El 30 de abril de 2025, el Senado de la República aprobó la Nueva Ley de Armas y Explosivos, previamente avalada por la Cámara de Diputados. Todas las bancadas, de Morena y de la oposición, se unieron, esto significa que hay temas en los que no existe diferencia entre partidos; y según analistas consultados, los consorcios armamentistas estadounidenses están de plácemes porque esta ley favorece el tráfico legal de armamento; su negocio es el de las armas, que reparten en todo el mundo, es decir, reparten muerte mientras se embolsan billones de dólares.

Esta ley fue impulsada durante el “primer piso” de la “Cuarta Transformación” (4T); y a decir de investigadores y especialistas en derecho, adolece de serias deficiencias y encierra graves peligros para la sociedad mexicana. Éste es el tema que trata hoy nuestro Reporte Especial.

La primera característica negativa que señalan es que todo lo referente a la producción y comercialización de armamento quedó bajo la supervisión militar, cuyo mando principal es la Secretaría de la Defensa Nacional; no intervendrá institución civil alguna, no habrá rendición de cuentas ni transparencia en la operación. Esto habla de un control “casi” absoluto del Ejército en lo referente al armamento, su producción y comercialización… casi, porque hay que recordar que la jefa suprema de las Fuerzas Armadas es la Presidenta de la República, es decir, la jefa del Ejecutivo Federal. Quienes combaten el militarismo se preocupan por el aumento de poder político en manos del sector militar y advierten sobre los riesgos que contiene esta Nueva Ley.

Otra importante deficiencia es la falta de una estrategia para combatir el creciente tráfico ilegal de armas en el país, fenómeno íntimamente ligado a la violencia armada en general, cuyas cifras ya superan a las de gobiernos anteriores; por ejemplo, en la administración de AMLO hubo el doble de homicidios que en el sexenio de Felipe Calderón, alcanzando la cifra de 200 mil.

Expertos en el tema señalan el preocupante peligro de la proliferación de armas, que provocará un aumento en la criminalidad y el regreso a situaciones ya superadas (cuando menos en parte) en el país: en la historia de México, la portación de armas por parte de funcionarios encargados de aplicar la ley ocasionó más injusticias, prepotencia y abuso de autoridad, situación que podría resurgir con la Nueva Ley.