El recorte del 7.3 por ciento que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplicó a las aportaciones federales de Jalisco en 2021 –equivalente a nueve mil 226 millones de pesos (mdp)– es considerado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, académicos universitarios y dirigentes sociales, como un perverso acto de “venganza políticaˮ contra la entidad debido a que el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, forma parte del grupo de gobernadores que, en 2020, exigió un nuevo Pacto Fiscal.

El propio Alfaro Ramírez, quien milita en el Partido Movimiento Ciudadano (MC), calificó como “traidores a Jalisco” a los diputados federales jaliscienses del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que votaron a favor de esa reducción porque privilegiaron su obediencia a AMLO y su partido, y se olvidaron de que la falta de ese dinero impedirá la conclusión o el inicio de obras públicas de beneficio común para miles de ciudadanos pobres en el estado.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se precisan los recortes aplicados a los distintos rubros del Ramo 28 (participaciones), entre los que destacan las reducciones al Fondo Metropolitano, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi) y el Fondo para Infraestructura Carretera Federal (FICF), así como otras partidas y subsidios destinados a los servicios educativos, culturales y sociales.

“Cuando hacemos la suma de todo, el número que da la reducción presupuestal es de nueve mil 226 millones de pesos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y el presupuesto de los jaliscienses. Éste es el tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena. Éste es el tamaño de traición que cometieron contra Jalisco. Ésta es la realidad que no quieren ver; éstos son los números con documentos de lo que ellos votaron y que soportan nuestro dicho”, aseguró el mandatario cuando se aprobó el PEF 2021.

Alfaro Ramírez denunció el desconocimiento de los legisladores federales morenistas de Jalisco, quienes no aplicaron el criterio de la inflación en la definición del presupuesto de su entidad para 2021, en el que debieron considerar el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB) con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ese factor, sostuvo, fue del 3.4 por ciento. “No solo fueron traidores, sino que, además, demostraron su profunda ignorancia”, puntualizó.

El gobernador aclaró que, en el Ramo 28, la reducción fue de cuatro mil 18 mdp; en el Ramo 33, de 589 mdp y en el Ramo 23, que incluye los fondos Metropolitano, Regional y de Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad, fue absoluto porque se le quitaron los 17 mdp que tuvo en 2020. En la misma situación quedó el Insabi-Jalisco, que el año pasado recibió dos mil 86 mdp y en 2021 no dispondrá de éstos porque el PEF 2021 los incluyó en una bolsa general que no es distribuible geográficamente en los municipios.

La Universidad de Guadalajara (UdG) tendrá una aportación federal de 24 mdp, 0.3 por ciento menos; el FICF, que se utiliza para la construcción y conservación de vías, en 2020 recibió mil 88 mdp; pero hasta ahora no dispone de ninguna porque ahora deberá proveerse de la bolsa federal de ocho mil mdp, creada por el Gobierno Federal. En la partida 43801, destinada a programas específicos de deporte, salud, discapacidad, vigilancia epidemiológica, medio ambiente, perspectiva de género, y que dispuso de un monto de 420 mdp, en 2021 solo dispondrá de 11.3 mdp.

Un reclamo generalizado en Jalisco

Estos recortes y la eliminación de los fideicomisos provocaron rechazos y opiniones en las instituciones públicas, educativas y sociales con mayor capacidad de análisis político. El rector de la UdG, Ricardo Villanueva Lomelí, advirtió que la educación superior pública en México está padeciendo la mayor reducción presupuestal de su historia reciente, pues en los últimos cinco años se le han recortado 15 mil mdp y que con la practicada en este año llegará a 18 mil millones.

Explica que mientras otras universidades estatales disponen de un presupuesto de 79 mil pesos por alumno, la UdG solo destina 20 mil pesos por estudiante. El presupuesto de ésta debería ser de 13 mil 332 mdp en 2021, pero solo contará con 12 mil 558 mdp, por lo que tendrá déficit de mil 423 mdp.

