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La magistrada Adriana Ortega aseguró que la declinación de jueces y magistrados a ser electos, conforme a la reforma judicial, no responde a una decisión libre, sino a una defensa de su vocación ante la imposición de nuevos lineamientos.
Lo anterior ocurrió luego de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó su renuncia al cargo, junto a otros ocho ministros, quienes no podrán participar en la elección del Poder Judicial.
Durante la conferencia de prensa matutina del poder judicial, Ortega enfatizó que, a pesar de la salida de estos profesionales, desean seguir aportando y defendiendo la “justicia”.
“Los juzgadores y las juzgadoras no nos queremos ir. Eso de que ‘declinaron voluntariamente a no presentarse a la elección’ es una mentira… No se puede decidir con libertad abandonar el trabajo de toda una vida”, afirmó la magistrada.
Además, expresó su preocupación sobre la falta de independencia en dicha elección, al señalar que “no es popular”; por el contrario, siembra dudas sobre la profesionalidad de los perfiles de quienes resulten electos.
Hay que recordar hoy, miércoles 30 de octubre, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó la renuncia a su cargo, al igual que ocho ministros más, quienes no podrán participar en la elección del Poder Judicial.
"Declino mi candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló Piña y agregó: “esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.
A través de su cuenta en X, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó a las 11:20 horas sobre las renuncias de los ocho ministros, con la excepción de la ministra Piña. Entre los que dejaron sus cargos se encuentra Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá.
Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama optarán por su pase automático en las elecciones judiciales de 2025, con la intención de continuar en sus cargos.
Esta es la mayor reforma al sistema desde la llevada a cabo por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, la cual resultó en la formación del Consejo de la Judicatura Federal y la reestructuración de la Corte.
Exhortó a los padres de familia a redoblar esfuerzos en el cuidado y guía de sus hijos, con el propósito de que tomen el camino de los vicios “en estos tiempos en que la ley se convierte en puerta de acceso a ellos”.
Los diputados federales de oposición reprocharon la urgencia con la que Morena y sus aliados aprobaron las modificaciones a la Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral.
Con esta resolución, la SCJN demostró –y a la 4T– que el Estado de Derecho está vigente y que existen las vías legales y constitucionales para cuestionar todos los actos y normas que arriesguen el porvenir de la República.
Datos de transparencia publicados por medios nacionales indican que Batres dispone de vehículos oficiales y equipos electrónicos, incluido un teléfono celular contratado por el máximo tribunal.
La suspensión fue promovida por un amparo de cuatro jueces federales.
Eso de que ‘declinaron voluntariamente a no presentarse a la elección’ es una mentira… No se puede decidir con libertad abandonar el trabajo de toda una vida: ministra.
Al menos 17 Congresos locales deben aprobar la reforma judicial para promulgarla ley.
La gran velada en defensa del Poder Judicial inició a las 18 horas.
Tras la renuncia masiva, el gobierno tendría que pagar 500 mil pesos a cada ministro por concepto de haber por retiro.
La reforma al Poder Judicial ha sido aprobada en cinco de los 17 estados que se requieren para convertirse en Ley.
SCJN no tiene la facultad de intervenir en las diferencias entre jueces y magistrados en materia electoral.
Especialistas de México, Argentina, Perú y Colombia, exhortaron a los ministros de la SCJN a negar el amparo contra el etiquetado frontal a empresas que cuestionan su constitucionalidad.
El paro de actividades en el Poder Judicial afectó a miles de personas, quienes fueron privadas de acceder a una justicia pronta y expedita.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera