En el primer semestre del actual gobierno de Veracruz, la prensa ha sufrido 18 ataques directos contra el derecho a la información y la libertad de prensa, la mayoría provenientes de funcionarios públicos cuestionados por la opacidad en el desempeño de sus tareas. Este hecho provocó, incluso, una recomendación pública de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para que se corrija tal situación, ya que Veracruz es el estado con mayor número de periodistas asesinados.

Desde diciembre del año pasado, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la Presidencia de la República, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México han sido asesinados 14 periodistas, de los cuales 12 ocurrieron en lo que va de 2019. El caso más reciente se suscitó en Comalcalco, Tabasco, el mismo día que en Veracruz fue “levantado” el comunicador porteño Marcos Miranda Cogco.

La periodista Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la CEAPP, exigió a las autoridades que atiendan este problema para evitar repercusiones en el futuro inmediato. “Es una realidad terrible y dolorosa. Por esta razón, en la Comisión hemos decidido no olvidar, porque también somos periodistas que integramos este organismo y, al margen de las discusiones y polémicas, tampoco queremos que la sociedad olvide la asignatura pendiente de nuestra democracia: garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de libre expresión e información, así como el de acceso a la justicia”.

Denunció que además de las agresiones sufridas durante su labor periodística, los comunicadores son objeto de restricciones ilegítimas a su derecho humano a la libertad de expresión. En 2018 y en lo que va de este año, se han contabilizado 19 restricciones, las cuales son, en su mayoría, cometidas por servidores públicos que impiden el acceso a la información, caso muy grave, pues el Estado es el que, a través de los funcionarios, debe garantizar el goce de los derechos humanos.

“Ante este panorama, la Comisión desplegó una serie de acciones, por medio de medidas de protección, de medidas preventivas y de seguridad, de ayuda social, de asistencial legal, de atención médica, psicológica, así como otros apoyos y gestiones, para solventar su situación de vulnerabilidad y las problemáticas que padecen. De esta manera, desde su creación, la CEAPP ha atendido mil 211 solicitudes de periodistas que han acudido ante este organismo autónomo”, precisó Pérez Mendoza.

Desde el año 2000, cuando empezó la documentación de las agresiones a periodistas, han sido asesinados 127 periodistas en el país, de acuerdo con datos de la organización Article 19. A estos crímenes se suman las denuncias de desaparecidos, desplazados y lesionados, así como los efectos socioeconómicos y psicológicos en las familias de las víctimas.

Los periodistas victimados en México en lo que va del gobierno de AMLO son: Jesús Alejandro Márquez Jiménez, de Orión Informativo (1º de diciembre) en Nayarit y Diego García Corona del Semanario Morelos (cuatro de diciembre), en el Estado de México, ambos en 2018.

Ya en 2019, las primeras víctimas documentadas corresponden a Rafael Murúa Manríquez, director de la radio comunitaria Radiokashana (20 de enero), en Baja California Sur; Gustavo Cruz Mendoza, comunicador del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón, de la etnia chinanteca (20 de enero); Jesús Eugenio Ramos, del noticiero Nuestra Región Hoy (nueve de febrero) en Tabasco; Reynaldo López Salas, locutor de Dossier Político (16 de febrero) en Sonora y Santiago Barroso Alfaro, director de Buenos Días San Luis (15 de marzo), también en ese estado.

En esta lista se incluye al activista social Samir Flores Soberanes, quien fuera locutor-fundador de una radio comunitaria en Morelos (20 de febrero); Omar Iván Camacho Mascareño, reportero del noticiero Altavoz en Sinaloa (24 de marzo); Telésforo Santiago Enríquez, fundador y director de la radio comunitaria zapoteca Estéreo Cafetal, en Oaxaca (dos de mayo); José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos colaboradores de la estación comunitaria Radio Zapata en Guerrero (cinco de mayo); Francisco Romero Díaz, excolaborador de Playa News en Quintana Roo (16 de mayo) y Norma Sarabia, excorresponsal del periódico Tabasco Hoy (12 de junio).

Violencia contra la prensa veracruzana

El 18 de diciembre 2012, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, fue creada la CEAPP como un organismo autónomo responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de su profesión con pleno respeto a sus derechos a la información y a la libertad de expresión; fue creada debido al alto número de agresiones que entonces se registraban en Veracruz.

