Dos visiones del país se decidieron el seis de junio en la segunda vuelta electoral de Perú: la que personifica el profesor de izquierda Pedro Castillo Terrones, quien propone una economía social; y la que encarna Keiko Fujimori, gestora de las élites favorecidas por la estructura corrupta que armó su padre. La desconfianza hacia un sistema político y un congreso copado por la oligarquía destituyó a tres presidentes en cinco años, lo que permeó en los comicios. Esta polarización vertió en una reñida votación que se decidirá en medio de impugnaciones; y la carrera de un reloj político que establece que el nuevo gobierno deberá asumir el 28 de julio, en el marco del bicentenario de la independencia del Perú.

Se habló de “un final de infarto” electoral en Perú, el país donde 243 mil personas dependen de la llamada “olla popular” para comer cuando menos una vez al día. La tensión creció a dos semanas de la segunda ronda electoral, porque el futuro político del Perú solo dependía de 200 mil votos.

El Jurado Nacional de Elecciones, presionado por el fujimorismo, que pretendía anular la victoria del docente rural y sindicalista Pedro Castillo, quien alcanzó el 51.1 por ciento, permitió la presunción de nulidad de esas boletas y su recuento.

Este retraso en la proclamación presidencial de El Profesor, como llaman sus simpatizantes al miembro de una izquierda peruana que se proclama marxista, contribuyó a la incertidumbre, caldeó ánimos y confrontó a las instituciones del país. Los responsables son los de siempre: la oligarquía fascista que encarnan Keiko Fujimori y sus operadores.

La tensión escaló con los llamados a la subversión de exmilitares y el recrudecimiento de campañas de persecución contra la izquierda. Con el país en vilo y cuando Castillo mantenía la ventaja, el conteo de votos se paralizó varias veces; el del 14 de junio duró hasta 24 horas.

El silencio sobre el desarrollo del conteo caldeó el clima político. El fujimorismo movilizó a los militares retirados que, en una carta, sugerían al presidente en funciones, Francisco Sagasti, no reconocer la victoria de El Profesor. Días antes, el 12 de junio, Keiko Fujimori acusó al mandatario de no ser imparcial por haber conversado sobre las elecciones con el escritor Mario Vargas Llosa.

Sagasti confirmó que llamó por teléfono a varias personalidades de la oposición contra Castillo, una era Vargas Llosa para solicitarles que, en tanto se definía el resultado, pidieran calma a los simpatizantes de la derecha. Sin embargo Keiko Fujimori afirmó que el presidente “no genera calma, sino todo lo contrario”.

El escritor, cuyo nombre figura en los Papeles de Panamá –en los que se revelaron cuentas ocultas en los “paraísos fiscales”– repudia todo movimiento progresista, apoya las políticas neoliberales y, en un tiempo, se mostró crítico del fujimorismo. Sin embargo, en esta contienda rechazó abiertamente la propuesta política de El Profesor Castillo y respaldó el plan fujimorista.

Entretanto, partidarios de El Profesor no cesan de denunciar un golpe de Estado de la oligarquía contra la voluntad popular. Temen que en cuanto se reconozca el triunfo de Castillo, las fuerzas más reaccionarias del Perú abran la puerta a un nuevo ciclo de desestabilización. Ese escenario preocupante es muy factible.

Dos visiones

La apretada elección de El Profesor sobre su rival de derecha sorprendió a muchos en América Latina, quienes vieron surgir, prácticamente de la nada, su figura y vieron crecer poco a poco su popularidad. Su discurso accesible a las mayorías peruanas, situadas en el interior del país y cansadas de soportar en sus hombros el peso de las políticas neoliberales, consolidaron su campaña.

Horas después de la segunda vuelta electoral, con la tendencia a su favor, un cauteloso Castillo evitó proclamarse ganador y sostuvo que su movimiento no es chavista, ni comunista. Este hombre, casi desconocido en México, tiene una historia digna de ser contada.

José Pedro Castillo Terrones, con solo 1.65 m de altura, trabajó desde pequeño en su natal Cajamarca para ayudar a su familia con sus padres, hoy octogenarios. Hizo de todo: fue campesino y “rondero”, es decir, integrante de una patrulla civil surgida en los años 80 para combatir al abigeato y los efectos sociales de la guerra antiterrorista del Estado peruano contra la guerrilla Sendero Luminoso.

El futuro presidente del Perú también fue albañil y heladero; una fotografía de esa época lo muestra subido en una bicicleta vendiendo helados; luego lavó baños y finalmente se hizo profesor rural, profesión en la que se volcó, refiere el analista Alvaro Lasso.

Toda su vida, José Pedro se preguntó por qué la gente de su país es tan pobre y sin oportunidades, si es tan rico en recursos, como es el caso de su provincia, donde se extrae oro. Este contraste lo llevó de la docencia a la política, hasta convertirlo en todo un fenómeno en las recientes campañas electorales de América Latina.

El exprofesor de 51 años y sin experiencia en el gobierno, se postuló por el partido Perú Libre sin una estrategia electoral sustentada en los medios de comunicación tradicionales, sino que promovió su propuesta política “desde abajo”, a través de las redes sociales. Pronto se le conoció como el candidato de “los likes invisibles”.

El ascenso de Castillo y la creciente posibilidad de que llegara a la presidencia, alimentaron el temor en la violenta oligarquía nacional. De ahí el feroz ataque mediático contra la propuesta socioeconómica de El Profesor, como la que lanzó el cubano Carlos A. Montaner, quien advirtió en su columna de El Independiente: “Cometerán un suicidio colectivo si instalan en la casa de gobierno a Castillo”.

Mientras aumentaban los actos de discriminación y abierto racismo contra los seguidores de El Profesor Castillo, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 46 años y que obtuvo el 49.8 por ciento de la votación, insistía en que perdió la elección por un fraude.

