultado a las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad en la decisión de desaparecer los consejos municipales.

“Como parte de los efectos, dado que el decreto invalidado reformaba y adicionaba disposiciones en materia electoral, en la que debe regir como principio rector el de certeza, el Pleno determinó la reviviscencia, es decir, el restablecimiento de la vigencia, de las normas anteriores a las reformadas, las cuales no podrán ser reformadas durante el proceso electoral próximo a iniciar, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales”, determinaron los ministros.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 105° fracción segunda, segundo párrafo de la Constitución Federal, la legislación anterior cobra de nuevo vigor y no puede ser reformada durante el proceso electoral, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales, además se propone que la invalidez decretada surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos a la sentencia al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“Ganó la democracia”: oposición

Es decir, con la declaración de invalidez, el proceso electoral de 2021 se realizará conforme a las normas anteriores, se reinstalarán los 212 consejos municipales y 30 distritales y la OPLE recibirá financiamiento para organizar los comicios. El coordinador estatal del MC, Sergio Gil Rullán, quien promovió tres recursos de inconstitucionalidad, celebró la resolución de la SCJN con esta declaración:

“Nos regresan los Consejos Municipales; en Veracruz ganó la democracia, los veracruzanos podrán contar sus votos en sus municipios, no en las cabeceras distritales”; además, denunció que Morena pretendía impedir que los ciudadanos pudieran quitar a los malos gobiernos a través de una revocación de mandato, a la que hoy podrán ser sometidos todos los funcionarios.

Explicó que la legislación revertida intentaba, asimismo, debilitar la autonomía y capacidad operativa del OPLE. “Las reglas del juego acaban de cambiar, todo lo que se había aprobado como acuerdo, se tendrá que invalidar también”, destacó. Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, señaló que la resolución mantiene el Estado de Derecho y dará a los veracruzanos mayor certeza en las elecciones de 2021. 

“A pesar de que nos quisieron debilitar e impedir que acudiéramos a las instancias correspondientes a impugnar estos atropellos, ya que cuando se interpuso el recurso por vía electrónica debido a la pandemia de SARS-COV2, quisieron hacerlo inválido. No claudicamos e insistimos; pues, desde un inicio, sabíamos que era una reforma amañada que atentaba contra los pueblos indígenas”, agregó.

Jesús Vázquez González, dirigente de Juntos por Veracruz, sostuvo que su lucha no se centró en las prerrogativas, sino en los votos, y que la decisión del máximo tribunal garantiza igualdad de condiciones en 2021.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno estatal anunció que se reorganizará el presupuesto estatal del año próximo, aunque destacó que se mantendrá el gasto destinado a rehabilitar hospitales, centros de salud y escuelas, además de los proyectos de infraestructura.

Mientras tanto, el Consejo General del OPLE dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en lo relativo al financiamiento público ordinario y las actividades específicas retenidas desde agosto, septiembre, octubre y noviembre a los partidos políticos nacionales y locales.

Es decir, reintegró al PAN 12 millones 84 mil pesos; siete millones 20 mil pesos al PRI; cuatro millones 401 mil pesos al PRD; tres millones 696 mil pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 17 millones 303 mil pesos a Morena y un millón 105 mil para el Partido Encuentro Social (PES). En total 45 millones 61 mil 547 pesos.

En las próximas semanas, el OPLE deberá declarar el inicio del periodo electoral y los 30 consejos distritales y los 212 consejos municipales deberán estar funcionando.

Los otros fallos

El pasado 30 de noviembre, la Sala Regional Xalapa TEPJF confirmó la resolución incidental de Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) emitida el nueve de noviembre, que declaró en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-30/2020 y acumulados, asunto vinculado a la designación de quien deberá asumir la presidencia municipal de Actopan.

“Toda vez que, al advertir que el Congreso Local no había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio principal, el TEV procedió a fijar directrices que la autoridad legislativa debe seguir, estableció un plazo cierto para que se materializara la sentencia e impuso la medida de apremio que estimó pertinente, todo ello con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones”, explica la resolución.

Cabe recordar que, en febrero de este año, se inició un juicio político contra el hoy exedil panista José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas; pero en septiembre, la segunda sala de la SCJN declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la FGE de Veracruz. Desde hace meses, no hay autoridad y el plazo se agota.

En enero del año pasado emprendieron un juicio político contra el exfiscal Jorge Winckler Ortiz y reformaron la Constitución Local para que no interviniera el Poder Judicial, que entonces estaba presidido por un expriista. Tras un amparo, interpuesto en febrero, el juicio fue desechado y el fiscal continuó en su cargo, y fue hasta el 26 marzo de 2020 cuando finalmente pudieron destituirlo. Pese a los yerros en el Congreso Local y en la Oficina del Programa de Gobierno, área encargada de la elaboración de iniciativas del gobernador, no ha habido reprimendas ni cambios.