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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el jueves su facultad para revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Durante la sesión del 3 de octubre, el pleno examinó la propuesta de la Consulta a Trámite 4/2024 elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a solicitud de magistradas y juzgadoras del Poder Judicial Federal.
La ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” si este órgano busca frenar lo aprobado por el Congreso de la Unión. “La Suprema Corte daría un auténtico golpe de Estado al intentar someter a control constitucional el trabajo del Poder Reformador que participó en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, afirmó.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó esta postura y acusó a la Corte de intentar eliminar una reforma constitucional mediante un proceso administrativo. Manifestó su preocupación por el desconocimiento del Poder Reformador de la Constitución por parte de la SCJN, y cuestionó a los magistrados sobre si detener la reforma judicial representa “el preámbulo de un golpe de Estado constitucional”.
Esquivel Mossa agregó que la Corte podría crear una crisis constitucional al enviar el mensaje de que puede invalidar una reforma constitucional a través de un procedimiento administrativo.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, mencionó que en otros procesos, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusieron revisar reformas constitucionales sin ser acusados de golpistas. “En el amparo indirecto 70 del 2014, grandes juristas como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal solicitaron revisar el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”, recordó.
Durante la votación, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto del ministro ponente, argumentando que la Corte no puede revisar una reforma judicial ya aprobada.
El ministro Javier Laynez Potisek aclaró que sus argumentos se centran en el fondo del asunto, no en la aceptación de la consulta solicitada por los trabajadores del Poder Judicial. “Todos los argumentos que he oído son de fondo. Una vez que se turne a un ponente que prepare el proyecto, podremos abordar todo lo escuchado aquí”, explicó.
La votación a favor incluyó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y a Margarita Ríos Farjat, así como a los ministros González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La aprobación fue de ocho contra tres, con la mayoría simple de seis votos requerida.
Se designará a un ministro para elaborar un proyecto que resolverá si la Corte puede modificar o detener la reforma judicial que entró en vigor el 16 de septiembre.
Con 478 votos a favor, avanzaron las modificaciones al artículo 123 de la Constitución.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
su acatamiento debe ser "imperativo, no voluntario ni discrecional", aseguró la directora de Jufed.
Afirmaron que Arturo Zaldívar sólo busca colocarse en un papel de víctima
Esta información proviene de la modificación constitucional, cuyo dictamen recibió aprobación en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado.
este martes se informó que en un hecho sin precedente Magistrados y Jueces hicieron lo que llamaron una "Demanda de amparo modelo"
La GCMA indicó que se trata de una decisión que carece de sustento científico y técnico.
Advierten magistrados federales que no van a permitir que sean destruidos por la Reforma Judicial y buscarán a Sheinbaum.
La propuesta del Ejecutivo Federal busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional.
Los diputados de mayoría morenista, aprobaron un dictamen que permitirá al presidente rifar bienes enajenados que no logren venderse durante las subasta que organiza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
La reforma asigna responsabilidades al Instituto Nacional Electoral (INE), al Congreso y al Poder Judicial Federal (PJF).
El partido señaló que dicho documento no representa ni refleja una postura oficial del Comité Ejecutivo Nacional.
La SCJN desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
“Si se respetase la Constitución no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el Presidente no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla.
Se trata de por lo menos 11 iniciativas pendientes que reflejan una brecha entre las promesas electorales y la realidad legislativa en el Congreso de la Unión.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera