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Los pobres, expulsados de la ciudad
Las rentas en la CDMX que rondaban los mil 800 y dos mil 500, de golpe pasaron a siete mil, "entonces la mayoría ya se salió de la zona”, reveló a buzos Sofía López, líder de la Asociación de Residentes de la Zona Alameda, del Centro Histórico.
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“La mayoría de los compañeros de la organización éramos del Centro, pero debido a que subieron de repente las rentas, si pagaban entre mil 800 y dos mil 500, les dijeron que tenían que pagar siete mil, entonces la mayoría ya se salió de la zona”, dijo a buzos Sofía López, dirigente de la Asociación de Residentes de la Zona Alameda, del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

En algunos casos, los expulsaron definitivamente, los sacaron; y en otros, como en el caso de López 117, la dueña empezó a meter gente a dormir en los pasillos y los compañeros tenían que estar pasando así. Se tuvieron que salir de ahí y solamente quedaron dos de los residentes originales del edificio. La mayoría de los desalojos que ha habido aquí, han sido de esa manera”, explicó.

Bajo presiones de familiares de la dueña, fallecida en 2000, la señora Olga Díaz, de 81 años, compañera de Sofía, tuvo que abandonar, en septiembre de 2021, la vivienda que habitó durante 80 años y en donde convivió con su hermano de 70 años de edad.

 

 

Olga tuvo que irse a la casa de una hija en Taxqueña, donde las rentas van de los 10 a los 15 mil pesos mensuales, montos que no podría pagar con su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Tuve que pedir prestado para poder sacar mis cosas que aún tenía, y ayudar a mi hermano que gana el salario mínimo”, agregó.

Su consanguíneo se quedó temporalmente en el departamento del Centro, mientras encontraba dónde vivir; pero fue echado del inmueble por un grupo de personas que no se identificaron y debió irse a la vivienda de un barrio en Río de los Remedios, colindante con Tlalnepantla, Estado de México. “Actualmente le sigo ayudando con comida”, apunta doña Olga.

Activistas del movimiento urbano inquilinario capitalino coinciden en que, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Jefe de Gobierno de la CDMX (2000-2006), en la capital se ha impuesto el esquema inmobiliario trasnacional de “urbe de negocios”, con el que los habitantes con ingresos bajos son expulsados y sustituidos por otros con mayor capacidad adquisitiva. Esta tendencia se ha agudizado en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Desde 2008, la plataforma digital Airbnb acapara sitios para rentar en las principales ciudades del país y mediante acuerdos mercantiles con propietarios de uno o varios inmuebles de ese tipo que, atraídos por el cobro de las rentas en dólares, echan a sus inquilinos para asociarse con la empresa trasnacional.

Pero los damnificados por la pérdida de su “derecho a la ciudad” no solo son los inquilinos pobres de las colonias del centro de la CDMX, sino también los de clase media baja de la Roma o la Condesa, que tampoco pueden competir en ingresos laborales con empleados internacionales que perciben salarios en dólares, con trabajos a distancia para empresas de su país, que son conocidos como “nómadas digitales” y que contratan viviendas mediante Airbnb.

La paulatina creación de nuevos negocios en plazas comerciales mexicanas está provocando aumentos en los precios de compra y renta de los inmuebles habitacionales aledaños a las áreas que están siendo invadidas por este fenómeno inmobiliario-financiero.

Los especialistas en problemas urbanos lo llaman “gentrificación”, porque los habitantes pobres, incluidos los de clase media baja, ya no embonan en el nuevo escenario y son empujados a la periferia de su ciudad, en muchos casos, a los que anteriormente eran denominados “cinturones de miseria”, es decir, a los lugares donde se asientan los migrantes rurales que buscan mejores condiciones de vida.

Esta movilización del campo hacia las ciudades comenzó en México en los años 60 del Siglo XX. Según información del Banco Mundial (BM), en 2017 se había invertido la correlación anterior, porque reportó que del 80 por ciento de la población, 20 por ciento era rural… tendencia que está creciendo, estimulada por la empresa Airbnb, plataforma de Internet creada en 2007 y que opera en México desde 2008 con un impacto en el servicio de transporte de taxis Uber, que está desplazando a los autos de alquiler tradicionales.

El éxito mundial de Airbnb consiste en ofrecer sitios empresariales a bajos costos de renta y servicios básicos (electricidad, agua, drenaje, etc.) a los “nómadas digitales” en ciudades más baratas para sus ingresos en dólares o euros, con lo que reducen sus gastos y aumentan sus ingresos.

 

Gentrificación: hacinamiento

Guillermo Rodríguez, activista en el tema habitacional de la CDMX y Veracruz desde hace décadas, reveló a buzos que la gentrificación se ha desarrollado en el mundo desde hace 30 años, en México desde hace 20; y que en el país ha provocado otro fenómeno: el uso intensivo del espacio habitacional.

