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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el jueves su facultad para revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Durante la sesión del 3 de octubre, el pleno examinó la propuesta de la Consulta a Trámite 4/2024 elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a solicitud de magistradas y juzgadoras del Poder Judicial Federal.
La ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” si este órgano busca frenar lo aprobado por el Congreso de la Unión. “La Suprema Corte daría un auténtico golpe de Estado al intentar someter a control constitucional el trabajo del Poder Reformador que participó en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, afirmó.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó esta postura y acusó a la Corte de intentar eliminar una reforma constitucional mediante un proceso administrativo. Manifestó su preocupación por el desconocimiento del Poder Reformador de la Constitución por parte de la SCJN, y cuestionó a los magistrados sobre si detener la reforma judicial representa “el preámbulo de un golpe de Estado constitucional”.
Esquivel Mossa agregó que la Corte podría crear una crisis constitucional al enviar el mensaje de que puede invalidar una reforma constitucional a través de un procedimiento administrativo.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, mencionó que en otros procesos, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusieron revisar reformas constitucionales sin ser acusados de golpistas. “En el amparo indirecto 70 del 2014, grandes juristas como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal solicitaron revisar el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”, recordó.
Durante la votación, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto del ministro ponente, argumentando que la Corte no puede revisar una reforma judicial ya aprobada.
El ministro Javier Laynez Potisek aclaró que sus argumentos se centran en el fondo del asunto, no en la aceptación de la consulta solicitada por los trabajadores del Poder Judicial. “Todos los argumentos que he oído son de fondo. Una vez que se turne a un ponente que prepare el proyecto, podremos abordar todo lo escuchado aquí”, explicó.
La votación a favor incluyó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y a Margarita Ríos Farjat, así como a los ministros González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La aprobación fue de ocho contra tres, con la mayoría simple de seis votos requerida.
Se designará a un ministro para elaborar un proyecto que resolverá si la Corte puede modificar o detener la reforma judicial que entró en vigor el 16 de septiembre.
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En los proyectos de resolución de las tres consultas asignadas a la ministra Yasmín Esquivel, se propone desechar las solicitudes de los juzgadores federales.
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La fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que la investigación se dividió en dos componentes: el peritaje realizado para identificar las causas del colapso y el deslinde de personalidades.
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La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que la decisión permitirá dar seguridad jurídica a las personas que tienen procesos pendientes sobre prisión preventiva.
Lenia Batres Guadarrama fue designada por el Presidente luego de una falta de acuerdo en la Cámara alta para designar a la magistrada faltante, dado que ninguna garantizaba independencia ni autonomía al organismo.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
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Esta es la mayor reforma al sistema desde la llevada a cabo por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, la cual resultó en la formación del Consejo de la Judicatura Federal y la reestructuración de la Corte.
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La GCMA indicó que se trata de una decisión que carece de sustento científico y técnico.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera