Chile, alumno aventajado de las políticas neoliberales en América Latina, está por colapsar debido a la repulsa social. Por años, las calificadoras elogiaron su “estabilidad, crecimiento y disciplina, únicos en el convulso Cono Sur”, pero esa narrativa ocultó la gran desigualdad, el agotamiento de la clase media y un sistema que impide el ascenso social. El alza a la tarifa del metro activó la protesta social y con ello la acción represiva del ejército ordenada por el presidente Sebastián Piñera. Después de imponer el toque de queda y de la disculpa pública del mandatario, continuaba el descontento ciudadano.

“Estamos en guerra”, declaraba un atónito presidente chileno, mientras que a 12 días del estallido, el saldo de sus medidas registraba 19 fallecidos (cinco extranjeros), 535 heridos (210 por armas de fuego) y más de siete mil detenidos. Piñera declaró la guerra el viernes 18 de octubre, cuando anunció el alza en el precio del pasaje del metro (subte) de 800 a 830 pesos chilenos (unos 22 pesos mexicanos).

Hasta entonces, ningún medio corporativo, think tank neoliberal, ni la Organización de Estados Americanos (OEA) que lidera el chileno Luis Almagro, se había “percatado” de la profunda desigualdad en ese país.

Es más, el portal web de la OEA no hizo una sola mención a los sucesos en Chile entre el 15 y 25 de octubre; en cambio atizaba contra el proceso electoral en Bolivia y la política interna en Venezuela.

A modo de ejemplo, Chile es el noveno país –entre 56– con el transporte público más caro. Por este alto costo, las familias destinan hasta 30 por ciento de su salario mensual en transportación. Por ello, el aumento a la tarifa golpeó directamente a los sectores más castigados.

Insensible y lejano de sus gobernados, Piñera tampoco calculó el momento para anunciar el incremento, pues lo hizo a la hora pico. Eso fue clave para activar el descontento social, pues en ese lapso viajan por el subterráneo chileno unos tres millones de personas.

Para comprender el impacto del alza, cabe citar que el metro de Santiago es uno de los más extensos de América Latina con 140 kilómetros y 136 estaciones. A modo de comparación, el de México mide 226.49 kilómetros con 195 estaciones, y transporta en promedio a 3.9 millones de personas con un costo de cinco pesos.

Espontáneamente surgió la indignación popular. Hubo incendios en parte del mobiliario del subterráneo, daños que el director de ese servicio, Louis De Grange, estimó entre 558 mil y 698 mil dólares (casi 13.3 millones de pesos).

Con consignas, los ciudadanos reclamaron la grave situación del país. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, voceaban estudiantes, trabajadores, médicos, maestros y burócratas. Era el amanecer de una crisis social.

Desesperado ante la persistente inconformidad, el gobierno cometió tremendos errores estratégicos y tácticos que pronto se le revirtieron. De forma inédita, impuso el Estado de emergencia que no se aplicaba desde la dictadura de Augusto Pinochet. La medida restringió la libertad de locomoción y de reunión.

Y aunque Piñera suspendió el alza al transporte, continuó la protesta alimentada por el hartazgo y la frustración de hombres y mujeres que no han visto mejoras económicas ni posibilidades reales de progreso en su futuro. Por ello acierta Santiago Alzado cuando afirma: “No es el metro, es el pinochetismo que agoniza”.

Deuda social

A voz abierta, los chilenos dijeron a los corresponsales extranjeros que se sienten “abusados” porque el neoliberalismo es un modelo económico que los priva de la justicia. Estudiantes y sindicalistas denunciaron que el sistema chileno es “un nuevo crimen que genera desigualdad, pobreza” y los acaba criminalizando.

Por esa deuda social y la falta de sensibilidad y de respuestas a las exigencias de equidad, los expertos prevén que se mantendrá el creciente descontento contra las élites y la cúpula política de Chile. Entre las causas del rezago destacan las bajas pensiones, la mala atención médica y educación, así como la corrupción.

Pese a tener uno de los ingresos per cápita más altos de Sudamérica, su sistema de pensiones resulta polémico, por lo que es muy criticado en la actual crisis. Creado en 1982, en plena dictadura, está manos de financieras privadas ─Administradoras de Fondos (AF) ─ acusadas por no dar pensiones dignas y por contribuir en la concentración de la riqueza y la desigualdad en el ingreso.

Grupos críticos como No+AF denuncian que esas empresas “son bancos encubiertos, de ricos empresarios que con esos fondos expanden sus inversiones y concentran el capital en pocas manos”.  Por ello 80 por ciento de los chilenos recibe pensiones menores al sueldo mínimo, declaró al canal británico BBC la lideresa de Chile 21, Gloria de la Fuente.