El problema del hacinamiento –es decir, la aglutinación de familiares o amigos en un mismo sitio– es actualmente muy alto; encuestas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que 51 de cada 100 viviendas del país reportaron este fenómeno y que los mayores porcentajes se ubican en estados pobres como Chiapas, con el 72.5 por ciento; Guerrero, 67.3; Oaxaca, 62.8; y Tabasco, 62.3.

Otro fenómeno, de reciente aparición, es el de los roomies: compañeros de cuarto o amigos que pagan una renta cara. Guillermo Rodríguez citó el ejemplo de un arrendamiento por 25 mil pesos mensuales de un departamento de tres recámaras y por el que cada uno aporta siete u ocho mil pesos, o como se arreglen.

 

 

“Entonces se tiene la gentrificación; y ahora este fenómeno de los roomies, concepto estadounidense que ahora está extendiéndose por todos lados”, detalló Rodríguez, quien agregó que esta práctica inquilinaria está cambiando “el paisaje, la cultura; se apropian de espacios urbanos con todos los servicios y los adquieren a precios ridículos en comparación con los que se encuentran en España, Estados Unidos (EE. UU.), Canadá o Japón”.

El activista social afirmó que la llegada de “nómadas digitales” se intensificó con la pandemia de Covid-19, “una oleada que vino principalmente de EE. UU., Canadá, Japón y España, ya que pueden trabajar a distancia y les pagan el salario de sus países y vienen a un lugar donde los precios de la comida, de los servicios, de la vivienda son menores que en sus países de origen”.

Rodríguez advirtió que este avance inmobiliario se ha observado de manera acusada del año 2000 a la fecha en la CDMX y explicó la repercusión negativa que sufre el pueblo originario de Xoco, en la región sur de la capital, donde el complejo urbanístico Mitikah está expulsando a sus habitantes originales y extinguiendo su cultura tradicional.

Ese desarrollo inmobiliario habitacional-comercial, propiedad de la familia judía El Mann Arazi, asentada en México desde hace varias décadas, fue inaugurado el 23 de septiembre de 2022 en medio de las protestas de la población originaria de Xoco. Tiene el rascacielos más alto de la CDMX, tres torres de oficinas, departamentos habitacionales con un valor mínimo de nueve millones de pesos, un hotel de lujo y el centro comercial donde se venden las mercancías más exclusivas del mundo.

En su libro El derecho a la vivienda, publicado en enero de 2022 y presentado en Monterrey, la abogada y maestra en derechos humanos Carla Escoffié Duarte, especializada en problemas habitacionales, recuerda que la vivienda es un derecho ciudadano y que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay una iniciativa que lo reivindica en ese sentido: “esperemos que la Suprema Corte reconozca, por primera vez, el derecho a la ciudad… esperemos que así sea”.

 

Estrategia mundial

El capital financiero internacional está optando por la propiedad y el arrendamiento inmobiliarios para acumular más riquezas desde hace varios años; y para ello, se ha respaldado en la tecnología moderna.

Las plataformas digitales operadas a través de Internet como Airbnb son “incubadas” en Silicon Valley, San Francisco, California, por medio de “emprendedores” expertos en tecnología de punta e inversionistas financieros vinculados a la bolsa de valores de Nueva York.

La agencia financiera internacional Bloomberg reportó, el 14 de enero de 2021, que un mes atrás, después de su entrada a la Bolsa de Valores Nueva York, la venta de las acciones de Airbnb habían superado los 100 mil millones de dólares (mdd) y que lo mismo había ocurrido con Uber cuando logró más de 91 mil mdd tras su ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York, según una información del diario The New York Times del nueve de mayo de 2019.

Otras plataformas digitales inmobiliarias han tenido éxitos similares. Por ejemplo la empresa Pacaso, que surgió en 2020 para ofrecer sitios veraniegos en copropiedad o “tiempo compartido” (cada socio puede utilizarlo dos veces al año), en sus primeros meses de operación alcanzó un valor de mil 500 mdd.

En su estudio El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la sociedad capitalista contemporánea (2016), Frank Molano, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, describe la estrategia del capital financiero internacional para apoderarse de ciudades y modificar a su conveniencia la vida de sus habitantes.

 

 

Molano cita la primera presidencia del político izquierdista brasileño Luiz Inacio Lula da Silva quien, ante los estragos sociales ocasionados por esta estrategia financiera internacional, en 2001 promovió la Ley de la Ciudad para garantizar el derecho a una vivienda; y para reforzarla en 2003, creó el Ministerio de la Ciudad.

