El programa La Escuela es Nuestra, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dispone este año de un presupuesto de 22 mil millones de pesos (mdp) que son distribuidos en tarjetas bancarias a los padres de familia de educación básica, a quienes se advierte que el dinero es aportado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que pronto “habrá más”, siempre y cuando sigan “apoyando”.

El programa incluye, en su primera etapa, 25 mil 236 Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) –así designa ahora la SEP a las asociaciones de padres de familia– y su intención clientelar, con miras a las elecciones federales y locales de 2021, se ha evidenciado por la propia SEP con la entrega “agilizada” de las tarjetas, pese al confinamiento social impuesto por la pandemia del Covid-19.

El programa La Escuela es Nuestra fue activado en Puebla durante octubre del año pasado por AMLO, cuando lo calificó como uno “de los mejores programas de su gobierno”. Previamente había eliminado a la dependencia encargada de la infraestructura educativa nacional con el argumento de que en ella prevalecía la corrupción y para justificar su decisión de poner en manos de los padres de familia las obras de infraestructura escolar.

“Estoy seguro de que los padres de familia cuidarán mucho esos recursos y van a rendir mucho más que si se manejan por las instancias de gobierno o contratistas. Esto significa que gobernemos todos, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que todos apoyemos y que esos fondos se manejen con honradez para que se mejoren las escuelas donde estudian los niños”, declaró en aquella ocasión ante el secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma Barragán y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

De acuerdo con los lineamientos del programa, los CEAP, que ya estarían integrados desde noviembre de 2019, recibirían también la primera parte de los fondos, pero no ocurrió así. Fue hasta marzo y abril cuando los “facilitadores autorizados” o “asesores” designados por la SEP convocaron a través de los directores, a los padres de familia que acudieran a las escuelas para conformar los comités. Posteriormente, dejaron fuera de su integración a los directores escolares.

La directora de una secundaria de la capital poblana –cuyo nombre se omite por razones obvias– denunció varias de las irregularidades en que incurrieron los “asesores” que en esa zona escolar integraron 10 CEAPs de primarias y secundarias. Entre ellos destaca la exclusión de maestros, directivos y alumnos (a partir del cuarto año de primaria), pese a que el reglamento estipula su participación para evitar actos de corrupción.

En esa área escolar, los “asesores” dieron instrucciones precisas de que únicamente los padres de familia integrarían los comités que, a partir de la actual administración federal, se harán cargo de las obras físicas en los centros escolares, las mismas que anteriormente estuvieron a cargo del desaparecido Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

De acuerdo con el enfoque de la entrevistada, el principal riesgo que se corre dejando las obras de infraestructura escolar en manos de los CEAPs, reside en que no existe ninguna garantía de que los padres de familia se responsabilicen de las construcciones una vez que sean concluidas.

Sin embargo, la propia SEP afirma que la responsabilidad de las escuelas recae en sus directores, pese a que a éstos se les excluye de participar en los proyectos, desarrollo y conclusión de las obras.

“Definitivamente para los directores es nula nuestra voz y voto. Entonces no nos toman en cuenta; los asesores mencionan que los padres de familia tienen que ver las necesidades de las escuelas, y a su vez son los que están al frente del proyecto de construcción, o de lo se vaya a realizar en cada una de las ellas, sin tomar en cuenta a los directores”, comentó la declarante, quien tiene a su cargo una secundaria técnica con cerca de 300 alumnos.

Todo opaco, menos el objetivo electorero

En la institución que dirige nuestra interlocutora, el CEAP recibió en marzo la Tarjeta del Bienestar, de la que sus integrantes podrán retirar la primera parte de los recursos. Están por confirmarles un segundo depósito por un total de 500 mil pesos para financiar dos obras: la construcción de una parte de la barda perimetral y el techado de la cancha deportiva.

Cuando se inició la pandemia, los directores recibieron la notificación de que su escuela sería beneficiaria del programa La Escuela es Nuestra y que los “asesores” convocarían a los padres de familia para integrar los CEAPs. Éstos deben ser encabezados por un presidente, un tesorero, un secretario y secretaria y tres vocales, electos entre padres de familia, maestros, directores y alumnos, pero los tres fueron excluidos.

