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Con 24 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Penal local para tipificar como delito la apología del crimen y la provocación a delinquir, con ello pretende frenar la impunidad de quienes promuevan o glorifican conductas delictivas en el estado.
Como parte del castigo, se establecieron sanciones de tres a seis meses de prisión para quien incite públicamente a cometer un delito, promueva el consumo de sustancias ilícitas o realice apología a estos actos.
En caso de que el delito no se ejecute, también se contempla una multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La ley también considera como autores o partícipes a quienes, por cualquier medio, expresen ideas, difundan imágenes o mensajes que inciten a la criminalidad o exalten a personas vinculadas con grupos delictivos, lo cual provocó el rechazo de periodistas, quienes protestaron en el salón del pleno por considerar que la disposición legal representa “una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión”.
Además, el gremio periodístico aseguró que la reforma atenta contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la participación política y la organización ciudadana.
Ante este panorama, el colectivo Periodistas Unidos anunció que emprenderá acciones legales para impugnar la reforma, al considerarla incompatible con el principio de legalidad penal, con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y con los valores constitucionales que sostienen una sociedad democrática.
Además, exigió que el Estado garantice la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni penalizar la palabra, pues la libertad de expresión no representa una concesión del poder, sino un derecho que defenderán con toda la fuerza de su palabra.
Casi cuatro millones de niñas y niños entre 13 y 17 años de edad no asisten a la escuela.
La mayoría de los mexicanos para quienes fue creado el Banco del Bienestar difícilmente podrán utilizar todos sus servicios bancarios.
El exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue condenado por un juez federal de Texas, a nueve años de prisión por haber aceptado 3.5 millones de dólares en sobornos.
Desde el accidente de 2006, que provocó la muerte de 65 mineros en la Mina 8 de Pasta de Conchos, se han registrado 130 fallecidos en incidentes similares, lo que exhibe la irresponsabilidad en que operan las empresas extractivas.
El estado no tiene programados recursos adicionales para enfrentar la sequía.
Se estima que estos festejos dejarán una derrama económica de más de 35 mil millones de pesos a nivel nacional, lo que representa un incremento del 52.17 por ciento con respecto al año anterior.
La embajada condenó las agresiones, ya sean físicas, verbales, psicológicas o cibernéticas, que los jóvenes puedan sufrir por sus gustos culturales.
La Conagua reportó que en el Estado de México 52 municipios enfrentan una condición de sequía severa.
Tras las políticas implementadas por la actual administración, la frontera entre México y Estados Unidos es la más riesgosa, señaló la Organización Internacional para las Migraciones.
Tan solo esta semana el número superó los 17 mil casos, y este jueves la cifra llegó a los 19,223 casos.
En muchas de las manifestaciones de descontento popular que acontecen hoy en día se encuentra la repetición de un fenómeno: la violación total o parcial de monumentos.
Los grupos usan estas plataformas para generar confianza en los menores antes de invitarlos a realizar actividades delictivas.
A pesar del discurso del gobernador de Tamaulipas, Villareal Anaya, la nueva corporación de seguridad pública acumula más de 500 quejas interpuestas por ciudadanos contra los agentes de la Guardia estatal..
En esta contienda, compiten la exsenadora Adriana Dávila y el diputado federal con licencia Jorge Romero.
El “fugitivo” cuenta con una orden de aprehensión junto a su esposa, la alcaldesa María del Rosario Matías Esquivel.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán y Fernanda Trujano Chavarría
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