“Y en estos últimos 25 años, a pesar de tener ese presupuesto, la UdG pasó de estar en ocho municipios del estado, para cubrir los 125 municipios; cosa que no pasa en ningún otro estado de la República. Tenemos los mejores indicadores de calidad y cobertura con el presupuesto federal por alumno más bajo del país. Entonces me pregunto: ¿Por qué ese trato? ¿Por qué tanto desprecio?”. 

El magistrado Ricardo Suro Estévez, presidente del Poder Judicial local, sostuvo que los recortes ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de justicia penal y la reforma laboral; y la diputada local, presidenta del Congreso de Jalisco, Sofía García Mosqueda, denunció que la reducción presupuestal provocará la desaparición de programas sociales destinados a prevenir y proteger a las mujeres contra la violencia de género.

En representación de los municipios del Estado, Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, lamentó la desaparición del Ramo 15, cuyos fondos se destinaban al rescate de espacios públicos; del Ramo 33, para financiar infraestructura urbana; del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), con el que se adquirían equipos de seguridad pública; del Fondo Metropolitano (FM) y del Fideicomiso contra los Desastres Naturales (Fonden).

“Nos dejan a merced del cortoplacismo y la discrecionalidad, ya que se abandonan a los municipios”, denunció Del Toro, aludiendo a los legisladores federales de Morena y del Gobierno Federal de la llamada “Cuarta Transformación” (4T).

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco, Carlos del Río Madrigal, abundó en que el PEF 2021 solo contempla 12 proyectos de inversiones federales por 664 mdp en Jalisco, la mayoría dedicados a rehabilitar y dar mantenimiento a clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“En este presupuesto, la delegación Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no aparece. Creemos que se trata de un error, ya que en 2020, la SCT tenía asignados mil mdp para Jalisco”, precisó el empresario, quien reveló que en 2020, la CMIC presentó a los gobiernos estatal y Federal cinco proyectos de infraestructura necesarios para su desarrollo, que servirían para mitigar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia y que requieren una inversión federal de 33 mil mdp.

Se trata de la Línea 4 del tren ligero; la ampliación de los accesos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara; el acotamiento ferroviario Guadalajara-Aguascalientes y la complementación de dos obras viales que la SCT tiene pendientes. Del Río Madrigal explicó que Jalisco se halla entre las cinco entidades con mayor reducción presupuestal, pese a que es el tercer estado con mayor aportación al PIB nacional.

“Jalisco y todos los estados deben recibir un mejor trato presupuestal para 2021. Como el tercer estado que más aporta al PIB nacional y uno de los más importantes en la generación de empleo en nuestro país, Jalisco no puede recibir solo el 0.5 por ciento del presupuesto de inversión pública federal del próximo año”, enfatizó.

La venganza política de AMLO y Morena

El coordinador del Grupo Parlamentario del MC, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó que en el PEF 2021 contrasta notoriamente la reducción de recursos a Jalisco con el aumento presupuestal de 18 estados de la República respecto a sus gastos de 2021. Bravo citó los casos de Baja California Sur que recibirá 3.2 por ciento más, y Baja California tres, Tamaulipas 2.7 y San Luis Potosí 2.5 por ciento.

“MC rechaza que en el PEF 2021 se imponga un recorte real de 7.3 por ciento al estado de Jalisco en su gasto federalizado de participaciones y aportaciones, pues esto representa una pérdida de nueve mil 292 mdp, respecto a lo aprobado en 2020. Con ello, el Gobierno Federal solo demuestra su desdén al desarrollo regional”, precisó, destacando, además, la ausencia de proyectos de inversión en carreteras, vías ferroviarias e infraestructura rural.

También lamentó la reducción del 19 por ciento el presupuesto del programa de adquisiciones al IMSS y la eliminación de los programas de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, salud materna, sexual y reproductiva. En contraste, apuntó, “observamos con preocupación la centralización del programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento que, aunque etiqueta 78 mdp, prevé que el gobierno de Jalisco pierda el control sobre la administración y ejercicio de estos recursos”.