Es hija del expresidente y dictador peruano Alberto Fujimori, estudió administración de empresas en universidades de Estdos Unidos (EE. UU.), en 2006 fue la congresista más votada, y hasta 2008 fue socia de la firma exportadora Summit Productos, cuando fundó el partido Fuerza Popular en 2008 y que preside desde 2011.

En 2018 fue detenida por presunto delito de lavado de activos, relacionado a la pesquisa Lava Jato; en 2019 fue liberada; en 2020 regresó a prisión y salió en abril. Poco después anunció su candidatura a la presidencia de su país.

Echar al fujimorismo

El poder corruptor, la perversión del oficio público y la impunidad que dio a los militares en su gestión, es la sombra de un régimen que pesa sobre los peruanos que se inclinaron por José Pedro Castillo. El legado del gobierno de Alberto Kenya Fujimori Inomoto (1990-2000) es el del terrorismo de Estado, feroz autoritarismo y profunda crisis económica para su país. En su gestión de 10 años y 116 días, abundaron los conflictos sociales y la corrupción estatal de alto nivel.

Cuando Fujimori asumió la presidencia, se despejó la alianza de la derecha con los poderes fácticos nacionales e internacionales; así logró estabilizar la economía, el orden social y el apoyo pasivo popular para lograr gobernabilidad. Paulatinamente, empresarios, políticos liberales, congresistas, líderes evangélicos y el Opus Dei lo aceptaron a pesar de que insistía en que “no se casaba con nadie”.

Su asesor en seguridad, Vladimiro Montesinos, asumió el proyecto de Fujimori y fortaleció la relación con las fuerzas armadas. Esta alianza le permitió estructurar el aparato de inteligencia al máximo nivel y colocó a Montesinos en buena relación con EE. UU., al grado de que éste vinculó a los comandos peruanos con las agencias de aquel país.

Otro operador importante fue Hernando de Soto, quien logró el respaldo de la banca mundial, a la que se sometió el gobierno a cambio de más deuda. Mientras Fujimori privatizaba empresas, renegociaba la deuda a intereses altísimos, repuntaban las inversiones porque EE. UU. y Japón lo apoyaban.

Su férreo mandato se dividió en tres etapas: dos reelecciones inmediatas, en las que detentó poderes totales tras cerrar inconstitucionalmente el Congreso y reestructurar el Poder Judicial con su “autogolpe”. En el verano de 1997, Fujimori recorría las calles limeñas entre aplausos, celebraba el triunfo sobre la guerrilla y sobre la crisis de rehenes en la embajada de Japón.

Solo 89 días después, miles de personas protestaban por su autoritarismo y lo llamaban dictador, recuerda Manuel Saavedra. Fujimori solo dejó el poder tras ser obligado a dimitir por los escándalos de sus maniobras para ganar las elecciones y otros delitos. El Congreso rechazó su renuncia “desde Japón” y lo destituyó “por incapacidad moral”. Entonces se dio a la fuga.

En abril de 2009, tras un proceso de 16 meses y 161 audiencias, la justicia peruana convirtió a Fujimori en el primer exmandatario latinoamericano electo democráticamente en ser condenado, desde la Corte Suprema, a 25 años de prisión por lesa humanidad. La justicia consideró que él, con mando político y operativo, fue autor de los delitos de homicidio, violaciones a derechos humanos en Barrios Altos, La Cantuta, y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Fujimori alentó la organización de escuadrones paramilitares, a los que ordenó masacrar a civiles. Según la sentencia: “estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonó públicamente para eliminar a terroristas, decisión que articuló con Vladimirio Montesinos y el aparato de poder que organizó”.

En 1991, el Grupo Colina, destacamento paramilitar de inteligencia que combatía a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), asesinó a 15 personas –incluido un niño de ocho años– en la zona popular limeña de Barrios Altos durante una fiesta; pues el ejército creyó que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que nunca se confirmó.

Meses después, en julio de 1992, en la región limeña de La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por el mismo Grupo Colina que los asesinó y enterró. Fujimori garantizó la impunidad de esa organización.

También fue condenado a siete años de prisión por peculado, mal uso de fondos estatales y falsedad ideológica. De acuerdo con el grupo Oficina Anticorrupción Streiner, Fujimori asignó ocho contratos a Odebrecht con sobrecostos superiores al 38 por ciento de los propuestos por la competencia.

Se le acusó de malversar el 75 por ciento de los fondos del Servicio de Inteligencia para sobornar a funcionarios públicos, para ejecutar a disidentes y arropar a la prensa que elevó su popularidad. Se le condenó también por realizar, junto a Montesinos, pactos ilícitos con políticos, empresarios y narcotraficantes, que fueron grabados en videos, y debió pagar 15 millones de dólares.

Mientras Fujimori enfrentaba otros juicios pendientes, los peruanos se dividieron. Esta polarización persiste, por lo que sus simpatizantes arroparon la campaña a la presidencia de su hija Keiko en 2011 y convirtieron a su grupo político en partido.

En su análisis del fujimorismo, Julio Cotler incluye la participación de actores internacionales en Perú, especialmente cuando la autoridad local se mostró impotente ante amenazas a la seguridad nacional y la estabilidad regional. Entonces, Fujimori desplegó su política autoritaria y concretó el modelo neoliberal, tras alinearse con EE. UU.

Si gana Keiko, el verdadero presidente sería Alberto Fujimori, pues ella le concedería una amnistía, afirma el historiador Nelson Manrique. Sin embargo, el expresidente mantiene firmes los hilos de su red clientelar, por lo que es necesario indagar por qué el fujimorismo cuenta aún con un amplio apoyo social, asegura el analista Romeo Grompone.