El decreto que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, emitió para evitar el crecimiento de la pandemia de Covid-91, incluyó el cierre parcial de los negocios, medida que ha llevado a la ruina a numerosas empresas y dejado en el desempleo a cientos de michoacanos.

La decisión del mandatario estatal fue publicada el pasado siete de enero en las páginas del Periódico Oficial del gobierno del estado de Michoacán, y estará vigente hasta el 31 de enero, cuando sea evaluada para determinar si termina o se extiende, según el nivel actualizado de contagios.

El primer punto del decreto ordena el cierre de negocios no esenciales de jueves a sábado, con límite a las 19:00, y el segundo punto establece el cierre total de las actividades no esenciales los domingos. Estas medidas son aplicadas en los municipios con altos índices de casos sospechosos, activos, defunciones y hospitalización.

El documento explica que la Secretaría de Salud del estado y las autoridades sanitarias municipales, asistidas por las secretarías de Gobierno, Protección Civil y Seguridad Pública, vigilarán el cumplimiento de las medidas. Las sanciones serán definidas por las autoridades de salud según los convenios celebrados con los ayuntamientos.

En Morelia están cerrados todos los giros comerciales, con excepción de farmacias, consultorios, gasolineras, gaseras, velatorios y otros establecimientos de servicio médico, debido a que la pandemia registró un crecimiento sostenido en diciembre pasado y la ocupación hospitalaria llegó al 95 por ciento de su capacidad; y porque el segundo lunes de este año se declaró en semáforo rojo.

Las autoridades michoacanas promueven constantemente las recomendaciones básicas para prevenir el contagio, como la “sana distancia”, quedarse en casa y el lavado continuo de manos.

La decisión gubernamental, sin embargo, ha afectado severamente a muchos prestadores de servicios y comerciantes de todos los niveles económicos, en ciertos casos hasta con la reducción del 100 por ciento de sus ingresos, de acuerdo con las declaraciones de varios locatarios y de la mayoría de los trabajadores informales.

No hay apoyos del gobierno

Entrevistado por buzos, José Manuel Parra Zambrano, director de Feeling dance, una marca de acondicionamiento físico que brinda servicios en espacios públicos y colonias de la capital michoacana, señaló que, desde finales de mayo, su empresa se ha visto muy dañada por las crisis sanitaria y económica:

“Nos tocó cerrar nuestros espacios desde la llegada del Covid-19; y para la mayoría de los que nos dedicamos a esto, es nuestra única solvencia y entradas de dinero, por lo cual nos afectó al 100 por ciento. En ese entonces logramos generar algunos acuerdos con instituciones para apoyar a entrenadores con alguna despensa y, de igual manera, a algunos alumnos, porque también ellos se vieron afectados.

“Ya después empezamos a trabajar de nuevo; pero tuvimos el problema de que la gente no regresó completamente y nos afectó en un 60 o 70 por ciento. Estamos conscientes de que las medidas que se están tomando son para la mitigación de la curva de contagios, pero nuevamente nos estamos viendo perjudicados. Ahorita estamos buscando alternativas porque por el momento no hemos recibido algún apoyo por parte del gobierno. Esperamos que en esta nueva etapa haya más apertura para ayudarnos”.

En la misma situación se hallan los dueños de pequeños negocios, como el de Yolanda Antonio Miranda quien, desde hace cinco años, tiene una lavandería en su casa, y la llegada de la pandemia ha disminuido notablemente su clientela y, aunque destaca que el gobierno estatal emplea las medidas necesarias para evitar los contagios, lamenta que el nuevo decreto estatal perjudique severamente su economía familiar.

“La gente, por el temor al virus, ya no trae su ropa a lavar. En un principio nos afectó económicamente un 20 por ciento; pero esta semana aumentó, yo creo, nuestra clientela bajó un 50 por ciento”, precisó, no sin añadir que el gobierno adoptó esa decisión sin tomar en consideración el funcionamiento de los negocios no esenciales.

“No hemos recibido ninguna notificación. Solo una vez pasaron a revisar que tuviéramos todas las medidas sanitarias. Pienso que no es tanto la culpa del comerciante sino de quien consume. Al final, si nosotros, como sociedad, nos unimos y somos conscientes y seguimos las medidas necesarias, esto puede terminar más rápido y al final nos conviene a todos. He estado al pendiente de los estatutos que nos dicen qué hagamos, y he estado cerrando a las 6:00, los domingos no abro y trato de darle seguridad al cliente”, explicó.

Comerciantes como Astrid Ponce Aguado, quien tiene una papelería, se ha visto en la necesidad de negar el servicio a los clientes que no portan cubrebocas, medida exigida por el ayuntamiento de Morelia para seguir vendiendo. “Tenemos aproximadamente 18 años con la papelería; y el nuevo decreto nos pasó a afectar de nuevo, al tener que cerrar temprano; ya que nos limitan a los clientes que trabajan hasta tarde y no pueden hacer sus compras antes.

