La primera semana de 2021 inició en Veracruz con una decena de desaparecidos, entre quienes el mayor número fueron mujeres e infantes y el de mayor impacto social fue el feminicidio de la joven nutrióloga Samara Arroyo, cuyo cadáver solo pudo ser localizado después de 14 días.

Frente a estos lamentables sucesos, la actitud de la clase política fue contrastante, pues mientras diputados federales de la oposición exigieron fortalecer las alertas de Género y Ámber, así como identificar los múltiples restos encontrados en las fosas clandestinas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que su estrategia de seguridad pública es la correcta y felicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por su trabajo.

Además de estos casos muy señalados, en solo medio mes –del 1° al 15 de enero– hubo más de 90 desaparecidos, entre los cuales destacan mujeres, niñas y niños, según los mismos reportes oficiales de la FGE y la SSP.

Las primeras víctimas de feminicidio en Veracruz este año fueron la comerciante Rosa María N., en Ciudad Mendoza el cuatro de enero; la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, en Actopan, el día seis; Adriana Beatriz López Rodríguez, en Cosoleacaque; y Ana Arelly Bustos Vázquez, en Tlapacoyan, cuyos cadáveres aparecieron el día siete.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre del 2020, Veracruz registró 79 feminicidios, cifra que lo ubica en el segundo lugar nacional con más delitos de este tipo.

El primer caso se produjo a plena luz del día en el interior del Mercado Hidalgo, en el municipio del Centro, contra una vendedora de discos y juguetes, de 63 años; apenas unas horas después de que el gobernador García Jiménez anunciara que se reforzaría la seguridad en esos municipios, donde el 31 de diciembre fue asesinada una pareja de comerciantes.

El pasado 23 de diciembre ocurrió la desaparición de Samara –nutrióloga de apenas 22, años egresada de la Universidad Iberoamericana (UI), con dos maestrías cursadas en el extranjero y diseñadora de las dietas para los pacientes de Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el puerto de Veracruz–; su familia denunció el hecho al día siguiente ante la Unidad Integral del distrito judicial de Veracruz. Su camioneta fue encontrada en la localidad de Palmas de Arriba, del municipio de Actopan.

La FGE detuvo a una persona de nombre Willian N, e integró una carpeta de investigación que fue llevada a un juez de control en el distrito de Veracruz, quien legalizó la detención y vinculó a proceso al sujeto por los delitos de ultrajes a la autoridad y robo específico, decretando, como medida cautelar, un año de prisión preventiva y cuatro meses de investigación complementaria.

Varios días después, medios estatales y nacionales publicaron un video en el que se aprecia al sospechoso en el momento de subir un bulto a la camioneta robada. En una conferencia de prensa, en la que el mandatario veracruzano hablaba del avance del Covid-19, la familia de Samara envió mensajes vía Facebook con los que exigió que detuvieran “la filtración” de información y se investigara a fondo la desaparición; de inmediato, los denunciantes recibieron ataques y fueron acusados de querer “aprovecharse” de lo sucedido para denostar a García Jiménez.

Un día después, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, confirmó el hallazgo sin vida de la joven en un terreno propiedad de la familia del presunto responsable Willian N., quien ya había sido detenido y enfrentaría la responsabilidad penal correspondiente. La funcionaria advirtió también que el presunto responsable privó de la vida a Samara en el interior de su domicilio.

Adriana Beatriz y Ana Arelly

La desaparición de Adriana Beatriz López Gutiérrez, de solo 27 años, ocurrió el domingo siete de enero, poco después de que salió a una fiesta. Su cuerpo fue encontrado 30 días más tarde en el interior de una maleta sobre un camino de terracería. Dejó dos hijos pequeños en la orfandad.

“Adriana, hermanita mía, te vamos a extrañar, pero sé que descansas en los brazos de Dios. No tengo palabras ahora, pero sé que eres muy apreciada por muchos. Seguiremos adelante por esos pequeños y con fortaleza los guiaremos como tú habrías querido”, escribió su hermana en su muro de Facebook.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los asesinatos de Beatriz López Rodríguez y Arroyo Lemarroy e hizo un llamado a las autoridades de Veracruz para que realicen una investigación con perspectiva de género, conforme a los protocolos establecidos para esclarecer los feminicidios.

