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Indiferente a los pronunciamientos críticos de la comunidad de investigadores de ciencia y tecnología y a las manifestaciones públicas frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado seis de octubre, la aplanadora legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) extinguió 109 fideicomisos.
Morena concretó finalmente la desaparición de los fideicomisos –que operaban 64 mil millones de pesos (mdp), de los cuales 65 fondeaban investigaciones científicas– con el apoyo de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES).
Dos días antes, el cuatro de octubre, el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, había advertido, en una conferencia de prensa virtual, que no habría negociación posible con los opositores y aclaró: “No se trata de negociar unos sí y otros no. Estamos ante una coyuntura única en el país, donde nos urge tener recursos para la atención de la salud de los mexicanos… entiendo que puede haber destinos nobles que la gente defienda, pero en este momento no hay nada más importante que la salud.
“No es una improvisación, tampoco es un capricho del Presidente. Viene en una lógica de austeridad severa, donde haya mayor transparencia y se elimine cualquier posibilidad de corrupción”, agregó Delgado, quien entonces aseguró que se mantenía en conversaciones con las bancadas de sus aliados para que sus legisladores no fallaran y aprobaran el dictamen.
Consultado por buzos, Luca Ferrari, postdoctorado en ciencias, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, explicó que en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los recursos ya asignados a los proyectos de investigación se aplicarán hasta el final y que serán obstaculizadas las nuevas investigaciones.
El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel III declaró que “El Presidente, prácticamente, dio la orden a Morena de extinguir el fideicomiso de Conacyt, porque piensa que de ahí puede recuperar 50 mil mdp; pero dice que es para otros proyectos, para programas sociales o la cuestión de la pandemia, etcétera. Entonces, a mí me parece que es muy crítica la situación porque deja completamente desprotegida la investigación.
“Lo que está sucediendo es que se está recogiendo el dinero disponible para investigación con el fin de utilizarlo en otros planes, con la justificación de que en el pasado ha habido un manejo opaco, cosa que a mí me parece absurda, porque hay reglas muy estrictas para utilizar ese dinero. Por lo que me ha tocado ver a mí, en general, el uso de estos fondos era vigilado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por los órganos de control interno del Conacyt. Entonces, como investigador, es imposible que uno se haga de dinero con esos fondos.
“Yo creo que esto ha sido para recuperar dinero para ciertos planes del gobierno a través de estos fondos, en lugar de reducir la erogación en proyectos que son cuestionables como la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. Los investigadores somos gente honesta. Las actividades académicas, la investigación, son trabajos que tarde o temprano representan beneficios para la sociedad”, afirmó el doctor Ferrari.
Se contradicen morenistas
Mientras, Mario Delgado argumentaba que los fideicomisos desaparecían para usar el dinero en el combate de la pandemia, otros morenistas señalaron que se modificaba el esquema de distribución de los recursos públicos para que ya no se distribuyeran mediante fideicomisos, sino de manera directa a los beneficiarios, una vez integrado el dinero en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021.
El lunes cinco de octubre, un día antes de la pospuesta sesión plenaria, el Secretario de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera, explicó que con la desaparición de los fideicomisos, habría más agilidad en la distribución y menos discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, porque se distribuirían de manera directa y no con la intermediación de los fideicomisos, con lo que el destino del dinero sería asegurado para los fines presupuestados; aunque por ahora serían agregados al PEF2021.
Herrera indicó que los fondos ascendían a 60 mil mdp, cantidad no coincidente con los más de 68 mil mdp en una tabla publicada en días previos, y en la que están desglosados cada uno de los 109 fideicomisos con sus fondos respectivos, cuyo monto total es cercano a los 70 mil mdp.
“Lo que sí no va a pasar es lo de antes, cuando había subejercicios, los recursos se quedaban asentados en el fideicomiso y, de hecho, los recursos que están asentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera”, advirtió el Secretario.
En un artículo divulgado el cinco de octubre en un diario capitalino, Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de este sexenio, se mostró sorprendido de que el presidente López Obrador “satanice” los fideicomisos: “Sorprende que el Presidente satanice a los fideicomisos cuando el financiamiento de la mayor obra que hizo cuando era jefe de Gobierno (segundo piso del Periférico) provino de un fideicomiso”.
Urzúa aseveró que la política económica del gobierno de AMLO fue errática desde su inicio y aseguró que la pandemia solo magnificó esa tendencia, “tanto que parecería que actualmente el gobierno está dando, al menos desde el mes de abril pasado, tan solo palos de ciego en materia económica”. Sobre el argumento de corrupción en la operación de los fideicomisos, el extitular de la SHCP afirmó que son funcionarios públicos los encargados de operarlos.
Algunos morenistas defienden fideicomisos
El 26 de junio, durante el Tercer Parlamento Abierto para Fondos de Ciencia y Tecnología, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el morenista Erasmo González Robledo, informó que se habían revisado 15 fideicomisos con los centros de investigación y que podrían ser suspendidos. González Robledo reconoció, sin embargo, que los recursos públicos destinados a la investigación y desarrollo tecnológico son esenciales para el país.