“Entre las medidas que debimos adoptar para seguir trabajando están el protector de plástico, el uso de gel en nosotros y en los clientes, el sanitizante, la compra y uso de tapete y el no atender a clientes sin cubrebocas, lo que muchas veces sale contraproducente, porque son personas que se molestan y no regresan”, contó a buzos.

Astrid Ponce señaló, además, que las medidas del nuevo decreto “están bien para que la población entienda la gravedad del Covid-19 y pueda haber así una reducción en los casos. Pero, por otra parte, vuelven a afectar de una forma importante a la economía de los ciudadanos”.

Comentó que la mayor afectación en las papelerías se produjo en la temporada alta de entrada a clases, ya que las escuelas se encuentran cerradas y, en la mayoría de oficinas, solo trabaja la mitad del personal, con lo que perdieron a sus compradores más importantes. También afirmó que sería satisfactorio que el gobierno brindara apoyo económico a los negocios como el suyo, ya que las medidas sanitarias están afectando mucho a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Los ambulantes se llevan la peor parte

Desde la segunda semana de este año, cuando se declaró bandera roja en la capital michoacana, los comerciantes ambulantes padecen los mismos problemas que sus colegas formales o establecidos. Son entre 80 y 150 los ciudadanos que, en las noches, solían vender diversas mercancías en las plazas del Centro Histórico y la avenida Lázaro Cárdenas de Morelia.

Entre los objetos que venden hay artesanías como las muñecas purépechas, bufandas, gorras y guantes contra el frío, papas, elotes, tatuajes de henna, peluches de moda, juguetes, churros, cocos, algodones de azúcar y, entre otras mercancías, frutas de la temporada.

Andrés Torres Magaña denunció que, desde el año pasado, el secretario de Servicios Públicos municipales, José Luis Gil Vázquez, ordenó el endurecimiento de las sanciones contra los vendedores ambulantes para evitar, según él, los contagios de Covid-19.

El funcionario amenazó con imponer una sanción administrativa de mil 500 pesos a los vendedores ambulantes que reincidieran en ofrecer sus mercancías sobre la calle, multa que consideraba baja y que había que elevar. “Necesitamos endurecer la sanción económica, que sea más alta, ya que muchas veces prefieren simplemente dejar sus cubetas para que no les apliquen la sanción; prefieren eso a pagar los mil 500 pesos”, declaró en rueda de prensa.

Gil Vázquez planteó esta iniciativa a la regidora Alma Bahena para que ésta la propusiera en el Cabildo, así como también sugirió establecer vigilancia permanente de la policía municipal en los sitios donde se asienta el comercio informal. El funcionario sabe que los “carretilleros siguen con la idea de cuidar la zona y meter nuevamente sus carretillas”.

El año pasado, los ambulantes interpusieron cerca de 30 amparos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde alegaron que las persecuciones del municipio de Morelia violentan su derecho al trabajo; pero la resolución favoreció a la Dirección de Mercados y el dictamen fue publicado a través de un bando.

Con respecto a este recurso legal, José Luis Gil Vázquez denunció que no se atentó contra los derechos humanos de estas personas, quienes “muestran la parte que les conviene. Su primera actitud al momento de hacer un resguardo es tirar su mercancía al suelo, victimizarse y, de esa manera, poder decir que nosotros, como trabajadores del Ayuntamiento, estamos haciendo uso de la fuerza pública o un abuso de autoridad”.

Añadió que los “carretilleros” en realidad son intermediarios que trabajan para “terceras personas”, generalmente de otros estados: de México, Oaxaca e Hidalgo. Gil Vázquez reconoció que han detenido a menores de edad; pero explicó que en estos casos se pide la intervención del Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “para cuidar su integridad física”.

Con relación a este tipo de situaciones, la señora Ofelia Velázquez describió a buzos que ella lleva a sus hijos a vender para no dejarlos solos en casa y exponerlos a un peligro. “Vendo muñequitas purépechas y es mentira que ponga a trabajar a mis hijos. Si están aquí es porque en la casa no hay nadie quien los cuide y es peligroso dejarlos solos todo el día, porque están chicos. Aunque sea aquí, los estoy cuidando y con lo que voy juntando, les doy de comer aquí mismo. Soy quien hago las muñequitas; yo soy quien las vende, no ellos; soy yo quien compra el material con lo que voy teniendo de ganancia. La gente habla desde lo que ve, pero no desde ponerse en los zapatos del otro. A mí me gustaría que ellos se quedaran en casa viendo la tele y calientitos, pero no los puedo dejar solos, no tienen ni 10 años”.

Y continuó: “Hay días que me voy sin nada. Normalmente son los turistas los que más compran porque les llaman la atención las muñecas; pero pues ya ni ellos vienen tanto a Morelia. El gobierno no nos ayuda y más bien me toca esconderme de los del Ayuntamiento para que no me quiten lo que me da de comer”.

De acuerdo con el nuevo decreto, el incumplimiento de las medidas será sancionado con normas administrativas cuya aplicación será gradual: I. Amonestación con apercibimiento; II. Multa de diez a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMAS); III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total y IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.