“La CNDH reprueba todas las formas de violencia contra las mujeres, particularmente las que se expresan en feminicidios, que son la máxima expresión de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias son de largo alcance y que afectan a la sociedad en general. La violencia feminicida es una amenaza constante a la seguridad de las mujeres, a su vida e integridad, y los espacios donde se desarrollan”, precisa el texto.

En el mismo documento, dicha institución subraya que es imperativo garantizar el acceso a la justicia inmediata que inhiba y erradique la violencia de género contra mujeres y niñas. “Esta Comisión Nacional –prosiguió– recuerda a las autoridades mexicanas su responsabilidad de atender los mecanismos de garantías para la protección de las mujeres y su seguridad, así como su obligación para prevenir, atender y sancionar a los agresores y eliminar todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres”.

El diputado federal Héctor Yunes Landa también condenó los hechos y criticó la ineficiencia del Gobierno Estatal. “Los asesinatos de Samara y Adriana nos lastiman a todos. Muestran a una sociedad que se sabe insegura y una autoridad indolente que no garantiza su bien más preciado: la vida. Veracruz sigue siendo una vergüenza nacional por los feminicidios”.

A la condena de estos asesinatos se sumó la también legisladora federal Anilú Ingram Vallines: “Mis condolencias a la familia de Samara, quien desgraciadamente se une a las víctimas de feminicidios en Veracruz. Las autoridades se muestran orgullosas por capturar al feminicida, cuando se trata de evitar muertes. Suman ya 236 feminicidios en su gestión”, comentó y pidió justicia para todos los casos.

En diciembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ingram Vallines para fortalecer los procedimientos, mecanismos e instrumentos en materia de Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de que los funcionarios públicos especializados se coordinen de forma adecuada y actúen e informen a la mayor brevedad posible avances sobre las investigaciones.

Pero los feminicidios siguieron. El pasado 29 de diciembre, los familiares de Ana Arelly Bustos Vázquez denunciaron la desaparición de la joven de 28 años. Diez días después fueron hallados sus restos en una huerta citrícola en la localidad de La Palmilla, perteneciente al municipio de Tlapacoyan.

Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVM), afirmó que quienes, desde hace años, investigan el origen de este grave problema de seguridad pública saben que cada año no solo será igual al anterior, sino peor. Esto ocurre, explicó, porque en el pasado reciente, cada inicio de sexenio federal o estatal ha traído consigo patrones de horror en la forma en que desaparecen, mutilan y matan a las personas.

“Aquí no hay año de la marmota. Hay impunidad, complicidad y falta de estrategia para hacer efectivas las políticas públicas diseñadas para defender a las habitantes de nuestro país. Así, el desastre presupuestal en 2021 afectará principalmente a las mujeres”, añadió Casados González.

La activista consideró que, probablemente en 2021, se repita el encierro de 2020 y que el menor presupuesto asignado para prevenir la violencia de género propicie un incremento de éste. “Afirmo lo anterior tomando en consideración que las instituciones de los tres órdenes de gobierno que atienden el ‘tema de género’ siempre han tenido problemas de presupuesto, personal y de respaldo político para hacer su labor. Se les observa como a la mujer invisible: ni está, ni existe”.

Destacó que Veracruz es una de los principales ejemplos de lo anterior. Desde mayo de 2019, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no cuenta con directora. “En vez de iniciar el proceso señalado por la ley para la elección de una nueva titular, han pasado 20 meses en que no se ha cumplido con esta urgente formalidad y nos hemos conformado con un encargado de despacho. Forma es fondo. Esta ausencia lo es”, enfatizó.