El comité, “asesorado” por los “facilitadores autorizados”, será el que elabore el proyecto, busque y contrate al constructor o empresa, realice los pagos, compruebe gastos, supervise y entregue la obra ya concluida. Es decir, no tendrá que licitar las obras.

De este modo, los padres de familia manejarán recursos por varias decenas de miles de pesos. Se preguntó a la directora: ¿un comité puede disponer de 50 mil pesos para el mantenimiento de un aula o más? Su respuesta fue afirmativa.

Sin embargo, en el funcionamiento del programa La Escuela es Nuestra no todo es difuso u opaco, pues en las frecuentes reuniones de los comités de padres de familia y los “asesores” de los CEAPs –afirma la entrevistada– se habla de política y, en especial, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de AMLO.

“Se aprovecha para hablar un poco acerca de Morena, induciendo que ahora con la contingencia sanitaria había un registro de personas, un padrón de apoyos, que les iba a dar el partido; esto induciéndolos a que en un futuro formaran parte de este padrón, para que, en posteriores elecciones, nuevamente vuelvan a votar por Morena”.

Incluso se invitó a los padres de familia a que “ayudaran a seguir sacando registros, listas de personas de sus colonias donde habitan para que se les diera un recurso o apoyos que maneja Morena, pero en función de las próximas elecciones para que prácticamente voten por Morena”, refirió la directora.

Por ello, en todo momento, los “asesores” y los padres de familia que simpatizan con el partido en el poder insisten en que los recursos destinados a las escuelas –así como los de otros programas– son entregados por el gobierno de AMLO y destacan que “el partido Morena es el que los está dando, sabiendo que efectivamente este condicionamiento fomenta el voto hacia Morena. Eso es lo que sucede en las escuelas de la capital poblana, donde quienes andan haciendo trámites en el programa La Escuela es Nuestra son inducidos para que en las futuras elecciones voten a favor del partido Morena”, reitera nuestra informante.

Por ahora, solo 25 mil 236 CEAPs reciben apoyos pero, de acuerdo con información oficial de la SEP, en breve serán 103 mil escuelas y al final de 2020 serán en total 170 mil centros escolares de nivel básico.

De vuelta al problema de la opacidad en que se aplica el programa, la directora destaca que los dirigentes de los comités pueden incurrir en todo tipo de actos de corrupción, incluido el del nepotismo, pues “pueden darle la obra a un conocido, por compadrazgo, a un familiar; le pueden dar a una persona que a la mejor no tiene capacidad técnica o profesional, ni calidad moral.

“Por eso decimos que no es lo mismo que el padre de familia busque a cinco o 10 albañiles, a que la SEP realice la construcción, que era la que se dedicaba a las construcciones y asigne la obra a una empresa; existe una mayor seguridad y responsabilidad; desgraciadamente, cuando hay dinero de por medio, se presentan muchas situaciones”, insistió la maestra.

De ahí la preocupación de la docente de que el fenómeno se repita en las miles de escuelas. De antemano, desconoce quién realizará las dos obras en su escuela, porque “no somos tomados en cuenta para nada”.

Elegidas al azar y sin proyectos

En palabras del Presidente: “las escuelas del país van a tener su presupuesto y cada escuela va a manejar sus recursos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las aulas”. En esta primera etapa serían las instituciones más pobres de México, las abandonadas y las de difícil acceso, como ocurre en el caso de las ubicadas en las comunidades indígenas.

Según la SEP, los montos se asignarán de acuerdo con el número de alumnos de las escuelas. Las que tengan menos de 50 reciben 150 mil pesos; de 51 a 150 alumnos, 200 mil pesos y las que tengan más de 150 disponen de 500 mil pesos. El programa nada dice de las instituciones que necesitan más aulas, laboratorios, bibliotecas, etc., ni mucho menos de las comunidades donde falta edificar un centro escolar.