Consideró también que ese presupuesto tiene un efecto multiplicador y beneficios que trascienden años fiscales y periodos de gobierno. Tras este reconocimiento de la utilidad de los fideicomisos, apuntó que no se buscaba suspender los apoyos para ciencia y tecnología sino aplicar “un esquema más adecuado para su ejercicio, con transparencia y rendición de cuentas”.
En términos similares se pronunció la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, también legisladora de Morena: “Debemos apoyar a las instituciones destinadas al desarrollo tecnológico para que tengan los recursos suficientes y adecuados; que haya becas necesarias para las y los investigadores, desarrollo de sus proyectos y garantizarles un salario suficiente”.
En forma parecida se manifestó también la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marivel Solís Barrera, igualmente morenista, quien advirtió que la desaparición de fideicomisos podría afectar las actividades de diversos centros de investigación a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Colegio de Posgraduados (CP).
En la misma sesión, César Raúl González Bonilla, coordinador del Centro de investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisó que el fideicomiso que sostiene esta institución debía considerarse de seguridad nacional, porque de ella depende el desarrollo de laboratorios de niveles II y III, indispensables para la investigación sobre el Covid-19.
Rechazo de investigadores
Académicos de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación científica y tecnológica expresaron su rechazo a la desaparición de los fideicomisos destinados a este sector. En una declaración a la revista Forbes el cinco de octubre, Gerardo Maldonado, miembro del comité directivo del Sindicato de Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (Sipacide), advirtió que al desaparecer estos fideicomisos, se traspasa, de las instituciones educativas al Gobierno Federal, el control de lo que investiguen los científicos del país.
La doctora Alma Maldonado, especialista del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, Ciudad de México (CDMX), rechazó las supuestas irregularidades en el manejo del dinero para investigación porque para gastar un peso de un fideicomiso –enfatizó–, se debe pasar por una serie de mecanismos de rendición de cuentas.
A decir de la investigadora, los recursos estaban bajo la supervisión del Conacyt, la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la ASF, y el financiamiento debe solicitarse a un comité técnico encargado de analizar y aprobar los proyectos de investigación.
La doctora Karla Sandoval Mendoza, investigadora del Cinvestav-Irapuato, declaró al reportero de buzos, Marino Santiago, que la desaparición de los fideicomisos provocará graves daños al país, y reveló que la comunidad científica ha sido objeto de auditorías constantes, por lo que le extraña que el Presidente afirme que hay corrupción.
“Vamos a popularizar este sentimiento para que en las próximas elecciones, no solamente las de 2021 sino también la presidencial, las personas estén informadas para decidir por quién votar, para decidir por alguien que apoye a la ciencia, por alguien que apoye al desarrollo y por alguien que fomente un pueblo educado, un pueblo instruido y no un pueblo que se va a sumir de nuevo en el rezago”, denunció Sandoval.
Con una perspectiva similar, la Red ProCiencia advirtió que habrá graves consecuencias para el desarrollo del país con la desaparición de estos instrumentos financieros: “La investigación en muy diferentes disciplinas ha aportado respuestas y caminos que deberán multiplicarse para resolver los nuevos problemas económicos, sociales y de protección a la salud y al medio ambiente en los próximos años”.
Durante el mencionado Tercer Parlamento Abierto para Fondos de Ciencia y Tecnología, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, Beatriz Paredes Rangel, expresó la necesidad de incrementar el apoyo para la investigación científica y tecnológica. “En el Siglo XXI, para resolver los problemas nacionales que marca la era del conocimiento, será indispensable adoptar una posición distinta y dotar con mayores recursos a la investigación y al soporte de la ciencia, en infraestructura y a la innovación tecnológica”, afirmó.
No somos aviadores
Investigadores, profesores y alumnos del Cinvestav del IPN se presentaron el 1° de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestar a diputados federales de la mayoría parlamentaria de Morena, que ellos no son “aviadores” (burócratas cobrando sin trabajar), como afirmó la víspera el presidente López Obrador, y para afirmar que el fondo de 81 mdp del Cinvestav se usaba exclusivamente para financiar investigaciones y que era minuciosamente auditado.
En su conferencia mañanera del 1° de octubre, AMLO había dicho que los fideicomisos operados por el Conacyt y centros de investigación como el Cinvestav, funcionaban sin control, y que, a eso, el gobierno sumaría sus fondos al PEF para encargarse de distribuirlo y evitar la existencia de “aviadores”.
“Los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos, los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo. Solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber, a ciencia cierta, si esas personas son las que deben recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa”, afirmó el mandatario.
Los investigadores politécnicos plantearon, a diputados de Morena, la relevancia del apoyo a las actividades científicas, las cuales influyen en el desarrollo del país. Informaron que tal dinero se destinaba a 120 investigaciones en curso a cargo de profesionales de posgrado y a trabajos conjuntos con instituciones internacionales, como el Instituto Max Planc de Alemania. La investigadora Liliana Quintanar Vera denunció que la desaparición del fideicomiso era un atentado contra el patrimonio científico.