Los otros desaparecidos

El primero de enero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Veracruz (CEBPDV) solicitó la colaboración para localizar a cuatro personas, dos de las cuales son mujeres. Afortunadamente, tres fueron localizadas. El dos de enero fueron tres los desaparecidos: dos mujeres y un adolescente, de los que solo éste fue localizado. El domingo tres fueron dos desaparecidas, de 19 y 16 años, pero solo una fue encontrada.

El cuatro de enero fueron reportados ocho desaparecidos, tres del sexo femenino, un niño de apenas dos años y dos menores de 14 y 16 años; seis de ellos aparecieron con vida. Un día después, fueron ocho las personas buscadas, de los cuales cinco eran mujeres y dos adolescentes. Solo cinco de ellos aparecieron.

El seis de enero fue el día con más fichas de búsqueda, con 19 desaparecidos: seis mujeres de 17, 16, 15, 14, 13 años de edad y un niño de 11. A ocho de ellos los siguen buscando. Fue la fecha en que Samara fue hallada sin vida.

Desde el siete de enero se busca a una jovencita de 15 años, de Coatzintla. Ese mismo día, Adriana Beatriz apareció muerta. Otra joven del Puerto, de 15 años, fue encontrada. El día siguiente fue el mismo número de personas y Ana Arelly apareció muerta. Una mujer de 21 años, de Xalapa, fue localizada viva. Desde entonces, se busca a una adolescente de 15 años del Puerto y a un jovencito de la misma edad en Cuitláhuac.

El nueve de enero hubo tres desaparecidos, una mujer de 34 años, entre ellos. De ninguno se sabe el paradero. El día 10 fue un adolescente de 10 años de Papantla, quien ya fue localizado. Otras tres personas se reportaron, pero solo una fue encontrada.

El día 11 fueron seis los desaparecidos: tres mujeres, una de 16 años. El 12, hubo siete, de las cuales cuatro son mujeres, una de 15 años del Puerto; tres ya fueron localizadas.

El 13 de enero se reportaron siete desaparecidos, entre ellos una mujer; cuatro ya fueron localizados, aunque uno fue hallado muerto. El día 14 hubo cinco, dos adolescentes de 16 y 15 años, y solo una joven de Emiliano Zapata fue localizada. El 15 fueron seis, entre ellos una niña de 16 años de Xalapa, que ya fue encontrada. En medio mes fueron casi 100 los desaparecidos.

Victoria Delgadillo Romero, del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, lamentó las múltiples trabas que hallan para saber algo de sus desaparecidos, además de que no han tenido una sola reunión con el mandatario.

“Hemos estado insistiendo en las mesas de trabajo, pero el gobernador Cuitláhuac García no nos ha dado ninguna reunión. Ellos han dicho que ha bajado el índice de desapariciones y de delitos y eso es mentira, porque seguimos igual. En el mes de diciembre fueron dos personas secuestradas y encontradas sin vida. Tenemos que esperar siempre a que nos den un permiso, hasta que nos agenden una búsqueda, pero en realidad las familias somos quienes damos detalles y avances”, explicó.

El 14 de enero, integrantes del colectivo Red de Madres Veracruzanas realizaron una protesta contra el gobierno del Estado y del Congreso Local, porque su compañera Elvira Gómez López fue privada de su libertad. “Exigimos su presencia con vida”, decía una de sus consignas en la Plaza Lerdo, de Xalapa, pidiendo, además, que se investigue la desaparición de los dos hijos de la activista hace ocho años, en el municipio de Tierra Blanca. Unas horas después apareció con vida. No se dieron más detalles.

El pasado 27 de noviembre, la Fiscal General del Estado sostuvo una reunión con integrantes de los diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz, entre ellos el de Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Madres Luna de la Cuenca, Red de Madres Buscando Hijos, Familiares en Búsqueda, Luz, Fuerza y Lucha por Nuestros Desaparecidos.

La funcionaria destacó los trabajos de investigación realizados por la FGE –integración de carpetas, periciales y de recuperación e identificación de restos humanos, etc.–; pero las demandas de los colectivos son las mismas: quieren la aparición de sus familiares con vida o sus restos, apoyo y protección a víctimas, facilidades para investigar por cuenta propia, no papeles.