Pero, eso sí, el secretario de Educación confió en que el programa La Escuela es Nuestra se regirá por los principios morales del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T): “Cero corrupción, austeridad, democracia participativa, valores éticos de nuestro pueblo mexicano y la base fundamental de primero los pobres”.

Pero en Puebla, ninguno de estos principios se aplica, ya que las escuelas beneficiadas fueron elegidas por los “asesores”; algunas no requerían obras de infraestructura y fueron excluidas las que necesitan apoyo gubernamental con urgencia, y la agilización en la entrega de las Tarjetas del Bienestar se efectúa con criterios de manifiesta intención clientelar y electorera.

Respecto a este problema, en algunas entidades de la República, los padres de familia han demandado transparencia y claridad en el manejo de los recursos de La Escuela es Nuestra. Por ejemplo, padres de familia de la secundaria Saturnino Gómez Sosa, en el municipio de Ticul, Yucatán, protestaron a mediados de mayo porque se les asignaron 500 mil pesos para el mantenimiento de la escuela y las reuniones para conformar el CEAP se realizaron “a escondidas”.

Según los quejosos, “en esas reuniones privadas ya empezaron a ver cómo justificar ciertos gastos; tampoco se informó qué empresa realizará los trabajos de mantenimiento y no se sabe si se llevarán a concurso”, reportó el Diario de Yucatán.

Del total de las 243 mil 480 escuelas públicas de educación básica (primeras y secundarias y media superior), solo 170 mil están contempladas en el programa La Escuela es Nuestra.

Morena eliminó el Inifed

La desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo descentralizado de la SEP encargado de realizar construcciones escolares, revisar y certificar la calidad de las obras de infraestructura escolar fue aprobada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados el 25 de septiembre de 2019 mediante una reforma a la Ley de Educación.

Esa institución contaba con el Programa Nacional de Certificación que, a través de la certificación de la Infraestructura Física Educativa evaluaba las obras en las escuelas públicas y privada, además de que establecía los “estándares claros y rigurosos a nivel nacional con el fin de alcanzar una normalización única y homogénea que atienda la diversidad cultural, regional, ambiental, climatológica con criterios y principios rectores en materia de calidad de los muebles e inmuebles”.

Con su desaparición, todo esto quedó atrás y ahora se desconoce si las obras de construcción de los centros escolares tienen la seguridad y la calidad constructiva necesarias, dejando en manos de los padres de familia esa responsabilidad, como lo determinó AMLO.

Al respecto, la organización no gubernamental Red Educación de Derechos –integrado por académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITM), la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)– mostró su preocupación por la entrega de las responsabilidades que antes tenía el Inifed a los padres de familia.

“Solo los especialistas, ingenieros y arquitectos tienen las competencias técnicas necesarias para asegurar que la construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones educativas cuenten con la calidad necesarias para garantizar la seguridad, salud e higiene de los usuarios finales. No es un asunto de clientelas políticas”, suscribieron en un comunicado los académicos.

Advirtieron que los comités escolares no están facultados para emitir normas y especificaciones técnicas de proyectos, obras e instalaciones; crear permanentemente un sistema de monitoreo a las construcciones; formular y proponer proyectos de inversión, así como supervisión de las obras y coordinar las actividades derivadas de prevención y atención de daños causados a las escuelas por desastres naturales, tecnológicos o humanos.

Carlos Ornelas, columnista en temas educativos en el diario Excélsior escribió, días después de la activación del plan lopezobradorista: “no hay garantía de que con ese programa se acabe la corrupción y el burocratismo. Los CEAPs tendrán que llenar muchos papeles que la burocracia central revisará. Pero si funciona con cierta eficacia le hará bien país, si no, otra expectativa frustrada”.

Meses antes, el propio Ornelas había llamado error histórico a la eliminación de las guarderías infantiles y aseveró que el objetivo de desaparecer la construcción de escuelas bajo normas institucionales era evidentemente político: “conseguir votos”.