El PEF 2021 tampoco destina presupuesto a proyectos prioritarios en la entidad como la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Peribús. Para la presa El Zapotillo, que se construye con el estado de Guanajuato, solo se asignaron 300 mdp.

Para la cartera de proyectos etiquetados de Jalisco, el PEF 2021 solo considera 15.7 mdp, cifra 95 por ciento inferior a los 297 mdp que éstos tuvieron en 2020; además de que no se contempló un solo peso para las empresas productivas del Estado. En la misma situación se hallan el Seguro Médico XXI y los programas para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, Aseguramiento Agropecuario, Apoyo al Empleo, Apoyo a la Educación Indígena y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.

Bravo Padilla afirmó que estas reducciones presupuestales son inexplicables, ya que Jalisco, a pesar de la crisis sanitaria y económica, presentó una tasa de desocupación menor al promedio nacional del 4.6 por ciento reportado en julio de 2020, y tuvo un incremento del 0.02 por ciento en su actividad económica durante el cuarto trimestre de 2019 con respecto al cuarto trimestre de 2018, cifras que lo ubican entre las 10 entidades federativas con las mejores variables económicas positivas.

“Para el MC, la reducción presupuestal a proyectos regionales no es asunto exclusivo de una entidad; es un recorte generalizado a nivel nacional, que refleja la visión centralista de esta administración para concentrar el dinero en la Federación”, concluyó.

El recorte de recursos financieros se produce cuando, por el contrario, debieron ampliarse aquellos para reactivar la economía nacional, afirmó la doctora Nancy García Vázquez, investigadora del Departamento de Políticas Públicas, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdG e integrante del Comité de Participación Social, del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

La especialista explicó que la reducción presupuestal puede explicarse, en parte, por una baja recaudación fiscal generada debido al confinamiento propiciado por el Covid-19 y el agravamiento de la crisis económica iniciada en 2019. Sin embargo, ambas crisis plantean la necesidad de reactivar la economía mediante un aumento en el gasto público Federal, estatal y municipal.

Si continúa la tendencia de disminuir los recursos, bajará la capacidad de los municipios y de los estados para enfrentar las obligaciones en servicios públicos y de pago de deuda. “La cosa no está tan grave todavía porque, en octubre de este año, se aprobó un par de reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios”, pero es indispensable modificar esas políticas.

García Vázquez explicó que, con esta reforma, la Cámara de Diputados federal flexibilizó la contratación de deuda en montos, plazos y amortizaciones; pero no consideró que, con ello, desprotegía el gasto público de las tres instancias de gobierno, pero de un modo más acusado a estados y municipios. “Es muy perverso, desde mi punto de vista, que por un lado les recortan el gasto a estados y municipios, y por otro lado les dicen: “endéudense”. En el contexto de un año electoral, esto es muy peligroso para las finanzas públicas”, subrayó.

La eliminación de una de las cláusulas de la Ley de Disciplina Financiera, que obligaba a los congresos estatales a aprobar los proyectos de deuda locales, además de recibir el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, puede provocar que muchos municipios del país reporten deudas demasiado altas en la segunda mitad del sexenio y que su gasto, en lugar de aplicarse a los servicios públicos, se destine a amortizar las deudas.

Este negro panorama, destacó la especialista, obligará a los alcaldes y los gobiernos estatales a reajustar algunos aspectos para mantener funcionando más o menos bien o regular los servicios públicos, o de plano declararse en quiebra para no pagar la nómina de policías y empleados municipales, como está ocurriendo desde hace más de 10 años en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Por ello, sugirió, es necesario que el Congreso estatal sirva como contrapeso para evitar que, ante el recorte de recursos, los municipios se endeuden y lleguen a la quiebra, ya que ese escenario sería “catastrófico”.

Esta situación ya está a la vista en San Gabriel, Jalisco, el pueblo natal de Juan Rulfo, donde don Ramiro Íñiguez advierte que los caminos que conectan a las rancherías asentadas en la montaña, se hallan abandonados y las personas que ahí viven apenas tienen para comer, carecen de agua potable y otros servicios básicos.