 

La “izquierda” en la CDMX

A pesar de que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se ostenta como izquierdista, los grandes desarrollos inmobiliarios que se iniciaron con AMLO en el año 2000 ahora aumentan, y cada vez con mayor aliento legal: el 26 de octubre de 2022, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) y el Fideicomiso del Centro Histórico anunciaron una “Alianza para el desarrollo, fortalecimiento y promoción del Turismo Creativo y los Nómadas Digitales” con la empresa digital Airbnb.

Sheinbaum, aspirante presidencial con el abierto apoyo de AMLO, conoce bien de proyectos inmobiliarios comerciales y de vivienda, ya que cuando se desempeñó como titular del gobierno capitalino, ella fue Secretaria del Medio Ambiente, dependencia que se encargaba de estudiar el impacto ambiental de los desarrollos urbanos.

En la alianza suscrita en 2022 participa también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (Unesco), porque “presuntamente tiene como finalidad impulsar el turismo cultural aunque, en realidad, la presencia de esta agencia internacional opera los ‘arbolitos que esconden el negocio inmobiliario’”, comentó a buzos Guillermo Rodríguez.

Ésta es la razón por la que, el 28 de octubre del año pasado, 51 organizaciones civiles y 852 ciudadanos emitieron un pronunciamiento público en el que rechazan la alianza firmada por el gobierno capitalino con Airbnb y la Unesco, y demandan respeto a su derecho humano a la vivienda.

“Se trata de un duro golpe contra quienes hemos pugnado por legislaciones que contemplen la vivienda como un derecho humano y no como una mera mercancía”, denuncia el documento.

Entrevistado por buzos, Carlos Acuña, uno de los voceros de estas agrupaciones civiles, señaló que la citada alianza fue una traición al movimiento inquilinario de la CDMX, que surgió en 1985 para enfrentar los retos que planteaba la reconstrucción de decenas de miles de viviendas destruidas por los sismos de ese año.

 

 

“Sí, vemos que hay una traición, porque la política de entregar a Airbnb buena parte de la ciudad ya está visto que no funciona, que es nociva, que las dinámicas de Airbnb generan muchos problemas, básicamente especulación (como el incremento en los costos del suelo, la vivienda en renta y venta) y desplazamiento de personas (expulsión de sus colonias)”, puntualizó Acuña a este semanario.

“La doctora Sheinbaum lo sabe (…) en 2018, frente al Movimiento Urbano Popular, en la esquina de doctor Mora y la calle Colón, ahí a un costado de la Alameda, la doctora Sheinbaum firmó un convenio por el derecho a la ciudad. Esto fue en marzo de 2018, y ese mismo año fue el conflicto en el Edificio Trevi.

“Esto fue por un tema de Airbnb; expulsaron del Edificio Trevi a muchos vecinos para instalar un hotel bajo la dinámica de Airbnb; y el gobierno sabe esto; y más o menos un año después de que fueran expulsados, se presentó el proyecto del Hotel Alameda”, recordó el activista social.

 

Al cobijo del poder político

La estrategia de expansión de Airbnb incluye la firma de alianzas con gobiernos de los estados, que en diciembre de 2022 eran ya 12 de 32, incluido el de la CDMX, Oaxaca, Quintana Roo y Jalisco; todos ellos fueron cooptados con el argumento de que se promueve el turismo, la cultura, la recuperación económica y el medio ambiente sano.

En lo que va del actual sexenio, en el país se ha triplicado el número de extranjeros que recibieron una visa de residencia temporal –de 180 días a cuatro años–; según las estadísticas de política migratoria, “Personas extranjeras documentadas con la Tarjeta de Residente Temporal (TRT)”.

En 2019 fueron 19 mil 969 y en 2022 se reportaron 59 mil 156 en el país. La CDMX ha sido la mayor receptora, con seis mil 179 en 2019; y en 2022 fueron 17 mil 197. La mayoría son estadounidenses, que de 11 mil 594 en 2019, pasaron a 19 mil 122 en 2022.

El cambio de viviendas en renta a desarrollos inmobiliarios para negocios, plazas comerciales y centros de oficinas, etc., se aceleró durante la jefatura de gobierno de AMLO (2000-2005, ya que en 2006 se postuló por primera vez a la Presidencia de la República) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI, creada en 2002) encontró en él un “puntual” aliado.

 

 

Uno de los principales adeptos de esta política es Carlos Slim Helú, empresario de la comunidad mexicano-libanesa, propietario del poderoso grupo Carso, el hombre más rico de México y desarrollador de proyectos inmobiliarios en la zona Centro Histórico-Alameda.

Otra de las compañías inmobiliarias es la firma Richtman International que es propiedad de la comunidad judía canadiense que, durante el gobierno de AMLO en la CDMX construyó la Torre Mayor y la Torre Diana, más recientemente, en la glorieta de la Diana Cazadora, ambas en el Paseo de la Reforma.


Escrito por Martín Morales


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