Entre 2003 y 2012 se contabilizaron 24 homicidios y ocho desapariciones de periodistas en territorio veracruzano; desde su existencia, la CEAPP registró y atendió 406 casos de agresiones a periodistas y sus familias, de las cuales 39 se presentaron entre junio y diciembre del año pasado, y 18 en el año en curso. Entre las agresiones denunciadas figuran atentados físicos, privaciones ilegales de la libertad, hostigamientos, amenazas verbales y daños materiales a los medios de comunicación.

Los principales actores de estas agresiones y amenazas proceden de la delincuencia organizada y de las propias autoridades en los tres niveles de gobierno, es decir, estatal y municipales y Federal.

En el mapa de riesgos diseñado por la CEAPP destacan los municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Tecolutla, Poza Rica, Tamiahua, Tuxpan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Acayucan, Playa Vicente, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla, Úrsulo Galván y La Antigua, donde los principales autores de amenazas, detenciones arbitrarias y actos de censura son los presidentes municipales, los policías y elementos de la Policía Naval.

Ana Laura Pérez Mendoza precisó que en el curso de 2019 registraron 15 denuncias contra servidores públicos. “En el caso de los elementos de seguridad que han incurrido en estos actos, el principal pretexto para efectuar detenciones arbitrarias a periodistas, y actos de censura a su labor, es la implementación del nuevo sistema de justicia penal, porque en su opinión, los periodistas no pueden tomar fotos o videograbar hechos, aun cuando estén fuera del perímetro de seguridad, ya sea por razones de seguridad, protección a supuestas víctimas, detenidos o sin ningún otro argumento”, explicó.

Si bien la fracción quinta del Artículo 5º de la Ley 586 de la CEAPP estipula que el titular o responsable de la institución de procuración de justicia del estado es parte del Pleno de la Comisión, el fiscal Jorge Winckler Ortiz no ha asistido a una sola reunión. De 27 sesiones ordinarias celebradas entre enero de 2017 y mayo de 2019, en ninguna ha asistido el Fiscal general y en tres solo ha enviado a un representante.

El hecho fue informado al Congreso del Estado para determinar lo que procede legalmente. Cabe resaltar que de los 12 homicidios perpetrados desde que se creó la CEAPP (2012) solo uno de ellos obtuvo sentencia condenatoria, lo que significa que 92 por ciento de los casos permanecen en impunidad.

“Es preocupante la situación que se vive en este aspecto, como ya se ha informado en otras ocasiones, y lamentamos la falta de atención de esta asignatura, especialmente de instituciones enfocadas a la investigación de los delitos, como es la Fiscalía General de Veracruz, a pesar de los llamados y las exigencias realizadas”, comentó la presidenta de la CEAPP.

De 2013 a la fecha, esta Comisión ha dado seguimiento a 160 carpetas abiertas ante diversas fiscalías de Veracruz, por probables delitos cometidos contra periodistas. En la mayoría de los casos, las investigaciones han vertido en el archivo o en el extravío absoluto por cuenta de la burocracia de la Fiscalía.

Pese a que en 2017 la Comisión propuso la creación de mesas de trabajo con las diversas fiscalías de Veracruz para avanzar en la resolución de los casos denunciados, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió suspenderlas ese mismo año después de condicionar dichos trabajos a que no se le criticaran públicamente sus rezagos en la investigación.

“Hoy en día, es la misma Fiscalía la que niega información a las víctimas, a los periodistas y sus familiares, a esta Comisión, e incluso, tiene señalamientos de actos de censura y falta de resolución de casos. De todo lo anterior ya se han presentado las denuncias penales, los amparos y exhortos respectivos a las instancias jurisdiccionales y al Congreso por parte de esta Comisión y por diversos periodistas”, agregó.

La periodista citó, como ejemplo de lo anterior, la reciente negativa de la FGE a proporcionar información sobre uno de los casos más rezagados de este último periodo. El pasado nueve de mayo, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, resolvieron el recurso de revisión 97/2019 y ordenaron a la FGE entregar copias certificadas de la investigación ministerial 10/2012/PC al padre del periodista del diario El Mañanero de Acayucan, Gabriel Fonseca Hernández, desaparecido en 2011.

