En los últimos días se ha desencadenado una serie de inconformidades y denuncias contra lo que pedagogos, catedráticos y organizaciones magisteriales y de padres de familia consideran una inaceptable imposición del gobierno de la “Cuarta Transformación”: la impresión de los nuevos libros de texto gratuitos, con sus contenidos modificados por tener un carácter “neoliberal” y “neoporfirista”, según Andrés Manuel López Obrador, para ser sustituidos por contenidos con “enfoque humanista”. La difusión nacional de estas denuncias ha corrido a cargo del propio Presidente, quien haciendo uso de todos los medios a su disposición ha desacreditado las opiniones contrarias.

Voces autorizadas en el tema consideran que la modificación y entrega de los nuevos libros de texto a millones de alumnos de nivel básico, a partir del 28 de este mes, representa un grave retroceso en el sistema educativo; señalan que no se respetaron los procesos jurídicos y pedagógicos en la preparación y el rediseño; que no se consultó a especialistas en educación, pedagogos, docentes y padres de familia, es decir, que se trata de una acción autoritaria, antidemocrática y con claro sesgo político-electoral.

Se denuncia, también, que a las reuniones convocadas por la Secretaría de Educación Pública para la discusión del proyecto solo acudieron pequeños grupos de simpatizantes del gobierno morenista y de su propuesta educativa; que existen graves fallas en los contenidos, por ejemplo, la supresión de materias esenciales como las matemáticas y la literatura; y que son evidentes el uso político, partidista de los textos, la enseñanza dogmática y la modificación de la historia de México en su etapa más reciente en beneficio del Presidente y el partido oficial.

En resumen, aseguran expertos cuyas opiniones recoge esta semana nuestro Reporte Especial, las promesas de una educación inclusiva, científica, igualitaria y humanista se esfumaron con la impresión de los nuevos libros de texto.

Las protestas de maestros y padres de familia en contra de esta imposición, realizadas en febrero de 2022, no tuvieron ningún efecto en el ánimo del Gobierno Federal, que se negó a escucharlos y, ahora, desacata el mandato judicial que, en respuesta a múltiples solicitudes de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó suspender la impresión hasta que el contenido de los libros esté apegado a la ley y garantice la educación integral y de calidad de los estudiantes de enseñanza básica. Pero el Presidente, sordo a todos los argumentos en contra, decidió seguir su plan y los libros ya están listos para su reparto, que se realizará en el plazo anunciado.