El modelo de las AF –cuyo artífice fue José Piñera, hermano del Presidente– ha ocasionado protestas masivas recientemente. En 2016 más de 600 mil personas exigieron su fin. Es obvio que las actuales manifestaciones serán el punto de inflexión para las pensiones.

Otra gran deuda social del gobierno chileno es la desprotección sanitaria. En Chile, el sistema de salud es mixto: una parte está cubierta por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) –que afilia al 80 por ciento– y la otra, un seguro privado con apenas 20 por ciento de inscritos, según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.

Este modelo sanitario se traduce en escasez de hospitales y personal médico, falta de atención preventiva y largos tiempos de espera para las consultas. Los reproches al seguro privado se centran en su alto costo, baja cobertura y acceso restringido a centros de salud.

“Más de tres cuartas partes de los ciudadanos están insatisfechos con la gestión en salud. Ninguno de los seguros cumple su objetivo”, reconoció Piñera en 2018. Sin embargo, la desprotección se mantiene en más del 80 por ciento de la población, de modo que la atención se centra en los que tienen más recursos.

Otro reclamo planteado en la presente crisis es la mejora al sistema de transporte público, pues se trata de un servicio de baja calidad, costoso y con rutas que no satisfacen las necesidades de la población.

En la capital opera la red Transantiago, creada en 2007 con problemas de diseño e implementación. De ello se culpó a los expresidentes Michelle Bachelet –que emprendió el proyecto– y Ricardo Lagos, quien lo creó.  Hoy miles de personas deben hacer largas esperas para abordar camiones y el metro; de ahí el disgusto cuando el gobierno aumentó la tarifa a 30 pesos.

A las bajas pensiones y los malos servicios de salud y transporte se suma el nuevo Código de Aguas que pretende privatizar este líquido. Así lo denunciaron el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima).

Los expertos insisten en que esa norma privará a las mayorías del líquido y advierten que en Chile “no hay sequía, sino saqueo, pues es el único país que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura”.

Otro pendiente está el limitado acceso a la educación y a la movilidad social. Por ello los estudiantes exigen mejoras desde 2006 y 2011, cuando un fortalecido movimiento estudiantil obligó al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a ciertos cambios sociales.

 “Bajo en calidad, alto en segregación, alto en neoliberalismo”, es uno de las consignas más populares en las marchas actuales. Los chilenos alegan que esa segregación se evidencia en que sólo quienes pagan por la educación básica tendrán una educación universitaria de excelencia.

Desesperanzados por la percepción de un futuro sombrío, los chilenos también tomaron las calles en repudio a la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre el gobierno y la iniciativa privada.

Denunciaron que el régimen actual no pone freno al alza de precios, la evasión fiscal y los monopolios. Los recientes escándalos revelan el descrédito de las instituciones por su contubernio con el empresariado. Uno fue el alza concertada de las farmacias para elevar precios en 222 medicamentos, en particular los requeridos para atender males crónicos.

También dejó sabor amargo la revelación de que el Ejército no escapa a la corrupción, pues altos oficiales fueron procesados por malversación de fondos públicos. La fuerza policial de los Carabineros fue denunciada por fraude.

Clasismo chileno

Para describir la magnitud del clasismo cotidiano y el control preventivo de los jóvenes, el experto de CLAE, Paul Walder, alude a la iniciativa de ley que hace días aprobó la Cámara de Diputados para reducir a los 16 años el “control preventivo de la identidad” ciudadana.

Ello aumenta las atribuciones del Estado sobre los ciudadanos y “patea unas cuantas libertades y derechos” al incrementar sus facultades discriminatorias. Walder agrega que parlamentarios de derecha pretendían extender ese control a personas de 14 años.

La radiografía de la desigualdad chilena muestra que más de una generación –la crecida en barrios, villas y poblados excluidos– será caracterizada como delincuente. La discriminación y la exclusión están detrás de esa iniciativa para reprimir a los jóvenes de 16 años, señala el experto del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

Desde el inicio de la actual Santiago es una ciudad sitiada. Sin embargo, miles de manifestantes han dado un giro a la geografía de su protesta; aunque siguen en las vías principales, hay caravanas que se detienen frente a la Escuela Militar y otras que marchan hacia el barrio financiero. Tienen claro que su protesta debe ir adonde está el poder económico.

Es indudable que esa estrategia funcionó, pues la bolsa de Santiago cayó más de cinco por ciento. En un día se esfumaron más de siete mil millones de dólares de esos activos mientras el peso sufría una fuerte devaluación frente al dólar.