La diputada federal tabasqueña Soraya Pérez Munguía, puso en duda el argumento de que los fideicomisos serían desaparecidos a causa de su manejo corrupto, porque operaban con base en reglas claras, además de que eran vigilados y auditados.
“Esto nos deja ver que la verdadera intención de este gobierno no es combatir la corrupción, es centralizar nuestros recursos para usarlos de manera discrecional y con enorme opacidad”
Pérez Munguía también refutó el argumento de que los recursos de los 109 fideicomisos se utilizarían para atender la pandemia, específicamente para la compra de vacunas. La diputada reveló que, en comisiones, propuso que en el dictamen se previera expresamente que el dinero sería usado para comprar vacunas, pero que Morena lo rechazó, “por eso no les creemos”, sostuvo.
La voz del “supremo”
En su conferencia matutina del 29 de julio, cuando se inició la revisión del proyecto para desaparecer los fideicomisos públicos, el Presidente expresó su molestia porque los diputados de Morena habían acordado cancelar solo cinco, y él consideraba indispensable la eliminación de todos. Tras la crítica presidencial de que los diputados se habían quedado cortos, la cifra escaló a 15 y sucesivamente aumentó a 109.
“Hay como 200 fideicomisos, y apenas van a cancelar cinco y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo. Toma tú chupón (…) vamos a pedirle a los legisladores que, si ahora no pueden, nosotros vamos a seguir insistiendo, que son todos, porque necesitamos ahorrar y que no haya corrupción, y que no haya derroche”, afirmó López Obrador.
La inconformidad del mandatario generó la suspensión de la sesión de comisiones en la que se discutiría el dictamen de los fideicomisos. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González Robledo, anunció que la revisión quedaba suspendida hasta nuevo aviso, a pesar de que esa resolución era uno de los principales argumentos para la realización del periodo extraordinario de sesiones del Congreso, el cual se hallaba en curso.
Ese mismo día, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, declaró respecto a los fideicomisos: “vamos a seguir trabajando. Eventualmente se podrán extinguir otros más en algún periodo extraordinario adicional o, si no, en el mes de septiembre. Entonces es un primer inicio, pero queremos ir avanzando en el tema de fideicomisos y que no se quede parado ese tema”.
El martes 29 de septiembre, la mayoría morenista aprobó, en comisiones, la desaparición de 109 fideicomisos. En la sesión plenaria del jueves 1° de octubre, se votaría el dictamen, pero la oposición y algunos aliados morenistas se ausentaron del salón de sesiones, y ante la falta de quorum la sesión se reprogramó para el martes seis de octubre, día en que la aplanadora morenista cumplió con la encomienda asignada por López Obrador.
FRENA: 153 MIL MANIFESTANTES
El Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) incrementó notablemente el número de sus participantes en la movilización efectuada el tres de octubre en la Ciudad de México (CDMX), cuya cantidad real provocó una guerra mediática entre sus activistas y los funcionarios públicos capitalinos.
Los morenistas calcularon cinco mil manifestantes, y 153 mil los dirigentes de FRENA, quienes, de cualquier modo, aclararon que su capacidad de convocatoria había crecido y que en su movilización habían participado ciudadanos que coincidían en su inconformidad con el gobierno de López Obrador.
Los activistas de FRENA trataron de certificar, ante tres notarios públicos, que en su marcha participaron más de 100 mil personas para exigir la renuncia de éste. Para tal efecto, instalaron en el Monumento a la Revolución, asentado en la Plaza de la República, varias mesas con libretas y plumones para que los asistentes escribieran sus nombres y estamparan sus huellas digitales antes de recibir un distintivo. En sus redes sociales, FRENA reportó que la asistencia fue de 153 mil personas.
La disputa sobre los datos de la movilización generó un comentario del Presidente en su mañanera del 29 de septiembre, cuando declaró: “no coman ansiasˮ, aludiendo al a declaración en la que había prometido que “a la primera manifestación de 100 mil personasˮ se iría a su rancho de Palenque, Chiapas, y también a que ya viene la votación para la revocación de mandato de 2022.
En la misma conferencia del pasado 29 de septiembre, AMLO introdujo, además de los 100 mil manifestantes, otra condición para renunciar a la Presidencia de la República e irse a Palenque: “que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyoˮ, siendo así “ni siquiera espero la revocación de mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios e idealesˮ.
En la marcha del tres de octubre, participaron, además de los capitalinos de FRENA, ciudadanos provenientes de Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí, que una vez en el Zócalo, ampliaron el plantón de casas de campaña instalado el 23 de septiembre, lo cual no habían logrado anteriormente después de varios intentos, en los que chocaron con la policía antimotines.
Los frenistas, que se oponen a las políticas públicas del Presidente, portaban banderas mexicanas, pancartas y mantas con letreros como “Fuera Lópezˮ y “Todos Somos Méxicoˮ.
Como parte de su política de “no repartir moches”, el presidente busca la manera de que los flujos de dinero los maneje el gobierno.
La estrategia es clara: ganar el Congreso en el 2021. La táctica también es clara: usar el dinero público, las mañaneras y las redes sociales para hacer campaña.
“La justicia no se consulta. Posiciones como la mía no son populares. Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad”.
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Escrito por Martín Morales