“Los familiares del periodista, personas de la tercera edad y con padecimientos graves de salud, siguen a la espera de poder localizar a su hijo, después de casi ocho años de desaparecido y de nulos resultados de la Fiscalía de Veracruz, que se negó reiteradamente a permitirles el acceso a las investigaciones, hasta que el juicio promovido por el interesado, con asistencia legal de la Comisión, logró ejercer su derecho como víctima, un año después de iniciado el litigio”.

Pero este caso no es el único, ya que hay familiares de otros periodistas que padecen el mismo calvario en su lucha por acceder a la justicia y a la verdad, quienes en rigor son revictimizados por la ineficiencia o la opacidad de las autoridades judiciales.

“Es indignante constatar el sufrimiento que las instituciones infringen a las familias de las víctimas”, sentenció la presidenta de la CEAPP.

Caso Marmiko

El pasado 12 de junio fue levantado, afuera de su domicilio en el Puerto de Veracruz, el comunicador Marcos Miranda Cogco. Después de varias horas fue liberado mediante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el que presuntamente se registró un enfrentamiento armado.

“En Veracruz ni existe ni se garantiza el Estado de Derecho. Gobierno inútil el de Veracruz, no solo es la ola de violencia, no hay empleo, no hay desarrollo económico, mucha inseguridad”, denunció el exreportero de Notiver.

Posteriormente, en un video difundido a través las redes sociales pidió su reubicación no en México sino en el extranjero, lo que (al cierre de esta edición) no había sucedido. Sin embargo, la FGE anunció que se investigará a fondo, ya que el vehículo donde presuntamente fue trasladado, no presentaba impactos de bala.

Al respecto, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, solicitó no politizar el tema y esperar a que la FGE haga las indagatorias respectivas y, de ser necesario, que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Más allá de que se trata de un periodista, es un compañero. Es oportuno que la FGR tome el caso, ya que el actuar de la Fiscalía del Estado ha dejado mucho qué desear y a esto se le suman las deficiencias de las cámaras de video-vigilancia; pero hay que esperar y ver qué resultados dan”, externó el legislador local.

El de Marmiko, como es conocido en el gremio periodístico, fue el primer caso de agresión que se dio en Veracruz durante la nueva administración morenista, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

El pasado cinco de junio, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, el secretario de Salud en la entidad, Roberto Ramos Alor, convocó a una conferencia de prensa donde anunció una jornada de atención médica para periodistas de Veracruz. Sin embargo, en esa oportunidad, la “nota” no fue ese anuncio sino el ataque que dicho funcionario lanzó contra los reporteros luego de que una periodista le preguntara sobre la compra de medicamentos a Carlos Lomelí, empresario farmacéutico y delegado de Morena en Jalisco, cuestionamiento que le molestó y lo llevó a insultar a los periodistas.

“El pueblo necesitaba medicamentos, no había medicamentos y con toda razón estaba la demanda popular, llegan los benditos medicamentos y ahora dónde los compró. La verdad como ciudadano diría: no les embona ningún chile”, sentenció el funcionario morenista. Días después, tuvo que brindar una disculpa pública por su majadería.

Recientemente, en el Congreso local se aprobó una reforma al Artículo 298º del Código Penal veracruzano –cuyo decreto fue publicado por el Ejecutivo del estado el pasado tres de junio– donde se establece como delito, con sanciones de uno a cinco años, la toma y difusión de fotografías y videograbaciones de imágenes de cadáveres o restos humanos que se hallen bajo resguardo de una institución de naturaleza forense, lo cual podría llevar a la cárcel a muchos reporteros “policiacos”.

El presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro aseveró que debe fortalecerse el respaldo y respeto a la libre expresión de ideas y que el Poder Legislativo siempre ha sido una institución de “puertas abiertas” donde hay disposición para el diálogo y la crítica. “Con responsabilidad y compromiso, los periodistas mantienen informados a los veracruzanos del acontecer diario”, aseveró.

Por su parte, Guadalupe Hortencia Mar, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana y Sayda Chiñas Córdoba, periodista y comisionada de la CEAPP, coincidieron en que es urgente que los periodistas se profesionalicen, que haya un sentido ético y profesional que coadyuve a contrarrestar la situación de inseguridad dominante en el ejercicio del periodismo. Aseguraron que las nuevas generaciones de comunicadores son las que podrían coadyuvar al cambio que tanto el gremio periodístico como la sociedad veracruzana requieren en el ejercicio pleno de sus derechos a la información y a la libertad de prensa.