La realidad es que en México las mujeres estamos lejos de recibir la atención jurídica adecuada y, peor aún, estamos más lejos de las medidas necesarias para prevenir y evitar delitos por violencia de género. En 2007, el gobierno mexicano impulsó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y creó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Este mecanismo funciona como protección de los derechos de las mexicanas y opera con base en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado (municipio o entidad federativa).

Sin embargo, las alertas de género no han impedido que los feminicidios aumenten aceleradamente. En nuestro país, 10 mujeres son asesinadas cada día. El año pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó mil cuatro crímenes catalogados como feminicidios, que representaron un aumento del 2.6 por ciento respecto a 2020, la cifra más alta en los últimos seis años. Lo más alarmante es el ritmo de crecimiento acelerado. En 2015 hubo 411 feminicidios; en 2016, 605; en 2017, 742; en 2018, 893; en 2019, 940; y en 2020, ya con la pandemia, los feminicidios sumaron 860.

De nada sirvió que 22 de las 32 entidades federativas y 643 de los dos mil 471 municipios de la República tuvieran Alerta de Violencia de Género. Nada detuvo los asesinatos de mujeres, y en este periodo se registró un escandaloso crecimiento del 144 por ciento. Esta incidencia, sin embargo, representa apenas la punta del iceberg porque en México no se denuncia más del 90 por ciento de estos delitos.

Lo que nos lleva a concluir que las agresiones físicas contra las mujeres no van a contrarrestarse con medidas administrativas como las declaratorias de alerta de género. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio asegura que la prevalencia de los feminicidios evidencia que las acciones siguen siendo insuficientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres que se encuentra enmarcada en un contexto de violencia generalizada, discriminación e impunidad.

Lo único que nos queda es unirnos y exigir a nuestras autoridades, no solo ser vistas, sino, sobre todo, ser escuchadas, lo que implica que no prometan más “políticas gubernamentales”, iniciativas en el Congreso, leyes o más alertas de género, y no porque no sirvan, sí ayudan, pero eso no erradica el problema, como ya quedó evidenciado en los datos. Lo que necesitamos son hechos, acciones concretas que hagan frente a la terrible realidad que enfrentamos las mujeres en México.